Mediante auto de apertura del pasado 8 de noviembre, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un total de $4 billones contra 34 presuntos responsables "como consecuencia de los daños generados por fallas en la planeación y ejecución del proyecto Hidroituango". Según información de la Contraloría, entre estos presuntos responsables figuran miembros de la junta directiva de Hidroituango, 3 representante legales de EPM, 2 exalcaldes de Medellín, 2 gobernadores de Antioquia y varios contratistas. Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria —gobernador electo de Antioquia— firmaron el plan de aceleramiento en las obras de Hidroituango, que terminó en la construcción de un túnel que no estaba en los diseños originales y que finalmente colapsó. También se investiga al exgobernador Luis Alfredo Ramos y al exgerente de EPM, Juan Esteban Calle. La suma del detrimento patrimonial se discriminó así: $2,9 billones debido de las mayores inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto y $1,1 billones por concepto de los recursos dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación de la hidroeléctrica en las fechas planeadas originalmente. El anuncio de esta decisión se hizo en desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del primer año gestión del Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte. Destrucción de valor de la inversión La Contraloría considera, con base en el Informe de Actuación Especial de Control Excepcional, realizado por la Contraloría Delegada de Minas y Energía, y las pruebas allegadas con el mismo, que las mayores inversiones realizadas en Hidroituango "no se encuentran justificadas", pues obedecieron a la necesidad de atender situaciones que se presentaron como consecuencia de graves problemas en la planeación y en la ejecución del proyecto, atribuibles a la improvisación y a la falta de seguimiento y control de los vinculados en calidad de presuntos responsables.
Para el organismo de control, la situación descrita llevó además a que a la fecha la hidroeléctrica no esté produciendo ni 1 solo KW de energía. Esas mayores inversiones no justificadas destruyeron el valor del proyecto, tal y como fue concebido desde su línea de base, generando de esta forma un daño al patrimonio del Estado en la modalidad de menoscabo o pérdida por $2,9 billones. Lucro cesante por la no entrada en operación A su vez, como consecuencia de la no entrada en operación de la hidroeléctrica, por los aumentos injustificados del cronograma de obras, que obedecieron a problemas de planeación y errores constructivos, se generó un daño al patrimonio del Estado en la modalidad de menoscabo, toda vez que se dejaron de percibir los recursos que se esperaban por la entrada en operación del proyecto $1,1 billones. ¿Qué sigue? Tras culminar el respectivo proceso de notificación de este auto de apertura, el despacho de la Contralora Delegada Intersectorial No. 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR procederá a citar a versión libre a los presuntos responsables y decretará y practicará las pruebas a que haya lugar. Después de este trámite, la CGR procederá a tomar la decisión que en derecho corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 610 de 2000 (archivar o imputar).