La agenda del Gobierno en el Legislativo era una antes de la pandemia y es otra hoy, cuando el país completa más de un mes en aislamiento nacional obligatorio. Además, los parlamentarios apenas reactivaron sus sesiones formales hace unos días, luego de ires y venires jurídicos sobre si podían sesionar remotamente. Hoy, incluso, esta discusión no está del todo zanjada, pero está claro que en este momento el debate gira alrededor del coronavirus. Lidio García y Carlos Cuenca, presidentes del Senado y la Cámara, respectivamente, han dado los primeros pasos para hacer realidad el Congreso virtual. Pero algunos legisladores no están cómodos con este cambio y piden que, por lo menos, haya sesiones mixtas. Mientras el lío jurídico queda resuelto, los Ministerios del Interior y de Hacienda trabajan a pleno para definir la nueva agenda económica del gobierno nacional para lo que resta de año.
Mes y medio La emergencia desplazó los planes iniciales y tiene de un hilo varias iniciativas de alto revuelo. Entre estas se encuentran la prima adicional a la canasta familiar, el proyecto de pago a plazos justos entre empresas e incluso la conciliación de los pliegos tipo. Las dos primeras aún están pendientes de dos debates, pero solo tienen hasta el 20 de junio para pasar, so pena de hundirse y tener que recomenzar su trámite. El caso de la prima adicional, que propone el senador Álvaro Uribe, es aún más complejo. Y, si bien el presidente Iván Duque le dio su bendición a finales del año pasado, el Ministerio de Hacienda sigue manteniendo sus reservas. En un concepto, la cartera solicita revisar con lupa la conveniencia de la iniciativa. "Si bien pueden representar beneficios para la población destinataria, podría ir en contra del impulso de la reactivación económica por la que viene abogando este Gobierno”, afirma. El documento fue enviado a inicios de marzo pasado, es decir, días antes de que estallara la crisis económica actual. Por eso, si en ese momento no era viable, actualmente es casi imposible que salga adelante. Nueva legislatura Así las cosas, la legislatura que termina el 20 de junio ya se da por descontada por muchos congresistas. Afirman que los platos fuertes de este año quedarán para el segundo semestre. Esto sucederá a partir del 20 de julio, cuando el país entre de lleno a discutir el Presupuesto General de la Nación de 2021, que tendrá fuerte recortes en algunos sectores, debido al coletazo de la pandemia y del desplome de los precios del petróleo. Y, hablando de crudo, las carteras de Minas e Interior trabajan contrarreloj para tener aprobada, antes del 30 de agosto, la ley reglamentaria del nuevo Sistema General de Regalías (SGR). Esta norma es vital para incorporar en el presupuesto bianual de 2021 y 2022 los cambios aprobados el año pasado, que incluyen más recursos para las regiones productoras de hidrocarburos.
Sin embargo, la ministra del Interior, Alicia Arango, aseguró que su trámite depende de una consulta previa que está en veremos por cuenta de la pandemia. Para el representante Erasmo Zuleta, miembro de las comisiones económicas, tanto el presupuesto general de 2021 como la reglamentación del SGR tendrán ajustes importantes. En efecto, los menores ingresos por impuestos y las nuevas necesidades de gasto social requerirán un revolcón fiscal para este y el próximo año. ¿Qué queda y qué no? Con este apretado panorama queda la duda de si el Gobierno presentará en el segundo semestre las reformas de protección a la vejez y la laboral, que tanta expectativa generan en los colombianos. En el Ministerio de Hacienda todavía ven con buenos ojos tramitar, por lo menos, la pensional en el segundo semestre. Esto sobre todo por la fuerte apuesta que Duque y su equipo han hecho en este tema. De otro lado, esta cartera podría darle rienda suelta a la reforma al mercado de capitales, mientras que el Ministerio del Interior tendría en su ‘top’ de proyectos la reforma a las consultas previas, que se viene discutiendo desde el gobierno anterior, pero siguen en veremos. Teniendo en cuenta todo esto, tres proyectos claves podrían quedar en el tintero. El primero sería la ley de crecimiento verde, que pretende poner impuestos más duros a quienes contaminen y aumentar los ingresos fiscales para proteger el medioambiente.
La segunda sería una reforma tributaria territorial que desde el año pasado, estudia una comisión de expertos conformada por el Gobierno. La idea es mejorar los ingresos de departamentos y municipios y debería estar lista a mediados de este año. Pero eso no le garantiza su trámite en el Congreso Y, finalmente, está la regulación laboral de quienes trabajan con las plataformas tecnológicas. Por mandato del Plan de Desarrollo, esta debe presentarse a finales del próximo mes, pero, debido a la coyuntura de la covid-19, no es seguro que tenga un trámite fluido en el Legislativo. En el Congreso aún quedan más dudas que certezas sobre qué leyes considerará este año, pues –por ahora y durante varios meses– el coronavirus seguirá al frente de los debates.