Hace un par de semanas hubo una polémica en el país por la propuesta del senador cristiano John Milton Rodríguez de ofrecer un subsidio a las madres que resultaron embarazadas como resultado de una violación, con el fin de evitar que terminaran abortando. En conversación con Dinero, el congresista señaló que este proyecto de ley lo que busca es “brindar atención y acompañamiento a la mujer que se encuentre en estado de embarazo como consecuencia de un abuso sexual”. Lea también: Avianca justificó bonos por más de US$7 millones a altos ejecutivos Rodríguez indicó que el Estado será garante de este seguimiento en su acompañamiento y protección, siempre que pase el proyecto, que además busca que el proceso se realice a través de las entidades correspondientes durante el embarazo y hasta un año después del nacimiento del bebé, así como ofrecer apoyo psicológico, médico y económico. Sin embargo, queda la duda de qué pasa después del año en que terminen los apoyos del Estado. El congresista manifestó que en esta situación existe la opción de la adopción, en caso de no querer o poder tenerlo, pues, según comentó, el argumento no puede ser “mejor abortar al bebé, porque después del año no hay cómo mantenerlo”. "No solo se pretende entregar una suma de dinero, sino una ayuda integral por parte del Estado que le restituye derechos a nivel de educación, trabajo, salud física y mental, que en todo caso la ayudará para atender las necesidades propias del embarazo", explicó el senador de Colombia Justa y Libre. Al ser consultado sobre si esta posición privilegiaba las convicciones religiosas sobre el Estado de derecho, Rodríguez manifestó que "el debate no es religioso, es de política pública en atención y protección de la vida del que está por nacer y de su progenitora". Dinero conversó con el colectivo feminista Viejas Verdes para conocer su opinión sobre el tema. De acuerdo con esta organización, la propuesta es "una estrategia más para coartar la libertad y autonomía de las mujeres y que es una manipulación de unas necesidades que deberían, de todas formas, ser atendidas por el Estado con iniciativas como la de la renta universal". En este sentido, señalan que las mujeres no deberían tener que parir hijos, además no deseados, para tener acceso a recursos que les permitan vivir una vida digna. "Esa dignidad debe ser inalienable y garantizable más allá de la maternidad", explicaron. Por otra parte, la asesora Legal del Centro de Derechos Reproductivos (Repro), Cristina Rosero Arteaga, indicó que en opinión de la organización "no existe pago alguno que compense los graves daños que puede sufrir una niña, adolescente o mujer que es víctima de violencia sexual y mucho menos aquellas que resultan embarazadas y son obligadas a llevar el embarazo y asumir la maternidad”. En este sentido, la experta considera que lo que se debe hacer es reconocer los derechos de las mujeres a partir de entender que son personas autónomas, con capacidad de decisión y, reconociendo la legislación actual, permitirles decidir, lo cual es la mejor política posible en estos casos. La propuesta del Centro Democrático Otra de las polémicas que se generó hace unos meses fue la propuesta, que finalmente no se presentó, sobre la posibilidad de contar con la opinión del padre antes de realizar un aborto. Esto luego del caso de un hombre que denunció a su pareja por realizar este procedimiento con siete meses de gestación. La senadora María del Rosario Guerra, a quien se le atribuyó la iniciativa, desmintió que haya radicado un proyecto en este sentido. Sin embargo, aseguró que “la vida del no nacido está protegida por la Constitución, los derechos del niño y también por el Código de Infancia y Adolescencia”, por lo cual, en su momento, manifestó que presentará un proyecto para que causales como la salud mental no estén amparadas en los tres casos de aborto permitidos por la Corte Constitucional. Lea también: Se acaba el ‘pico y cédula‘ en Bogotá y comercio tendrá nuevos horarios Al ser consultada sobre el aborto, la legisladora del Centro Democrático indicó que ha sido una defensora de que "hay que proteger la vida desde la concepción", por lo que a pesar de que la ley en Colombia permite acceder a este derecho bajo tres causales (violación, riesgos para la vida de la madre y problemas psicológicos) van a trabajar desde otras perspectivas para defender el derecho de los no nacidos y evitar "feticidios". Rosero manifestó que esta propuesta es a todas luces inconstitucional, ya que la Corte Constitucional "ha dejado absolutamente claro" que las opiniones de terceros no son válidas para dejar sin efecto una decisión de la mujer. "La única voluntad importante es de la mujer". Por otra parte, la senadora explicó que trabaja en otro proyecto que busca eliminar beneficios a los violadores, pues hoy la legislación colombiana permite que cuando se cumplen 3/4 partes de la pena a la persona le pueden dar libertad condicional. Asimismo, ofrece la posibilidad de recibir una reducción de la pena si el condenado estudia o publica libros. La propuesta de Guerra es que estas personas dejen de recibir beneficios por estudio, trabajo o por publicación de libros. ¿Vulneración a los derechos adquiridos? Frente a estas iniciativas "antiderechos" la postura de las Viejas Verdes como feministas, así como la de todas las organizaciones que defienden el derecho al aborto, es la de rechazar "enfáticamente todo intento de vulnerar los derechos de las mujeres y personas gestantes y defender la autonomía para decidir sobre sus cuerpos". Para el colectivo, retroceder en materia de derechos es inconstitucional y poco viable, pero "lo que sí logra la bancada antiderechos con sus propuestas es incrementar la penalización social y el estigma que aún recae sobre el derecho al aborto y las mujeres y personas gestantes que optan por ejercer su derecho", por lo que el tema no está en desgastarse en discusiones que ya han sido resueltas por sentencias y conceptos de la Corte. Según le confirmó Guerra a este medio, hace unas semanas se radicó la conformación de una bancada provida, un grupo de congresistas que van a tener un espacio para debatir temas alrededor de la vida como "la buena nutrición de los niños, la buena atención del adulto mayor, el cuidado paliativo, no a la muerte de líderes, como no a la muerte del no nacido". En opinión del colectivo, estas propuestas restringen el derecho a elegir, tanto en el caso del aborto como en el caso de la eutanasia. "Esta arremetida de iniciativas antiderechos, muchas de ellas inconstitucionales e inviables desde su planteamiento, además de gastar futilmente recursos públicos pretende es ganar capital político", puntualizaron. En relación a esto, varias organizaciones feministas esperan encontrar el apoyo de congresistas que se identifiquen con sus ideales para que conformen una bancada proderechos de la mujer, en respuesta a estas iniciativas. Lea también: Gobierno confirmó que déficit fiscal de Colombia en 2020 será de 8,2% del PIB Para Rosero, si se habla de los últimos 14 años, lo que ha pasado en Colombia es que se han reforzado los derechos sexuales y reproductivos y cada vez hay más garantías, a pesar de los intentos por retroceder en estos aspectos, por lo que considera que en vez de este tipo de propuestas lo que se debería hacer es trabajar para proteger a las víctimas de violencia sexual para que no tengan que asumir embarazos forzados y generar cambios para que las mujeres no estén expuestas a estas situaciones. Penalización del acoso callejero La congresista Katherine Miranda presentó un proyecto para penalizar el acoso callejero, con lo cual estas personas podrían pagar penas entre dos y cuatro años. Según el proyecto, esta es "una forma de violencia cotidiana que afecta de manera particular a las mujeres" y que "se expresa en palabras, sonidos, frases que las menoscaban, roces o contactos corporales y abuso físico".