El Consejo de Estado rechazó la solicitud de medidas cautelares, presentada por el concejal y candidato a la alcaldía de Bogotá Hollman Felipe Morris Rincón. En particular, negó la solicitud de suspensión provisional de los documentos Conpes 3900 y 3945 de 2017; de las actas 40 y 41 del Consejo de Gobierno Distrital; del acuerdo 691 de 2017, expedido por el Concejo de Bogotá, y de las actas del Confis Nacional del 26 de septiembre de 2017 y 3 el agosto de 2018. El máximo tribunal administrativo tomó la decisión de desestimar la solicitud “comoquiera que no se advierte, prima facie, una vulneración del ordenamiento jurídico superior invocado por el accionante”. Igualmente, el juzgado 32 Administrativo del circuito de Bogotá rechazó la petición de medida cautelar solicitada por los representantes a la Cámara Inti Asprilla y David Ricardo Racero, a través de una acción popular.
Las medidas cautelares tenían como objeto que se ordenara suspender la Licitación Pública Internacional para la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) y el contrato de consultoría (PMO); además de que, de mantenerse el cronograma, se suspendieran “los efectos de la adjudicación y del contrato hasta tanto se emita la sentencia en este asunto”, aduciendo que los hallazgos realizados por la Contraloría Distrital de Bogotá, en su informe final de auditoría, afectaban el proceso de la Licitación Pública Internacional para la construcción y operación de la PLMB. Sin embargo, el Juez 32 Administrativo consideró que tanto la licitación pública internacional GR-LPI001-2018 como el contrato de PMO ya fueron adjudicados por lo cual “actualmente es inane el pronunciamiento en cuanto a las medidas cautelares”. En lo que corresponde al informe de la Contraloría Distrital, señala el juez que “sería prematuro determinar en este preciso momento procesal que, con base en el informe de Auditoría de Regularidad N| 67, realizado por la Contraloría Distrital, la administración está poniendo en peligro o vulnerando los derechos colectivos invocados por el actor popular, máxime porque no se ha determinado fehacientemente que en virtud del aludido informe se hayan tomado decisiones por autoridades judiciales competentes que hayan determinado la responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal de quienes integran las entidades o sociedades auditadas”. “Es una buena noticia para la ciudad, pues esta importante obra sigue su rumbo sin contratiempos” indicó la secretaria Jurídica Distrital, Dalila Hernández. “Lo más relevante es que el Distrito ha hecho las cosas bien en todo el proceso de la licitación del metro de Bogotá y las instancias judiciales han fallado a favor de la ciudad”. Por su parte, el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Andrés Escobar Uribe, celebró el resultado: “Con estas decisiones de hoy, ya son 19 acciones judiciales y tutelas, en que la justicia ha fallado en contra de quienes pretendían detener el proceso de selección del contratista que desarrollará el metro, confirmando otra vez el rigor técnico y jurídico que tuvimos en la planeación del proyecto.”