La inseguridad es un tema de creciente preocupación en el país, que se evidencia en las encuestas ciudadanas. Esto ha llevado a que sigan floreciendo los servicios de seguridad, así como el negocio de sistemas de vigilancia. Tan solo en Bogotá, 63% de los ciudadanos afirma que la inseguridad aumentó en la capital en el primer semestre de 2019, de acuerdo con la Encuesta de Percepción y Victimización. La cifra es 10 puntos mayor que la presentada en el mismo periodo de 2018. El Dane, por su parte, en la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana de 2019 muestra que 84% de los bogotanos se siente inseguro. Esto ha llevado a que cada vez más personas, empresas e incluso las mismas autoridades aumenten su presupuesto en artículos de seguridad como las cámaras de vigilancia.
Juan Carlos Ruiz, experto de la Universidad del Rosario, explica que el uso de cámaras tiene un impacto positivo en la reducción de crímenes, aunque no en la percepción de seguridad. Agrega que, por ejemplo, la difusión en redes de un video en el que se evidencie un crimen captado por estas cámaras hace que la gente se sienta más en riesgo. Pese a ello, cada vez hay más personas interesadas en utilizar las cámaras de seguridad, incluso en los espacios privados y para el comercio, formal e informal, estos productos se han convertido en un nuevo nicho de negocio. Al consultar en páginas web de grandes superficies se evidencia que una cámara de seguridad se puede conseguir desde $139.000 y hasta $1,1 millones para un sistema de 8 cámaras de vigilancia. A esto se le debe sumar el costo de instalación, pues entre más complejo es el sistema, más trabajo técnico requiere. En promedio vale $870.000 para 8 cámaras y sube a medida que aumenta el número de aparatos. Solución en camino La administración de Bogotá en su estrategia para disminuir las tasas de criminalidad también ha encontrado en las cámaras un elemento disuasorio, que además ayuda a las autoridades a encontrar y a judicializar a los culpables. La Secretaría Distrital de Seguridad, creada durante la pasada administración del alcalde Enrique Peñalosa, destinó una buena parte de su presupuesto a las cámaras de seguridad, que son más baratas que la vigilancia humana. En 2018 la Secretaría contaba con un presupuesto de $420.000 millones, que en 2019 pasó a $279.692 millones y este año será de $267.072 millones. Daniel Mejía, exsecretario de seguridad, comenta que el Distrito registró 267 cámaras en 2016 y subió a 4.800 en 2019. Añade que fueron localizadas con base en mapas de criminalidad, para que así pudieran cumplir con una mejor labor disuasoria, al igual que como prueba en diferentes casos judiciales. De hecho, gracias a las cámaras de seguridad se pudo esclarecer el feminicidio de Yuliana Samboní. Mejía sostiene, sin embargo, que las cámaras de seguridad solas no son suficientes, pues hace falta construir más estaciones de Policía (en localidades como Suba y Kennedy), al tiempo que se requiere fortalecer tecnológicamente a la Policía y a la Fiscalía para que le puedan dar un uso más eficiente a las cámaras. Esto porque de nada sirve contar con la prueba en video si no se judicializa a los culpables.
La industria de la seguridad Aunque muchas de las cámaras de seguridad pueden ser instaladas y monitoreadas por sus propietarios, la industria de vigilancia también ha crecido en este campo y ofrece servicios electrónicos y tecnológicos. En Bogotá hay 436 empresas prestadoras de estos servicios de seguridad avaladas por la Superintendencia del ramo. Estas emplean a 163.994 personas, entre escoltas, supervisores y vigilantes. Las 61 más grandes facturaron $4,8 billones en 2018, casi la mitad de los $10 billones que vende esta industria en el país y que registró un aumento anual de 11%. Orlando Clavijo, superintendente de Vigilancia, dice que su entidad no lleva estadísticas sobre las cámaras de seguridad en el país, pues el trabajo de su despacho tiene que ver con al servicio que prestan las empresas y sus empleados. De acuerdo a las normas, cuando se quiere pagar por un servicio de seguridad durante 24 horas, el costo mínimo es de 8,8 salarios mínimos al mes ($7,7 millones) y la empresa que lo provee determina con cuántas personas lo presta. A ese valor mínimo se le suman gastos que varían de acuerdo con la modalidad. Por ejemplo, para el caso de persona armada se suma 10% o persona con canino 11%. Estos costos son los que han motivado a muchos, en especial en el sector privado y en conjuntos residenciales, a reemplazar el servicio de los vigilantes por las cámaras de seguridad. Un fenómeno de reemplazo de puestos de trabajo por máquinas, que también se está dando en otros sectores. Las nuevas administraciones de las capitales, incluida Bogotá –cuyo secretario de seguridad es Hugo Acero– deberán seguir trabajando en el despliegue de las cámaras, así como en su operatividad, pues de nada sirve que estén instaladas, si nadie las vigila. En especial, se requiere que cumplan su papel disuasivo del crimen en los sistemas de transporte público, donde la sensación de inseguridad es cada vez mayor.