El representante Toro explicó que su proyecto de ley pretende eliminar el sistema de cupos para los taxistas, que serían compensados con recursos producto de un recaudo inicial de 1% por cada servicio facturado en las demás plataformas de transporte. Además, a los taxistas también se les permitiría utilizar tarifas dinámicas como las que utilizan las demás plataformas, siempre y cuando utilicen dispositivos tecnológicos que aseguren un correcto cálculo de la tarifa que se cobrará.  El congresista aseguró que su proyecto también pretende "reglamentar de una forma moderna, eliminando requisitos innecesarios a los taxistas", en lugar de lo que consideró como "requisitos innecesarios a los conductores de plataformas", que harían parte de la propuesta de regulación de plataformas que apoyará el Gobierno en la nueva legislatura. Lea también: Congreso hunde otra vez el proyecto para regular las plataformas digitales La propuesta de Toro incluye además la "obligación para las plataformas de adquirir seguros de accidente para pasajeros y conductores, exigir vehículos con tamaño y seguridad adecuada", así como exigirle a dichas plataformas que sean responsables del impuesto de renta para empresas que tiene el país.  Por otro lado, advirtió que "es muy preocupante que la propuesta gobiernista quiera dilatar y dificultar esta discusión" para oponerse a su proyecto. Y añadió que "es una propuesta que claramente no oye a los conductores, ni a las plataformas, ni a los taxistas, ni mucho menos a los usuarios de lado y lado, deja preocupado a todo el mundo. En vez de avanzar en una reglamentación moderna y ajustada a la realidad de la tecnología, lo que proponen es mantener las viejas y nocivas formas". Recomendado: Uber presentó protocolos de bioseguridad para usuarios y conductores El proyecto con respaldo del Ministerio de Transporte, según el congresista, llevaría a "crear una infinidad de empresas de transporte unipersonal, crear un sistema de cupos para limitar la competencia, limitar los servicios a una sola jurisdicción (es decir, no existirán más servicios entre Bogotá y municipios cercanos como Cota, Chía o La Calera), crea más de 10 trámites que además deberán ser reglamentados por los Concejos Municipales de cada ciudad independientemente", señaló Toro.  Además, limitaría la posibilidad de pagos del servicio únicamente a tarjetas electrónicas, excluyendo a los colombianos que pagan este tipo de servicio con dinero en efectivo.