La legislatura que terminó el pasado sábado a la medianoche pasará a la historia por ser la primera que se hizo de manera 100% virtual, incluso con todos los inconvenientes que aparecieron en el camino. En medio de este ambiente y de los debates sobre si era válido o no sesionar remotamente, el Congreso sacó decenas de proyectos claves, además del control político al Gobierno frente al manejo de la crisis económica. El camino recorrido no fue color de rosa, pero tuvo resultados que se destacaron. Las leyes del país no estaban preparadas para una situación como la que trajo el coronavirus. Cualquier esguince que se quisiera hacer podría haberse usado como excusa para frenar los proyectos en el Legislativo o tumbarlos en su revisión de constitucionalidad. Esta corporación debe seguir al pie de la letra la Ley Quinta, que regula el funcionamiento del Congreso, so pena de que las normas se caigan en su control constitucional. A pesar de lo anterior, ambas cámaras y el Gobierno encontraron un punto medio para que los congresistas sesionaran desde sus casas, aunque se dejaba la potestad de que un grupo asistiera presencialmente al Capitolio. Lea también: Proyecto de ley de pago a plazos justos pasa a sanción presidencial Proyecto de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños fue aprobado Esta discusión, que tomó varias semanas en zanjarse, quedó resuelta cuando los parlamentarios decidieron poner de su bolsillo para pagar una plataforma que les permitiera sesionar remotamente. La Cámara de Representantes tomó la delantera de este proceso, a tal punto que también implementó un sistema de votación electrónico durante las últimas semanas, lo que le permitió hacer más expedito este proceso y, por ende, sacó más proyectos. El Senado también aprobó proyectos claves para el país. Entre estos se encuentra el pago de facturas a plazos justos entre empresas, los pliegos tipo para la contratación estatal y la nueva amnistía para deudores morosos reportados en centrales de riesgo. Contra viento y marea En materia económica, estas fueron las iniciativas que más ampolla levantaron en el pleno del Senado y la Cámara. Contra viento y marea, lograron pasar los cuatro debates requeridos y las conciliaciones. Quizá el caso más emblemático estuvo a la cabeza del representante por el Partido Verde, Mauricio Toro, autor del proyecto que obliga a las grandes empresas a que les paguen sus obligaciones a las micro, pequeñas y medianas (mipymes) en un plazo no mayor a 60 días. Este tiempo regirá a partir del primero de enero de 2021 y estará vigente por un año. Cuando se cumpla ese plazo, el tope para el pago de facturas bajará a 45 días calendario. "Con esta ley, las mipymes tendrán el flujo de capital adecuado para que puedan invertir en innovación para su desarrollo, superar los retos que nos impone la crisis económica de la covid-19 y mantener el empleo que generan", aseguró el congresista. La medida aplicará tanto para el sector público como el privado y solo tendrá una excepción: las grandes empresas podrán fijarse pagos entre sí con un tiempo superior. El proyecto también tuvo críticos que argumentaron limitaciones a la libre empresa, a la libre competencia, a la libertad de contratación y a la autonomía privada. Este no fue el único proyecto al que se le complicó el trámite. La representante del Partido Verde Juanita Goebertus también vio cómo la ampliación de los pliegos tipo a toda la contratación pública se quemaba en la puerta del horno. A último minuto, el expresidente César Gaviria y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras intervinieron para revivir el proyecto. Ahora la pelota estará del lado del Ejecutivo, que tendrá la tarea de poner en cintura los llamados "pliego sastre", es decir, aquellos que son diseñados para terminar en oferentes únicos. "Es evidente que con esta decisión y su posterior implementación, los corruptos difícilmente podrán manipular los pliegos de condiciones dentro de un proceso de contratación pública para favorecer intereses particulares", aseguró la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Lea también: Congreso aprobó pago anticipado sin multas de créditos en cooperativas Proyecto de "borrón y cuenta nueva" será ley en Colombia Congreso aprobó en primer debate acuerdo comercial con Reino Unido Actualmente, la figura del pliego tipo aplica para contratos de obras pública de transporte y sus resultados han superado las expectativas. Atrás quedó el desolador récord en el que siete de cada diez contratos que se celebraban en las regiones terminaban en los mismos contratistas de siempre. Con esto presente, se espera que en los demás sectores también haya un boom de oferentes y, por ende, mayor transparencia y uso de los dineros públicos. La legislatura también deja aprobado un polémico proyecto liderado por los senadores David Barguil y Luis Fernando Velasco. Se trata del "borrón y cuenta nueva" para los deudores morosos reportados en centrales de riesgo. La iniciativa pasó sus cuatro debates y conciliación, pese a la oposición que le hizo el sector financiero del país en conjunto con la academia. La amnistía permitirá, entre otras, borrar los reportes negativos de quienes se pongan al día con sus deudas en el primer año de vigencia de la ley. Este tiempo comenzará a correr cuando Duque sancione la norma, pero antes el proyecto deberá pasar un último examen. Como es una ley estatutaria, primero debe tener un control por parte de la Corte Constitucional. Las deliberaciones en ese tribunal estarán para alquilar balcón. Aprobadas Mientras esto sucede, Duque tendrá en su escritorio otra decena de articulados para sancionar. Entre estos se destacan la creación de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, la amnistía para quienes tienen multas de tránsito y el aval para que las prácticas universitarias cuenten como experiencia laboral. También fue avalada la legalización de predios que hayan sido ocupados ilegalmente durante 10 o más años. En este caso, se calcula que más de 3 millones de familias podrán sanear la situación de titularidad de sus viviendas, lo que les dará acceso a servicios públicos y programas sociales del Gobierno. Lea también: Empiezan a circular las ideas para una reforma laboral poscovid-19 La legislatura que terminó será recordada por haberse dado en medio la virtualidad. El balance parece positivo, a pesar de la polémica. No obstante, la siguiente legislatura será todavía más impactante, pues existe la expectativa que se discuta al menos una de las grandes reformas que necesita el país. Las grandes reformas Una vez Colombia llegue al pico de la pandemia, que se calcula entre julio y agosto, el tema principal de la agenda económica podría dejar de ser el coronavirus. Si todo sale como el Gobierno calcula, en ese momento comenzaría la discusión de la reforma pensional o de protección a la vejez, como la bautizó el Ejecutivo. Expertos coinciden en que el segundo semestre del año será el momento perfecto para que los ciudadanos, congresistas, gremios y funcionarios se embarquen en esta discusión, que estaba prevista desde el año pasado. La razón principal es que a la Nación le llegó el momento para revisar y focalizar mejor el gasto público, tal y como se lo recomendó el Comité Consultivo de la Regla Fiscal cuando le permitió "volarse" la meta de déficit. La cuestión es que, como el gasto público en el país es altamente inflexible, uno de los pocos lugares que queda por revisar está en el giro de subsidios, entre ellos los pensionales. Lea también: Radican proyecto de ley que garantiza renta básica a población vulnerable Pero este no será el único punto espinoso que traería consigo la nueva legislatura. Colombia tendrá sí o sí que incrementar sus ingresos tributarios, lo que se traduce en otra reforma tributaria, que se tramitará el próximo año. El pago de la deuda que se tome para enfrentar el coronavirus y la caída en el recaudo harán necesario revisar de nuevo el Estatuto Tributario del país, de cara a la recuperación económica pospandemia.