Cuando la nevera quedó vacía y el confinamiento obligatorio se tradujo en días de mora en el pago del arriendo, a Roraima Daversa no le quedó otra opción que empezar a caminar. Lo hizo de la mano de su hijo de 9 años y otros siete familiares. Empacaron lo esencial, llenaron botellas plásticas con agua, compraron una bolsa de pan, se persignaron y empezaron la travesía de regreso a Venezuela.
Llevaban un año en el barrio Julio Flores, en el centro de Bogotá. Llegaron en 2019 para huir del hambre que padecieron en Guanare, Venezuela, e impulsados por la caridad de quienes encontraron en el camino hasta San Antonio del Táchira. Ya en la frontera, dieron lo que tenían por unos pasajes de bus hasta la capital colombiana.
Ahora las cosas se tornaron difíciles. Un reciente estudio del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos, coordinado por las Naciones Unidas, difundió una cifra angustiosa. Después de las medidas de aislamiento obligatorio, el 95 por ciento de los hogares venezolanos en Colombia tiene necesidades de alimentación.
Por eso Roraima y su familia decidieron recoger los pasos y enfrentar un camino que se volvió más agreste. Las cifras lo demuestran. Antes de la covid-19, por ejemplo, el 40 por ciento de los colombianos veía a los migrantes como una amenaza para la seguridad ciudadana, según datos de la Encuesta de Percepción del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela. Durante la pandemia, las cifras muestran un incremento en el sentimiento de rechazo: ahora el 53 por ciento los ven así.
Al menos unos 300 viajes han sido autorizados por diversas alcaldías y gobernaciones para llevar migrantes a la frontera. Las autoridades también han sorprendido otro tanto de rutas ilegales. Guillermo Torres -SEMANA.
Robos, violencia sexual, accidentes en las vías y amenazas de grupos armados parecieran indicar el camino de regreso. Una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo refirió recientemente que el ELN asesinó a una venezolana en Fortul (Arauca), mientras que las disidencias de las Farc emitieron un panfleto en Arauquita para advertirles a los extranjeros que “de no acatar la directriz, serían objeto de acciones contra sus vidas”. Asimismo, en Buenos Aires (Cauca), las disidencias de las Farc declararon objetivo militar a los venezolanos y a las trabajadoras sexuales de esta nacionalidad.
Como si fuera poco, hay que mencionar también la casi ausencia de la cooperación internacional en los procesos de retorno, en coherencia con la política de que avalarlos implica aprobar la vulneración de derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro.
“La xenofobia está por todos lados”, dice Alba Rada, de la Fundación Radaber, que dona refrigerios a caminantes en el trayecto Tocancipá-Tunja. “La gente no quiere acercarse a los venezolanos y la policía los corre de un lado a otro. No los dejan entrar al casco urbano y muchas veces deben quedarse a orillas de la carretera”, denunció la líder social.
Como ella, decenas de organizaciones y colectivos dan cuenta de lo mismo. José Luis Muñoz, vocero de la Red Humanitaria, habla de la ruta mortal del páramo de Berlín, entre los Santanderes. “Como nuestros albergues permanecen cerrados, es prácticamente imposible conseguir abrigo o un plato de comida caliente. Y por ahí transitan a pie entre 100 y 200 caminantes diarios”, sentencia.
En el suroccidente, en la ruta Panamericana, la trabajadora social María de los Ángeles Ramírez monitorea desde hace dos meses, cuatro veces al día, el panorama de los caminantes. Ella afirma que un joven de unos 25 años que venía de Ecuador caminando cayó muerto en la carretera que de Caldono conduce a Santander de Quilichao, en Cauca. “Me dijeron que venía en muy malas condiciones de salud, caminó demasiado y no aguantó”.
De acuerdo con el más reciente reporte de Migración Colombia, unos 52.000 ciudadanos venezolanos han retornado voluntariamente a su país, 27.000 de ellos durante los primeros tres días de la cuarentena. Se calcula que alcaldías y gobernaciones en todo el país han gestionado más de 300 viajes en bus hasta las fronteras de Cúcuta, Arauca, Paraguachón y Puerto Inírida.
Ninguno de esos, sin embargo, incluye a Roraima Daversa y su familia, que al cierre de esta edición llegaban caminando hasta Tunja. “Ya no tenemos fuerzas para seguir avanzando, mi hijo y mis sobrinos dicen que ya no pueden más, tenemos ampollas en los pies”.
“Por favor, no retornen”
Tomás Guanipa, embajador de Venezuela en Colombia, reconoce que no tiene capacidad de atender a sus paisanos en el país. Aun así, les pide que no regresen.
Tomás Guanipa, embajador de Venezuela en Colombia
SEMANA: ¿Cómo atienden a los migrantes en estado de vulnerabilidad?
TOMÁS GUANIPA: Hemos propuesto ser un ente coordinador entre entidades y organizaciones no gubernamentales para llegar a la mayor cantidad de venezolanos posible. Creamos un registro consular y un censo de vulnerabilidad para quienes no pueden cubrir alimentos y alojamiento. Esto nos ha permitido identificar dónde y quiénes son los venezolanos que están necesitando más ayuda. Tenemos alrededor de 300.000 personas.
Lanzamos el programa Aquí Estamos con el fin de que aquellos que tienen recursos pueden donar para mercados y arriendos. También coordinamos con el Gobierno nacional y la Defensoría del Pueblo para orientar a los venezolanos que están siendo desalojados, ya que existe un decreto presidencial que prohíbe esta práctica. Como ha seguido ocurriendo, los atendemos personalmente. SEMANA: ¿Cuál es la capacidad de la embajada en estos momentos? ¿Con qué recursos cuenta? T.G.: Somos una embajada que no tiene recursos. Tenemos un equipo de trabajo pequeño, pero contamos con voluntarios que, sin cobrar, nos ayudan a entregar alimentos. Hacemos todo con las uñas. Por eso nuestro mayor aporte es la coordinación con los entes del Gobierno y las organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, en Cúcuta hace algunos días se dio la entrega de alimentos, que pudimos hacer por medio de las organizaciones de venezolanos que están dispuestos a ayudar a otros.
Somos una embajada que no tiene recursos. Tenemos un equipo de trabajo pequeño, pero contamos con voluntarios que, sin cobrar, nos ayudan a entregar alimentos. Hacemos todo con las uñas.
SEMANA:¿Con ese dinero, se podrá atender la delicada situación de los migrantes en el país? T.G.: Está previsto atender la diáspora venezolana en países como Perú, Ecuador, Colombia y Chile. La asignación sería por medio de organizaciones no gubernamentales que trabajan con los migrantes. Nosotros como embajada no manejaríamos directamente esos recursos.
SEMANA: A los migrantes se les ha recomendado el no retorno. ¿Por qué? T.G.: No lo incentivamos porque la situación que encuentran cuando llegan a territorio venezolano es absolutamente deplorable. Son hacinados en una suerte de campos de concentración, en galpones, sin ningún tipo de ventilación o servicios públicos, violando sus derechos, con un trato inhumano, amenazados. Luego se encuentran que no hay gasolina para poder transitar hacia sus lugares de origen. El régimen venezolano solamente está aceptando que ingresen al país 300 personas por día, lo que hace que se aglomeren en la frontera y generen una crisis sanitaria. Los testimonios que hemos tenido de venezolanos que han cruzado la frontera son lamentables. Se encuentran con una situación peor que la que había cuando decidieron migrar a Colombia.