El 12 de marzo, guerrilleros de las Farc detonaron carros bomba en Caquetá, Cauca y Bolívar; quemaron buses, material electoral y hostigaron seis sedes militares y de Policía en otros lugares del país con la intención de boicotear las elecciones. No lo consiguió. Este año, cerca del 40 por ciento del potencial electoral participó en esta oportunidad (3 puntos más que en 2002), hecho que se interpretó como un claro revés para las Farc y un éxito de la Política de Seguridad Democrática. En zonas tradicionalmente golpeadas por las guerrillas colombianas la votación aumentó y para la muestra, un botón: hace cuatro años, Arauca tuvo que elegir a sus representantes al Congreso en medio de un paro armado del frente 10 de las Farc. Esta vez, la situación mejoró: hubo 16.272 votos más que en ese entonces. Además, para la Cámara salieron victoriosos los candidatos Néstor Homero Cortina, del movimiento uribista Cambio Radical, y José Vicente Lozano, de Convergencia Ciudadana. Guaviare tuvo una situación similar. Los candidatos que decidieron hacer su campaña en esta zona del sur del país estaban advertidos por las Farc para que no salieran a las zonas rurales. Los guerrilleros también amenazaron a los campesinos. Sin embargo, votó el 34 por ciento de los electores, mientras que en 2002 tan sólo lo hizo el 26 por ciento. Salieron elegidos Juan Gabriel Díaz, de Convergencia Ciudadano (tendendencia derechista) y Constantino Rodríguez, del también uribista Alas Equipo Colombia. Sin embargo, en los departamentos donde han atacado con mayor ferocidad la participación electoral disminuyó. Hace dos semanas, miembros de la columna Teófilo Forero de las Farc mataron, en pleno restaurante, a ocho concejales del municipio de Rivera, en el Huila. La abstención en el departamento fue del 61 por ciento, una de las más altas del país, y cuatro puntos más alta que la de 2002. Algo parecido sucedió con Caquetá, donde se concentra gran parte de las operaciones del Plan Patriota, la ofensiva militar más grande que se ha hecho contra las Farc. Los días previos a los comicios electorales, se presentaron hostigamientos en los municipios de Milán, Doncello, El Paujil, Valparaíso y Curillo. En consecuencia, fue uno de los pocos departamentos en los que bajó tres puntos el índice de participación electoral. Aunque un oficial del Ejército del área de Operaciones considera que la relativa normalidad de los comicios es “el resultado de un trabajo de inteligencia que se ha hecho durante los últimos cuatro años contra actos terroristas que siempre se asoman por esta época”, lo cierto es que la Fuerza Pública también dispuso de 200 mil hombres exclusivamente para preservar la seguridad de 26 millones de votantes en el 99 por ciento del territorio colombiano, según el Ministerio del Interior. En nueve mil puestos de votación se ubicaron cerca de 80 mil uniformados, lo que significó para militares y policías estar durante dos días en completa alerta para neutralizar cualquier hecho que amenazara las elecciones al Congreso. También ayudó la ley seca y la restricción al porte de armas; y una póliza de seguro que adquirió el Gobierno para la protección de vehículos que fueran atacados por la guerrilla. Este seguro, contratado por el Ministerio de Hacienda, garantizaba la reposición del automotor afectado en un ciento por ciento de su valor. Después de las elecciones, el seguro volvió a ser del 90 por ciento. Además, el Ministerio del Interior y la Registraduría Nacional acordaron no exigir en las zonas rurales la tinta indeleble, con el fin de evitar intimidaciones de las Farc que, días atrás, amenazaron de muerte a los campesinos que decidieran ir a los puestos de votación. Las presidenciales Pero tampoco es tiempo de cantar victoria. Si la intención de las guerrilla es frustrar la reelección del presidente Uribe, seguramente actuarán con más intensidad en los próximos dos meses. “Lo que estamos viendo es un incremento de los ataques desde las áreas periféricas hacia las zonas más relevantes (en términos económicos y demográficos), o sea hacia el centro del país. Es previsible que esta escalada se intensifique a medida que se acerquen las elecciones presidenciales”, sostiene el profesor Román Ortiz, de la universidad de Los Andes. Hasta el momento, Bogotá no ha sido tocada por actos violentos que puedan tener relación con el saboteo electoral, pero no sería raro que en los próximos dos meses (antes de las elecciones presidenciales del 28 de mayo), las Farc aprovecharán para demostrar que la política de seguridad del presidente Uribe no ha tenido el efecto suficiente. Sergio Jaramillo, de la Fundación Ideas para la Paz, igualmente se inclina por la idea de que las Farc tienen toda la intención de no dejar un segundo mandato del actual gobierno. Pero hay más posibilidades: “Posiblemente están esperando esta segunda etapa de campaña para acrecentar su ofensiva, aunque para mí no es muy clara su estrategia. Otra opción para evitar la reelección de Uribe es que las Farc le dejen hacer campaña a su oposición”.