La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), desde su nacimiento con el acuerdo de paz en 2016, ha estado cruzada entre argumentos de detractores, que la acusan de ser sinónimo de impunidad, y defensores, que la consideran clave para cauterizar el conflicto y reparar a los damnificados.

Esto ha desviado la atención ciudadana respecto de los temas gruesos que conoce el tribunal como el secuestro como arma sistemática, los falsos positivos y el reclutamiento forzado, entre otras barbaries.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), en su último reporte, identificó esta y otras dificultades que pueden convertirse en los principales retos que enfrente la institución en los años venideros.

El documento titulado "Un enfoque mixto para delitos internacionales: los procedimientos de justicia retributiva y restaurativa en la Jurisdicción Especial para la Paz" es el producto de una serie de reuniones que sostuvieron los miembros del ICTJ con actores armados, miembros de la JEP y académicos expertos en justicia transicional.

Allí se plasmó una serie de recomendaciones para el tribunal en asuntos como víctimas, perpetradores, jueces y comunicación.

En lo referente a las víctimas, el reporte resalta que se debe respetar la decisión de aquellas personas que no deseen participar activamente de los procesos. En buena medida esto se da porque deben encontrarse cara a cara con sus victimarios y revivir momentos traumáticos.

Por lo tanto, se hace énfasis en la importancia de que exista un acompañamiento psicológico y la posibilidad de obtener representación a través de agrupaciones de víctimas o abogados. En el caso de que la víctima no desee representación y acuda ante el tribunal personalmente, se advierte de la necesidad de un manejo quirúrgico de la audiencia con el fin de que los victimarios y sus delitos no sean el centro de atención. "Las víctimas del conflicto armado pueden sentir que su gobierno los ha abandonado, y los procesos de justicia restaurativa pueden solidificar este sentimiento. Más aún si no los tratan en igualdad de condiciones con los perpetradores", establece el reporte.

Los exjefes guerrilleros Rodrigo Londoño y Pastor Alape, ante la JEP.

Con los victimarios el reto es bastante similar. A pesar de la barbarie de sus actos, el ICTJ insta a la JEP a no poner bajo duda la dignidad de los antiguos combatientes que comparecen y a facilitarles el acceso a ayuda psicosocial que los prepare para dar la cara a sus víctimas y no recaer en actitudes que las victimicen.

Por último, se hace un llamado para evitar su estigmatización a toda costa ya que "al reconocer activamente su responsabilidad por los crímenes que cometieron, (los victimarios) pueden demostrar su voluntad de reintegrarse en una sociedad donde tales abusos ya no son aceptables".

El acuerdo de paz estipuló que la JEP debía aplicar un enfoque de género y territorio al momento de conocer asuntos que involucraran minorías étnicas y poblaciones históricamente discriminadas. Según el ICTJ, esto es una dificultad ya que los magistrados del tribunal no reciben indicaciones sobre cómo implementar este mandato y se ingresa en una mayor confusión si se tiene en cuenta que los pueblos indígenas tiene sus propios sistemas de justicia. Una realidad que da origen a un reto inmenso en cabeza de los magistrados. El documento afirma que deben encontrar la forma de abordar la heterogeneidad de las personas involucradas, procurando el respeto de sus derechos, libertades y tradiciones ancestrales.

El reto de comunicar bien

"Los jueces de la JEP están llamados a diseñar y desarrollar un sistema que no tenga precedentes en experiencias de justicia transicional en otras partes del mundo", afirma el reporte.

Pero de todo lo analizado en el documento, quizá lo más relevante es el reto que tiene la JEP en términos de comunicaciones y su estrecha relación con el fuerte debate político que surgió a partir de la firma del acuerdo. Desde su nacimiento, hace casi cuatro años, la JEP ha sido destinataria de quejas por parte de ciertos sectores políticos de derecha que han incluso llegado a exigir su extinción.

El hecho más reciente lo protagonizó el senador Álvaro Uribe, el pasado 11 de marzo, cuando tuiteó "No más JEP" después de que el tribunal vinculara a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) en la investigación por desaparición de personas en el municipio de Ituango, Antioquia.

Situaciones como esta, según señala el ICTJ, afectan la confianza de los colombianos en las acciones que ejecutan los magistrados y se requiere, por lo tanto, reforzar las estrategias de comunicación. Particularmente, que se haga hincapié en las bondades de la justicia restaurativa cuando se está intentado superar un conflicto de más de cinco décadas.

"Este déficit de legitimidad se agrava por la polarización política en Colombia que efectivamente divide a la sociedad en dos campos sobre este tema: aquellos a favor de la justicia restaurativa y aquellos que prefieren ver la justicia retributiva". Y más adelante plantea el dilema: "Si el término no se puede definir adecuadamente (justicia restaurativa), entonces su valor no puede ser comunicado."

En su capítulo de conclusiones, el documento recuerda que estos retos y las medidas encaminadas a superarlos pueden dar origen a otras problemáticas en temas participación limitada de las víctimas (debido a la cantidad de recursos, no todas las víctimas podrán acudir a la JEP) y apoyo popular a la justicia transicional en razón a los posibles liderazgos políticos que puedan surgir y su posición respecto de la JEP.

Sin embargo, motiva a los actores involucrados a hacer uso de sus facultades para salir avantes: “Si la JEP y el proceso de paz en general van a tener éxito, los colombianos deberán seguir utilizando su imaginación procesal”.