Con la instalación del llamado Congreso del cambio, el 20 de julio del año pasado, renovado por nuevas figuras y amplia presencia de sectores alternativos, se restableció la esperanza en los colombianos de que por fin, tal como lo prometieron en campaña, los congresistas iban a empezar a reducirse sus privilegios como un gesto de equidad. Sin embargo, al parecer, el cambio fue solo de nombres, porque las viejas costumbres políticas se mantienen.
Tal como había ocurrido en anteriores oportunidades, a pesar de las promesas de cambio, los senadores y representantes se han encargado de mantener intactos cada uno de los beneficios que tienen.
Por lo menos así se desprende del contrato CD_008_2023, firmado esta semana por la Cámara de Representantes y la Unidad Nacional de Protección para renovar los esquemas de seguridad de los congresistas hasta diciembre de este año.
Este contrato, que incluye carros blindados y escoltas, les costará a los colombianos 46 mil 260 millones de pesos, de los cuales 35 mil millones saldrán de las arcas de la Cámara y 10 mil de la Unidad Nacional de Protección, ambas entidades públicas. Es decir, dinero puesto por los ciudadanos.
Si bien este contrato debe renovarse cada seis meses o cada año según sea el caso, SEMANA pudo corroborar que en esta oportunidad hay un elemento distinto: la Cámara de Representantes, que actualmente tienen asignados 366 vehículos blindados para los congresistas y algunos funcionarios de la entidad, indica que necesita más vehículos. Los actuales no alcanzan.
La razón es que, según se argumenta en los documentos de contratación, además de las dos camionetas blindadas que tiene cada congresistas, a los 16 representantes de las llamadas curules de paz se les debe dar un carro adicional y al director administrativo de la Cámara, John Abiud Ramírez, dos camionetas.
De esta manera, la corporación pide pasar de las 366 camionetas que tiene actualmente a 394, que es el costo del contrato firmado.
“La Entidad estima que su necesidad se extiende hasta 394 vehículos, lo cual se justifica en que son 188 Honorables Representantes a la Cámara, con un esquema básico de dos camionetas por cada uno; adicionalmente, a los 16 representantes de la curules de paz se les asigna una camioneta más a su esquema; para el Director Administrativo de la Cámara de Representantes se deben asignar dos camionetas de acuerdo con su estudio de nivel de riesgo”, indica el documento.
La firma de este tipo de contratos para brindar esquemas es justificada por el Estado en que los congresistas tienen un alto nivel de riesgo a su seguridad. Lo que sí tiene poca justificación es el convenio firmado en diciembre del año pasado por el Senado de la República para darles un seguro de vida a los senadores, que los amparará en caso de “riesgo de muerte por cualquier causa, incluyendo el suicidio, homicidio y terrorismo (sujeto pasivo)”.
Así quedó estipulado en el proceso de contratación SAMC-SEN-01-2022. Según el documento conocido por SEMANA, este seguro les costó a los colombianos 450 millones de pesos.
Para justificar este gasto, el pliego de condiciones, conocido por este diario, argumenta que “es obligación del Senado de la Republica como entidad del Estado, amparar contra el riesgo de muerte por cualquier causa, incluyendo el suicidio, homicidio, guerra y terrorismo, al grupo asegurado (honorables senadores), hasta por la suma fijada para esta póliza en los amparos otorgados para cada uno de ellos”.
A esto se suma el hecho de que, en diciembre pasado, tal como lo había señalado SEMANA, se conoció que contrario a lo que se había anunciado, los colombianos tienen que seguirse metiendo la mano al bolsillo para costear los tiquetes aéreos de los congresistas.
Según indica el contrato de comisión CC_2413_2022 firmado por la comisionista Correagro S.A. y la Cámara de Representantes, se les garantiza a los representantes a la Cámara sus tiquetes aéreos hasta el 31 de diciembre de 2023.
Según el documento, conocido por SEMANA, el presupuesto oficial definido para garantizarles los tiquetes a los congresistas de esta corporación es de 10.812 millones de pesos.
Según el contrato, la empresa prestadora del servicio tendrá que tener disponibilidad las 24 horas para atender cualquier inconveniente que tengan los parlamentarios con sus tiquetes.
Mientras los colombianos se siguen metiendo la mano al bolsillo para costear estos gastos, los senadores y representantes dan pocos gestos de cambio. Por ejemplo, hasta la fecha no se ha aprobado ninguno de los anunciados proyectos para bajar el salario de los congresistas. ¿Qué pasó con el cambio?