Todo un revuelo político generó el decreto del gobierno del presidente Gustavo Petro reconociendo a varios integrantes de las disidencias de Iván Mordisco como representantes para los diálogos de paz que están próximos a empezar.
Sin embargo, toda la atención se concentró en Alexander Farfán Suárez, alias Gafas, quien fue el carcelero de Ingrid Betancourt durante su secuestro por parte de las Farc-EP.
Suárez fue capturado en 2008 durante la operación Jaque que acabó con el secuestro de varios militares y civiles que estuvieron varios años en poder de las extintas Farc.
A pesar de que Gafas suscribió un acta de sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y participó en algunas diligencias, habría vuelto a delinquir y por eso actualmente está recluido en la cárcel La Picota de Bogotá desde el pasado 28 de diciembre de 2022 por tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares.
En medio de todo este escenario, el Gobierno reconoció que se hará todo lo posible para que alias Gafas salga de la cárcel y pueda hacer parte de la delegación de ese grupo criminal que está bajo las ordenes de Iván Mordisco.
“Farfán Suárez fue delegado por el EMC-Farc como miembro representante de este grupo a la fase preliminar y a la Mesa de Conversaciones de Paz. Actualmente Farfán Suárez se encuentra privado de la libertad en calidad de sindicado por hechos posteriores a la firma del Acuerdo de Paz. De igual forma, Farfán Suárez es compareciente ante la JEP”, dijeron desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Además se indicó que: “La Oacp actualmente se encuentra adelantando las gestiones correspondientes para garantizar su participación como delegado. Sobre la solicitud de extradición que pesa en su contra, la Corte Suprema de Justicia en el año 2009 dio concepto desfavorable a su extradición”.
El presidente de la República, Gustavo Petro, continúa dando pasos hacia la instalación de la mesa de diálogos de paz con las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco. En esta ocasión, se conoció que se expidió una resolución en la que se tomó una decisión sobre ese trámite.
Trascendió que, mediante ese documento, el mandatario colombiano reconoció a ocho guerrilleros de las disidencias de las Farc como representantes en la mesa de diálogos de ese grupo criminal.
“Reconocer como miembros representantes del Estado Mayor Central de las Farc-EP, de conformidad con lo solicitado por ese grupo armado organizado, a Carlos Eduardo García Téllez, Leidy Tatiana Rojas Olaya, Jaime Muñoz Dorado, Jonathan Jair Narváez Quintero, Adolfo Ballesteros Fernández, Óscar Ojeda, Alexánder Farfán Suárez y José Luis Rodríguez Mora para que participen en la fase preliminar de alistamiento y en la mesa de diálogos de paz”, dice uno de los apartes de la resolución.
Y advierte sobre los alcances de determinación: “Dirigida a obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, el respeto a los derechos humanos, el cese de hostilidades y el pacto de acuerdos de paz tendientes a facilitar el desarme y la desmovilización del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc-EP”.
Sin embargo, las disidencias de las Farc armaron un casting para seleccionar a las personas que deben ir en el tarjetón electoral con el fin de competir por algunas alcaldías de Colombia. Así quedó en evidencia en una denuncia presentada ante la Fiscalía y en testimonios recogidos por SEMANA. Hay alerta por la seguridad de las campañas políticas y los comicios de octubre. Como en los viejos tiempos, el programa de la guerrilla fue rebautizado como el “aval del monte”.
En los rincones de la selva evalúan las hojas de vida de los competidores y miden cuál de todos podría cuidarles la espalda, en caso de que lleguen al poder. Desde la clandestinidad, les aseguran el triunfo y les dan garantías para promocionar sus nombres.
Para medirles la lealtad, someten a los políticos a exigencias millonarias y a otros retos que van en contra de la ley. La “garantía electoral” impuesta por la delincuencia es el silencio y se cobra con vidas.
Entre tanto, la reposición de los votos la tiene que costear el ganador por 48 meses: brindarles seguridad y tener la cartera abierta para las disidencias.
Según la Registraduría, al menos 92 municipios del país tienen alto riesgo para las elecciones regionales, a raíz de la presencia de estructuras ilegales. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo advirtió que en 706 localidades del territorio nacional hay algún tipo de peligro para ejercer liderazgos; es decir, en las dos terceras partes de Colombia.
¿Quién es el ganador?
Un hombre que quería participar en la contienda en un pueblo de Antioquia, cuya identidad solicitó omitir por motivos de seguridad, entregó detalles de la operación electoral que adelanta el frente 36 de las disidencias de las Farc para asegurar su permanencia en el norte del departamento, donde abundan los homicidios, las amenazas y los desplazamientos.
Cuando apenas estaba buscando un partido político que avalara su candidatura, recibió el primer ultimátum: “Hay que pedir permiso”. Él debía convencer a la guerrilla para hacer oficial su aspiración. Con el fin de acceder a la baraja de postulantes, le exigieron 100 millones de pesos. Cuando la competencia se apretó, la extorsión se multiplicó por cinco.
En el puntaje, sumaba números extra el que llegara más rápido con la plata. Más tarde, tenían que someterse a un pacto: “Garantice que nos va a dar estadía y no nos va a atacar”, afirmaron las disidencias. Con todo esto, ya adquirían la bendición de la organización para pedir un cupo en un partido político y acudir a la Registraduría.
La pesadilla apenas comienza. Entre las normas del “aval del monte”, la guerrilla les aseguró que no pueden criticar la gestión del alcalde de turno de sus municipios porque enfrentarían un castigo: “estar amarrados a un palo durante un día completo y pagar 20 millones de pesos”, reveló una de las fuentes consultadas por SEMANA.
En el departamento del Cauca, el panorama es similar al que ocurre en Antioquia. Las disidencias Dagoberto Ramos y Jaime Martínez deciden a dedo quién puede hacer proselitismo en la zona rural. Los candidatos ya están advertidos de que no se trata de un juego, sino de amenazas reales. Hace cuatro años, en 2019, la estructura Jaime Martínez masacró a la candidata Karina García, quien aspiraba a la Alcaldía de Suárez, norte del Cauca. En el hecho también fueron asesinadas siete personas pertenecientes al equipo de la joven política. Su asesinato se conoció tiempo después, fue por no acceder a las peticiones de alias Mayimbú, cabecilla en ese momento de la columna disidente.