Cambio Radical, el partido político liderado por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, no logró que el gobierno del presidente Gustavo Petro adoptara varias de las propuestas que presentó frente a la reforma tributaria. Por eso, decidió iniciar este martes una agresiva campaña de publicidad contra la iniciativa con la que se pretenden recaudar más de 20 billones de pesos.

SEMANA conoció que la colectividad contrató la publicidad de vallas y pendones en todas las capitales de Colombia. En algunas de ellas se lee: “La reforma tributaria de Gustavo Petro traerá más desempleo y más pobreza. Por eso, le decimos ¡NO!”.

El partido instaló dos vallas por cada ciudad, pero en Bogotá hay cinco en las que aparece el mismo mensaje con el que Cambio Radical se desmarca de un proyecto de ley que, según Vargas Lleras, lesionará el bolsillo de los colombianos.

En Montería, Neiva, Cali, Cartagena, Barranquilla, Villavicencio y Quibdó ya se instaló la publicidad. La idea es que dicha campaña esté acompañada de una estrategia digital que se sumará a las opiniones que los congresistas del partido entreguen a la prensa sobre el proyecto.

Al partido, que se reunió la semana anterior en el Hotel Tequendama en Bogotá, le preocupa que la recesión económica de 2023, sumada a la disparada del precio del dólar y la reforma tributaria, termine por empeorar la situación financiera de los colombianos más desprotegidos.

Voceros de la casa política se han reunido con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, pero no se ha logrado un consenso en la mayoría de los temas de la tributaria.

Aunque Cambio Radical tiene claro que votará en contra de la iniciativa, están dispuestos a debatirla en plenaria hasta último momento.

Propondrán, por ejemplo, que la exención en materia de pensiones se mantenga tanto para los actuales pensionados como para los futuros.

Además, el partido pedirá que se elimine el impuesto al patrimonio. “El patrimonio de las personas naturales está conformado por la parte no consumida de los ingresos obtenidos a lo largo de los años, que fueron en su momento sometidos al impuesto sobre la renta anual. Un impuesto al patrimonio no es otra cosa que una doble tributación sobre esas mismas rentas, que ahora se convertirá en una forma de expropiar anualmente el ahorro y la inversión de quienes prefirieron destinar parte de su renta anual a la adquisición de bienes, en lugar de destinarlas al consumo. Un claro castigo al ahorro y a la inversión”, argumentaron.

Cambio Radical también propondrá que se mantenga la tasa actual del 10 % sobre los dividendos, “de suerte que la tasa conjunta sociedad-socio se localice en el 41,5 % en lugar del 48 % que propone el proyecto”, según informaron en un comunicado de prensa que divulgó el partido la semana anterior.

De igual manera, que se mantenga en favor de los empresarios colombianos el descuento del 50 % del ICA pagado. “La eliminación de la tributación mínima del 15 %, es otra de las iniciativas del partido”, coincidieron.

El listado de propuestas del partido es largo, entre ellas, que se establezca expresamente que la regalía es plenamente deducible de la renta del explotador.

“En materia de vivienda, esta reforma desincentiva la adquisición de vivienda y demás inmuebles al imponer al comprador un impuesto de timbre del 1,5 % sobre el valor de la respectiva escritura. Por esta razón, Cambio Radical propondrá la eliminación del impuesto de timbre sobre las escrituras públicas”, informaron.

De otro lado, la colectividad destacó que la reforma tributaria no genera incentivos para invertir en ciencia, tecnología e innovación. “De hecho, los elimina. Tal es el caso del descuento tributario del 25 % contenido en el artículo 256 E.T. Por esta razón, el Partido propondrá que se mantengan los beneficios en materia de ciencia, tecnología e innovación”.

A la casa política también le preocupa que esta reforma no plantea un plan de choque contra los 80 billones de pesos en evasión y contrabando con metas específicas de reducción de estos fenómenos.

El Partido impulsará desde la plenaria una norma que obliga al Ministro de Hacienda a presentar cada año un plan concreto de lucha contra la evasión y el contrabando, con el compromiso de reducir anualmente este fenómeno en ocho billones.