Germán Calderón España, abogado de la Cancillería en medio de la conciliación con la firma Thomas Greg and Sons por la licitación de pasaportes, renunció al poder que le confirieron y solicitó la terminación de su contrato de prestación de servicios con la entidad. La carta, con fecha del 13 de diciembre, se presentó un día antes de la decisión final frente al proceso.
A través de la misiva, el abogado constitucionalista se dirige a Francy Paola Ramírez, jefe de la Oficina Asesora Jurídica Interna, y a José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería.
“Germán Calderón España, identificado como aparece al pie de mi firma, les informo que, de conformidad con el articulo 76 del C.G.P, renuncio al poder conferido por ustedes para representar al Ministerio y su Fondo Rotatorio ante la solicitud de conciliación interpuesta por el apoderado de la Unión Temporal Pasaportes 2023 y otra, en la Procuraduría 119 Judicial Administrativa de la PGN, y ante un eventual medio de control jurisdiccional ordinario administrativo. (Nulidad y Restablecimiento del Derecho)”, se lee en la carta.
De esa forma, solicitó la terminación bilateral y de mutuo acuerdo del contrato de prestación de servicios de asesoría, por el cual se encontraba vinculado a la entidad.
Llama la atención que la renuncia de Calderón viene acompañada de una advertencia sobre los riesgos que implica no conciliar con Thomas Greg and Sons, en línea con la opinión de Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
“Quiero reiterar mi posición sobre el particular debate jurídico, en tanto el mismo representa un alto riesgo de detrimento patrimonial futuro en atención a las circunstancias modales que lo rodean, entre ellas, los conceptos de la Agencia Nacional de Defensa jurídica del Estado. de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría Delegada para la Función Pública Preventiva, no obstante, los actos administrativos acusados estar impresos bajo el principio de presunción de legalidad y estar conforme a reglas constitucionales y contractuales vigentes en Colombia”, dijo el abogado.
Esto va en contra de la opinión del canciller Álvaro Leyva, quien no cree que se deba conciliar con la firma, proceso que terminaría adjudicando directamente el contrato. Por lo contrario, cree que se debe alistar una nueva licitación, con el fin de que exista más competencia entre los proponentes.
Finalmente, Calderón asegura que no cobrará “remuneración alguna”, ni por la asesoría contractual, ni por el apoderamiento que ejerció en el Comité de Conciliación el pasado 24 de noviembre, y en la audiencia de conciliación del 30 del mismo mes.
Este jueves, 14 de diciembre, se define la conciliación entre la Cancillería de Colombia y Thomas Greg and Sons por la licitación de pasaportes. El Gobierno la declaró desierta, a pesar de que la unión temporal en la que participa la firma cumplía con todos los requisitos de los pliegos presentados.
Esto le dio la oportunidad a la empresa de pedir una conciliación, con el fin de evitar una posible demanda al Estado colombiano por más de 100.000 millones de pesos, entre otras pretensiones. Mientras la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cree que se debe llegar a un acuerdo previo, el canciller quiere otra licitación.