Hace un año, el 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional tomó una decisión histórica sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia: despenalizó la práctica y permitió que se lleve a cabo sin ningún tipo de condiciones hasta los seis meses de gestación.
La sentencia C-055 de 2022 generó un cambio profundo en el acceso a estos servicios médicos y obligó al Ministerio de Salud a ajustar las directrices que les daba a las clínicas y hospitales para llevar a cabo los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Hasta antes de este fallo judicial, las mujeres solo podían acceder al aborto cuando se cumpliera al menos una de tres condiciones: cuando se pone en peligro la vida de la madre, por malformaciones del feto o cuando el embarazo fuera producto de una violación.
Sin embargo, con la decisión de la Corte Constitucional se abrió el camino para que la mujer pueda acceder a este procedimiento sin ningún tipo de condición hasta la semana 24 de gestación.
En el fallo, el alto tribunal también exhortó al Gobierno a expedir una reglamentación sobre el aborto en Colombia, solicitud que fue atendida por el Ministerio de Salud en enero de este año, a través de la resolución 051.
El documento, dado a conocer por el Gobierno, incluye directrices para todos los actores del sistema de salud sobre cómo deben garantizar los derechos de las mujeres que de manera autónoma van a acceder a estos servicios.
Por ejemplo, les recuerda que deben garantizar que se trata de un procedimiento médico confidencial que respete la intimidad de las pacientes y se lleve a cabo sin ningún tipo de barrera, reduciendo al mínimo las demoras.
A su vez, hay un aparte que permite a las niñas menores de 14 años abortar sin necesidad de tener el consentimiento de sus padres.
Estos lineamientos no cayeron bien en los sectores provida y cristianos, que salieron a calificar la resolución como “ilegal”.
“Esto es ilegal, ministra Carolina Corcho, no está soportado en un derecho constitucional, por el contrario, va en contra del derecho a la vida, artículo 11 de la constitución”, aseguró el excandidato presidencial John Milton Rodríguez, quien pertenece al partido cristiano Colombia Justa Libres.
La estrategia
Para volver a prohibir el aborto en Colombia, los sectores provida se organizaron en torno a dos líneas estratégicas.
La primera es la presentación de demandas en contra de la reglamentación expedida por el Ministerio de Salud, al considerar que se estaría violando el derecho a la vida y se estaría dejando una decisión tan trascendental en manos de niñas menores de 14 años.
Una de estas demandas, conocida en exclusiva por SEMANA, la presentó ante el Consejo de Estado el concejal de Bogotá, Marco Acosta, quien alegó que la resolución del Ministerio de Salud es inconstitucional, debido a que la reglamentación de un asunto tan trascendental debería haber sido aprobada por el Congreso.
“El ministerio, sin ningún sustento legal, vulneró el principio de legalidad, usurpó funciones del Congreso, omitiendo incluso que al tratarse de la reglamentación de derechos fundamentales, como lo es el derecho a la objeción de conciencia, por parte de profesionales de la salud. Debe hacerse por vía de una ley especial y no por una resolución. De hecho, esta resolución impide el ejercicio de la patria potestad de los padres, sobre sus hijas, al no permitirles ni siquiera el derecho de saber qué tipo de tratamiento se le va a realizar a las menores de edad y por su puesto anulando su autorización para practicar cualquier tratamiento”, señaló Acosta.
El otro recurso judicial fue presentado por el exsenador y líder cristiano Jhon Milton Rodríguez, quien también busca tumbar la resolución del Ministerio de Salud.
“Debemos avanzar en defender la vida desde la concepción. El derecho a la vida debe ser respetado y reivindicado acorde al artículo 11 de la Constitución. El aborto no es un derecho, es el más grande genocidio”, apuntó Rodríguez.
No obstante, en el mayor de los casos, lo que podrían ganar los demandantes es que se caiga la resolución expedida por el Gobierno, más no el fallo de la Corte Constitucional que le abrió el camino al aborto libre hasta la semana 24 de gestación.
Por eso, los sectores provida ya iniciaron otra vía, más larga pero con repercusiones de fondo, que es el llamado referendo por la vida, que se reactivó en los últimos días luego de que el Ministerio de Salud diera a conocer su reglamentación.
“Reglamentan el aborto, que es matar al más indefenso, convirtiendo en tumba el vientre de su madre”, aseguró la exsenadora María del Rosario Guerra, quien publicó el formulario con el que los ciudadanos podrán recolectar las firmas para convocar al referendo.
Inicialmente, los sectores provida habían arrancado la recolección de firmas a mediados del año pasado, sin embargo, no alcanzaron a reunir la totalidad de lo que exige la ley, lo que provocaría el hundimiento de este referendo.
No obstante, los promotores alegaron que no habían podido recoger la totalidad de las firmas como consecuencia de la fuerte ola invernal que azotó al país, tanto que el presidente Gustavo Petro alcanzó a declarar estado de emergencia.
Este argumento fue avalado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que le dio al comité promotor otros tres meses de plazo para reunir cerca de 2 millones de firmas que tienen como meta.
En específico, el referendo buscará modificar la Constitución en tres de sus puntos: incluir la protección constitucional de los colombianos que están por nacer, defensa de la vida desde su concepción y garantía de objeción de conciencia para todas las personas, independientemente de que se desempeñen en el sector público o privado.