Transparencia por Colombia lanzó una nueva advertencia sobre la campaña para las elecciones regionales de 2019, en las que fueron elegidos los administradores públicos que dejaron sus cargos el 31 de diciembre de 2023.
Buena parte de quienes financiaron esos proyectos políticos para la contienda de hace poco más de cuatro años terminaron celebrando contratos con las entidades una vez los candidatos que respaldaron consiguieron esos cargos públicos.
En números, 2.518 financiadores de campañas obtuvieron contratos por valores que ascienden a los $5.3 billones, montó que se ejecutó en 19.026 contratos. Esa estadística significa que cada uno de estos financiadores celebró aproximadamente nueve contratos con el Estado, según detalló esa organización.
Si se revisa en porcentaje, el 25,5% de esos financiadores de campañas consiguieron contratos en la fecha posterior a la posesión de las autoridades territoriales, una conducta que no es un delito, pero que siembra dudas sobre si ese respaldo a las campañas fue lo que resultó motivando la posterior adjudicación de contratos.
Transparencia Electoral aclaró que “el 85% de la contratación con estos financiadores se hizo mediante modalidades simplificadas: Contratación Directa (39,4%), Régimen Especial (32,3%) y Selección Abreviada (14%). En contraste, solo el 9,5% de los contratos adjudicados fueron otorgados mediante licitación pública”.
Ante ese panorama, la directora Programática de Iniciativas con Sistema Político y Estado de Transparencia por Colombia, Sandra Martínez, puntualizó que “es esencial que las nuevas autoridades territoriales aborden medidas concretas que permitan fortalecer la gestión pública, particularmente a través de acciones que propendan por procesos de contratación que no se vean afectados por la incidencia de intereses particulares”.
Uno de los casos que reseñó Transparencia por Colombia es el del exgobernador del Vichada, Álvaro Arley León Flórez, quien fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría después de que el ente de control encontrara irregularidades en un contrato.
Ese caso tuvo lugar en 2020, en plena pandemia, cuando su despacho firmó un contrato directo por el monto de $1.700 millones con un financiador de su campaña cuyo aporte a su proyecto político para las elecciones de 2019 había superado el 2% del recaudo del entonces candidato.
Y ese es, precisamente, el punto que marca la delegada línea sobre si la celebración de contratos con un patrocinador de la campaña es ilegal o no, pues la legislación colombiana determina que no se pueden suscribir contratos con personas naturales o empresas que hayan aportado más del 2% del dinero recaudado para la campaña.
Otro de los casos reportados por la organización es el del exalcalde del municipio de Cantagallo, Bolívar, Henio Ricardo Sarmiento. El exmandatario local es señalado de celebrar contratos por $1.300 millones con un financiador que aportó $20 millones a su proyecto político de 2019, monto que terminó siendo equivalente al 17% del tope de su campaña.
La mayoría de los financiadores que terminaron con contratos con las administraciones para el periodo 2019 - 2023 fueron personas naturales (2.896 aportantes, el 89,5%) mientras que los financiadores restantes fueron personas jurídicas (340, equivalentes al 10,5%) cuyos convenios quedaron constatados en las plataformas Cuentas Claras, Secop I y Secop II.
“En este caso la mayor cantidad de financiadores que celebran contratos posteriores a la entrega de sus aportes se encuentra en las Alcaldías. Dado que hay mayor cantidad de candidatos a las Alcaldías es previsible que exista un mayor número de aportantes”, detalló Transparencia por Colombia en el informe.