El próximo miércoles, la senadora Martha Peralta Epieyú, acompañada de Roy Barreras, David Racero y ministros del Gobierno, radicará un proyecto de ley para declarar al río Ranchería, que cruza La Guajira, como sujeto de derechos.

El objeto del proyecto es declarar al río, su cuenca y sus afluentes como una entidad sujeta de derechos a la “protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas e indígenas que habitan en el departamento de La Guajira”.

Los motivos que llevaron a esta propuesta radican en la importancia que tiene el río para los habitantes del departamento, teniendo una relación directa con al menos el 22,53 % de la población, lo cual traduce a aproximadamente 228.000 personas.

“No solo es la principal corriente fluvial del territorio ancestral wayúu, y por ende para las comunidades y el pueblo indígena que lleva el mismo nombre, sino que es también la única corriente de carácter permanente, pues los arroyos que se encuentran en la Alta Guajira, a pesar de que son caudalosos, solo llevan agua en invierno”, dice el documento.

Entre las amenazas al río, la autora destacó la exploración y extracción de carbón como un factor determinante en el deterioro de los afluentes que tiene el departamento.

Según lo expuesto en el documento, el pueblo wayúu se ha visto perjudicado en sus “valores fundamentales, acceso a los recursos naturales y la práctica de la espiritualidad” por el desarrollo de la minería.

“Su tradición histórica no se ha considerado de manera apropiada, no se ha protegido su derecho a la consulta previa y se le ha impuesto una cosmovisión diferente a la suya”, agregó.

Además, asegura que esta actividad ha generado contaminación en zonas de minería, que ha sido agravada por “una falta de gestión integral del río Ranchería”. Esta explotación afectaría la salud, tanto de los trabajadores de las minas, como de los habitantes de la zona afectados por las actividades.

“Es así como las fuentes productivas que se desarrollan en la cuenca del río han tenido incidencia directa en la desaparición de pueblos enteros, la falta de agua, el desplazamiento, los reasentamientos y los problemas de salud de la población”, argumenta el proyecto de ley.

Por esto, lo primero que propone el proyecto de ley es que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en conjunto con las comunidades étnicas e indígenas que habitan la cuenca del río, “y que tienen una relación ancestral, social y económica con el mismo”, elegirán dos representantes legales que se encargarán de ser los “guardianes del río”.

Estas personas tendrían la tarea de ejercer su tutoría, cuidado y garantía de los derechos. Luego, estos representantes conformarán, de mutuo acuerdo, una comisión de guardianes del río, la cual presidirían.

Al mismo tiempo, elegirán a un equipo asesor que podrá estar conformado y recibir acompañamiento de todas las entidades públicas y privadas, universidades a nivel nacional, centros académicos y de investigación, comunitarios y de la sociedad civil.

Dentro de esta comisión, la participación y gestión de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) como máxima autoridad ambiental.

Este grupo elaboraría un plan de protección del Río Ranchería que permita, entre otras cosas, su descontaminación, recuperar los ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente. La vigencia de este plan sería de cuatro años, momento en el que se renovarían los representantes.

Este proyecto de ley, de iniciativa de una senadora wayúu, resalta tras la declaración de zonas como la Amazonia, el río Pance, el río Cauca, el río Atrato y los ríos Combeima, Cocora y Coello como sujetos de derechos.