No pasó desapercibida para el presidente de la República, Gustavo Petro, la petición que lanzó Naciones Unidas a la Corte Suprema de Justicia para elegir nuevo fiscal general tras la salida de Francisco Barbosa del ente acusador.
El jefe de Estado, en su cuenta personal de X, indicó que está cumpliendo con la Constitución, al enviar una terna para que los magistrados inicien el estudio.
En el mensaje que publicó Petro en sus redes sociales, afirmó que ahora es el mundo el que se pronuncia por el trámite que está analizando la Corte Suprema de Justicia, pese al asedio del que ha sido víctima en una manifestación promovida por el gobierno del llamado cambio.
“La representación del consejo de derechos humanos de la ONU pide la elección de la nueva fiscal”, sostuvo Petro.
Y agregó: “Ya no es el pueblo de Colombia solo, que es el verdadero soberano, ahora es el mundo. Se trata de cumplir con la Constitución y con la decencia”.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) emitió un comunicado este miércoles 14 de febrero, instando a la Corte Suprema de Justicia a concluir el proceso de selección de la nueva fiscal general de la nación “lo antes posible, sin interferencias de ningún tipo”.
“La Oficina destaca la función trascendental que tiene la Fiscalía en la garantía de acceso a justicia, consolidación democrática y Estado de derecho. Por ello, alienta a la Corte Suprema a concluir el proceso de selección de fiscal en el menor tiempo posible”, expresó la ONU a través de la red social X.
El pasado 8 de febrero, la Corte Suprema realizó una primera ronda de votaciones para elegir a la nueva jefa del ente investigador; sin embargo, ninguna de las candidatas logró obtener la mayoría requerida. Las votaciones se repetirán, según está previsto, el próximo 22 de febrero.
La Oficina también hizo un llamado al Gobierno nacional para que brinde las garantías necesarias para que el alto tribunal pueda llevar a cabo el proceso de selección sin ningún tipo de presión.
“La Oficina llama al Estado, particularmente al Gobierno, a brindar las garantías para que la Corte Suprema de Justicia pueda concluir la selección de una nueva persona fiscal, sin interferencias, de ningún tipo”, agregó el organismo internacional.
Cabe destacar que el 8 de febrero, durante la primera ronda de votaciones, se registraron manifestaciones a las afueras del Palacio de Justicia por parte de diferentes organizaciones sociales, encabezadas por Fecode, para presionar a los magistrados del alto tribunal.
Por eso, tras la violenta protesta para presionar a la Corte Suprema, y en medio de la cual los manifestantes sitiaron a los magistrados, para la ONU es clave “la selección de una persona titular de la Fiscalía”, ya que “asegura la independencia, la autonomía y la transición oportuna en esta entidad, y previene el debilitamiento de la justicia”.
Luego de varias sesiones de votación, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia aplazó nuevamente la elección de la nueva fiscal general de la nación. Esto se debe a que ninguna de las ternadas (Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez) alcanzó los 16 votos que exige el reglamento para ser la nueva jefa del ente investigador para el período 2024-2028.
Minutos antes de la decisión del alto tribunal, un grupo de manifestantes intentó ingresar a la fuerza al Palacio de Justicia, lanzando objetos contundentes y agrediendo a los agentes de la Policía que custodiaban el lugar.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) fue la que convocó a una “gran movilización” el pasado jueves 8 de febrero. La motivación detrás de esta convocatoria se relaciona con las presiones para que la Corte Suprema nombre a la sucesora de Francisco Barbosa, así como con las investigaciones en curso por parte de la Fiscalía General de la Nación en contra del sindicato, debido a un supuesto aporte irregular de 500 millones de pesos a la campaña del actual presidente, Gustavo Petro.
Aunque la manifestación fue liderada por Fecode, fuentes le confirmaron a SEMANA que el Gobierno Petro estuvo promoviendo la participación de sus funcionarios en las marchas. Aunque se enfatizó que la asistencia era “voluntaria”, se organizó la logística para aquellos que desearan unirse a la manifestación.