Air-e, la empresa de energía eléctrica de los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, emitió un comunicado anunciando que se encuentra en comunicaciones con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En el documento, la empresa asegura que “ha trabajado desde el inicio de sus operaciones con el objetivo de ofrecer energía de calidad a precios justos”.

Y agregan que si bien han logrado mejoras en el servicio, las condiciones del mercado llevan a la inestabilidad financiera.

“Si bien hemos logrado mejoras significativas en el servicio, las condiciones actuales del mercado, incluyendo los altos costos de generación y la volatilidad de la bolsa de energía, han puesto una presión considerable en la estabilidad financiera de la empresas comercializadoras y distribuidoras como se ha dado a conocer en los últimos meses”, indicó la empresa a través del comunicado.

Para esto, han estado sosteniendo reuniones con el Gobierno nacional, con el fin de encontrar una solución que les permita continuar prestando el servicio. En el momento, Air-e solo tendría la capacidad de suministrar cinco días más, lo cual pone en riesgo a los tres departamentos.

“En este contexto, estamos en conversaciones activas con el gobierno para encontrar una solución que permita garantizar la continuidad del servicio. Se había mencionado que esperábamos un acuerdo de aquí al final de esta semana; es decir en los próximos 5 días”, indicó.

Y concluyen: “Nuestro objetivo sigue siendo trabajar de manera conjunta con el gobierno nacional para lograr una solución viable y sostenible”.

El pasado lunes, 9 de septiembre, el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, se reunió con Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía. Al parecer, uno de los temas tratados fue la posibilidad de que el Gobierno nacional intervenga Air-e, que sigue entre las posibles salidas a la problemática energética que atraviesa la costa Caribe.

Sin embargo, aún no se toma una decisión en concreto frente a la situación, que tiene a los habitantes de la región pagando elevadas tarifas de energía, de las que también hacen parte rubros por la situación financiera de la empresa y el robo del servicio por parte de algunos usuarios.

La empresa tiene deudas por cobrar de cerca de 1.8 billones de pesos, correspondientes al costo de la energía, los subsidios de los estratos más bajos y la opción tarifaria.

Contraloría advierte “inminente riesgo de racionamiento” de energía

La Contraloría General de la República ha elevado una alerta sobre el alto riesgo de un apagón en el país. Aseguran que cerca de 10 millones de personas, en diferentes regiones del territorio nacional, podrían quedarse sin el servicio público, por cuenta de un retraso del Ministerio de Minas en el pago de los subsidios a las empresas encargadas de suministrar energía.

“Se ha establecido que existe un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esta situación puede derivar en el inminente riesgo de racionamiento y hasta la cesación en la prestación del servicio de energía a más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, en Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada)”, indicó el organismo de control.

También llamó la atención a las superintendencias de Servicios Públicos y de Industria y Comercio, entidades que, según el órgano de control, no han levantado ninguna alerta sobre la posibilidad de que se dé un corte generalizado de este servicio, situación calificada como de “especial gravedad” por la propia Contraloría.