El presidente Gustavo Petro bien podría protagonizar la película Viviendo con el enemigo. Contrario a lo que se esperaba, los mayores dolores de cabeza en su administración no los ha generado la oposición de derecha, sino que han venido por cuenta de sus propios anuncios y los de sus ministros, muchos de los cuales causan alboroto y debate en la opinión pública, pero que al final terminan en nada o generan más incertidumbres que certezas.
Esta situación ha llevado a que incluso entre los mismos miembros del gabinete salgan a contradecirse o protagonicen peleas públicas por diferencias frente a las propuestas que salen al aire.
Uno de los casos más dramáticos es el que tiene que ver con el futuro de la exploración de petróleo. A pesar de que van más de seis meses desde que Gustavo Petro llegó a la Presidencia, en el Gobierno aún no se ponen de acuerdo sobre qué va a pasar frente a la búsqueda y explotación de hidrocarburos.
La polémica se volvió a desatar recientemente por cuenta de las afirmaciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien en los últimos días había manejado un bajo perfil, pero durante un conversatorio en el marco del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, volvió a la polémica al anunciar que el Gobierno no firmará más contratos de exploración de gas y petróleo.
“Decidimos que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, eso ha sido por supuesto muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático porque sabemos que esta decisión, que es planetaria, es absolutamente por urgente”, aseguró la ministra Vélez.
El asunto desató toda una controversia, pues expertos consideran que suspender la búsqueda de hidrocarburos en Colombia es matar la gallina de los huevos de oro.
No obstante, menos de 48 horas después, la ministra Vélez acudió a Twitter para echarse para atrás y explicar que los contratos de exploración y explotación no se acabarán.
“En Davos ratificamos nuestro compromiso con la transición energética y la política de hidrocarburos. No hemos hablado de acabar con contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, pero Colombia se encamina a la transición, hacia producción de energías limpias”, dijo la ministra.
La polémica por esto ha llegado a tal punto que el mismo director de Crédito Público y Tesoro Nacional, José Roberto Acosta, tuvo que salir a aclarar parte de lo dicho por la ministra Vélez y agregó que la transición energética es un tema al que todavía le falta mucho por desarrollar, destacando que el país todavía depende de las rentas que genera el petróleo y, por tal razón, se debe ser muy cuidadoso con este sector de la economía.
Por medio de su cuenta de Twitter, Acosta trajo a colación el discurso dado el pasado jueves por el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, durante su participación en el Foro Económico Mundial, para advertir que todavía le faltan al menos 20 años al proceso para usar de lleno las energías limpias en Colombia y que si bien este avanza por buen camino, no se puede forzar la marcha para que empiecen a operar.
Mientras tanto, el presidente Petro salió a dar una declaración que no hizo más que alimentar las dudas: “No es que se suspendan los contratos actuales de explotación que consiste en sacar la materia prima y de exploración, que consiste en buscar más, esos siguen vigentes”, dijo el mandatario, quien en campaña había anunciado que su primera medida de gobierno sería la suspensión de la exploración petrolera.
Es decir, aún no se sabe si al fin se va a suspender la exploración de hidrocarburos y desde cuándo se haría.
Compra de aviones
Una situación similar se dio con el anuncio del jefe de Estado de comprar nuevos aviones para la Fuerza Aérea con el fin de reemplazar los viejos Kfir, que ya van a dejar de ser funcionales este año. La noticia no pasó desapercibida, desencadenando críticas y recordando la polémica que se hizo cuando esta medida fue optada por gobiernos anteriores. Este cambio costaría 15 billones de pesos.
Petro hizo el anuncio asegurando que “las esposas de los pilotos” de la Fuerza Aérea “me lo van a agradecer” y se desató la polémica en el país, una discusión que se extendió por varios días a finales de diciembre.
Sin embargo, pocas días después, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, salió a anunciar que, a pesar de que ya se tenía negociada una flota de aviones, el Gobierno, por ahora, no podrá hacer la compra debido a que se venció el Conpes que avalaba el uso de recursos para este propósito.
A estas alturas aún no se sabe si el Gobierno elaborará un nuevo Conpes para adquirir los aviones o si el tema quedará ya en el olvido.
Otro punto en el que no hay más que dudas e incertidumbre es frente a la reforma a la salud, de la cual aún no se conoce el texto a pesar de que será radicada al Congreso a principios de febrero.
Uno de los elementos que más causa inquietud en medio de esta discusión es la deuda real que tienen las EPS con las clínicas y hospitales, pues este es uno de los argumentos que más se ha usado desde la Casa de Nariño para justificar la reforma y la eliminación de estas entidades promotoras de salud.
La discusión se ha aumentado en los últimos días por cuenta de las cifras contradictorias que ha dado a conocer la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien ha calificado a las EPS de “ineficientes”.
Hace dos semanas, la ministra Corcho había indicado que el pasivo de las entidades promotoras de salud con las clínicas y hospitales era de 50 billones de pesos, una cifra que causó escándalos a nivel mundial.
Sin embargo, la semanada pasada, la Superintendencia de Salud salió a rectificar a la ministra y reveló que la cifra real es de 23,3 billones de pesos, “de los cuales: 16,6 billones de pesos corresponden a las EPS activas en el sector, 1,7 billones de pesos a las EPS liquidadas y cinco billones de pesos a las EPS en liquidación”.
Este reversazo del Gobierno, de inmediato, generó cuestionamiento en varios sectores, que salieron a preguntarse de dónde salió la cifra de 50 billones que reveló la ministra.
Bienestarina
A comienzos de año, el Gobierno Petro se metió en otro ‘chicharrón’, luego de la petición que le hizo el jefe de Estado al ICBF para que detuviera la compra de la bienestarina para la alimentación de los niños en Colombia que están bajo su protección.
La bienestarina que se da a los niños bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es un alimento precocido, a base de una mezcla de cereales, leguminosa y leche entera en polvo, con vitaminas y minerales y ácidos grasos esenciales de fácil preparación.
No obstante, Petro pidió parar su adquisición debido a que es “un producto importado”.
“Cuando el ICBF entrega bienestarina está cometiendo un grave error, porque la bienestarina es un producto importado al por mayor, hay un contratista, y eso lo reparten a los niños donde no se la roban, pues no”, dijo el jefe de Estado.
El asunto es que, según indagó SEMANA, cumplir la petición de Petro puede resultar difícil para el ICBF, pues el contrato que firmó la entidad para la producción de este alimento va hasta el 30 de noviembre de 2027, es decir, todavía quedan cerca de cinco años de vigencia del contrato.
Así quedó estipulado en la adjudicación de la licitación pública ICBF-LP-005-2021SEN. Según el documento, conocido por esta revista, el contrato, firmado con la empresa Ingredion Colombia S.A., arrancó su ejecución el 8 de abril de este año y finalizará hasta el 30 de noviembre de 2027.
De esta manera, queda en evidencia que el Gobierno se ha caracterizado por grandes anuncios sin tener la ruta clara para su implementación. Como dicen una cosa, dicen la otra.