Un borrador de una resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes ha encendido las alarmas porque prácticamente legalizaría los cultivos de coca de los pequeños cultivadores y les permitiría a los grandes narcotraficantes comprar la droga al menudeo de una manera legal.
El proyecto de resolución, clasificado como confidencial y conocido por SEMANA, ordena que se suspenda la erradicación manual forzosa de los cultivos de uso ilícito familiar, es decir, las áreas de las cuales depende la subsistencia de una familia y que den ingresos mensuales cercanos a los 3.500.000 de pesos.
Lo preocupante del borrador de la resolución es que, más allá de la rentabilidad, no se fija un tamaño del cultivo. Esa precisión se sabrá en un documento técnico posterior, dependiendo de la región donde esté sembrada la droga.
Expertos en lucha antidroga consultados por este medio advirtieron que, de esta forma, se podrían estar legalizando los cultivos de coca y, de paso, los grandes capos podrían cooptar a los pequeños cultivadores para traficar sin ningún control.
La resolución sería firmada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en calidad de presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes, y por Gloria María Miranda Espitia, secretaria técnica de dicho consejo.
El documento plantea igualmente los llamados Acuerdos Territoriales de no Ampliación del Área Sembrada (ATNAS), que deberán firmar las autoridades locales y delegados de juntas de acción comunal o entidades sin ánimo de lucro que representen a los pequeños cultivadores de coca. La idea de estos acuerdos es que los campesinos deberán comprometerse a no aumentar el tamaño de las áreas sembradas con hoja de coca, con corte al 31 de diciembre de 2022.
Preocupa que, en caso de un incumplimiento, la erradicación no se realizaría de forma inmediata, sino que primero deberán realizarse estudios y análisis de riesgos, consultas previas y un plan operativo.
Expertos que han investigado el tema dicen que el borrador de la resolución del Ministerio de Justicia no señala cuál deberá ser la autoridad encargada de autorizar la erradicación forzosa. Se habla de un sistema de monitoreo y alertas tempranas que servirán para hacerle un seguimiento a la suspensión de la erradicación manual forzosa.
El riesgo del borrador del Ministerio de Justicia es que podría ser demandado por incumplir las obligaciones asumidas por el Estado colombiano contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas).
Además, podría frenar en seco la operatividad contra los cultivos ilícitos, lo que disparará la siembra de hojas de coca sin control y la producción de pasta de coca. Así mismo, se aumentaría la guerra territorial por el control de los cultivos de coca, con el agravante de que los campesinos de pequeños cultivos quedarían aún más expuestos.
Un punto importante es que ese borrador podría ir en contravía del acuerdo de paz, teniendo en cuenta que reduce los incentivos para la sustitución de los cultivos ilícitos.