En una carta enviada a la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y a la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), el alcalde de Tunja, Luis Alejandro Fúneme, le pidió apoyo a los demás alcaldes del país para lograr reajustar la estratificación social en los municipios y ciudades del todo el territorio nacional al considerar que ha sido una categorización que ha traído efectos negativos para la comunidad.
De acuerdo con el mandatario local, “la estratificación social, que nació como figura para regular las tarifas de servicios públicos, hoy se usa para todo, desde las tarifas de educación hasta el acceso a subsidios, una asincronía con la realidad”, lo cual ha sido calificada por la propia ONU como “una herramienta que estigmatiza y discrimina”.
Fúneme explicó que la estratificación social en el país está reglamentada por la ley 142 de 1994 y ley 732 de 2002, las cuales son de obligatorio cumplimiento para todos los alcaldes, sin embargo, estas normas han generado un alto descontento en la comunidad, pues desconoce la realidad de cada territorio.
“Hoy nos toca a los alcaldes asumir la tarea de agrupar a la ciudadanía en estratos del 1 al 6, dependiendo de los privilegios que ostentan, con una metodología aplicada a nivel nacional que desconoce la realidad social de cada región, departamento y ciudad. ¿Cómo diferenciar un ciudadano de estrato 1 en Tunja a un ciudadano de estrato 1 en San Andrés o en cualquier otra ciudad del país? Y peor aún, qué clase de privilegios puede ostentar un ciudadano estrato 6 de la ciudad de Bogotá, con un ciudadano de las ciudades y municipios más golpeados por la pobreza y la violencia del país”, señaló Fúneme en la misiva a Asocapitales y Fedemunicipios.
En diálogo con SEMANA, el alcalde Fúneme dio más detalles del porqué considera que la actual estratificación social en el país ya es obsoleta.
“La estratificación en Colombia se da de acuerdo a una metodología establecida por el Dane y está reglamentada por ley. Esta metodología habla particularmente de las condiciones de vivienda y las condiciones de mejoramiento de vivienda que tiene cada una de las familias para la implementación, pero desconoce el entorno social, el IPC, la realidad socioeconómica de los territorios y realmente presenta algunos escenarios de segregación y de contrariedad que viven las personas”, precisó.
En ese sentido, y partiendo del hecho de que la metodología del Dane es un tema legal que está reglamentado por ley, Fúneme le está pidiendo a Asocapitales y Fedemunicipios que lo apoyen en presentar una demanda de inconstitucionalidad de la norma, además de promover un nuevo proyecto de ley que no promulgue la clasificación de seres humanos en números, sino que atienda la realidad socioeconómica de cada familia, a fin de evitar que personas que no necesitan recibir subsidios los reciban y que aquellos que realmente lo necesitan no se encuentren marginados.
“La metodología del Dane es general, que aplica conceptos generales, pero que no obedece a la realidad territorial y particular de cada una de las viviendas, en ese sentido queremos buscar alternativas que nos permitan revisar la ley o reglamentarla”, afirmó el alcalde de Tunja.
En cuanto a la demanda de inconstitucionalidad, Fúneme señaló: “estamos haciendo las mesas de trabajo con Fedemunicipios y Asocapitales, la demanda de inexequibilidad se está trabajando, sin embargo, habrá que hacer un análisis jurisprudencial y de demandas previas en este mismo sentido, para poderla viabilizar”. Algo que consideran un poco inviable, pero aun así buscarán seguir adelante con esta alternativa.
Ahora, frente a la radicación de un proyecto de ley o una reforma, el alcalde de Tunja especificó que el objetivo es reglamentar una nueva metodología de estratificación en el país que considere muchos más aspectos de las realidades de cada territorio del país.
“Se necesita categorizar por familia y por la realidad socioeconómica de cada ciudad, porque en cada ciudad es diferente, porque la actual metodología lo que hace es adoptar condiciones generales para realidades diferentes en cada uno de los entornos del país”, dijo.
Fúneme concluyó que este cambio en la metodología de estratificación es una medida que urge en el país y espera que en el primer semestre se pueda avanzar tanto en la demanda de inconstitucionalidad, como en la construcción del proyecto de ley.
“Es urgente actualizar la metodología porque hay condiciones de desigualdad e inequidad en su aplicación”, concluyó el mandatario local.