Hay un llamado en común de los administradores locales del centro del país: el Gobierno nacional tiene que girar recursos para que las regiones puedan ejecutar los proyectos de inversión que beneficiarán a la ciudadanía. Esa fue la advertencia de los gobernadores de Caldas, Quindío y Tolima, además del alcalde de Manizales, desde Foros Semana sobre cómo está y hacia dónde va el centro del país.
Los mandatarios locales conversaron con el director general de SEMANA, Yesid Lancheros, acerca de la situación de esa región y ratificaron su respaldo a la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). Pidieron que se mantenga el respaldo a la fuerza pública, que a juicio de los administradores se ha visto con las manos atadas por las dificultades para operar.
Sin embargo, cada territorio tiene una petición particular. Desde el Tolima, su gobernadora, Adriana Magali Matiz, le reclamó al Ejecutivo que no haya más cafés para hablar de programas y, por el contrario, se pase a la ejecución; desde Caldas, el gobernador, Henry Gutiérrez, solicitó que se hagan ajustes al sistema de salud; a su vez, desde Quindío, Juan Manuel Gómez le pidió a la Casa de Nariño que deje de ver a los administradores locales como oposición; finalmente, el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, le respondió a quienes aseguran que la reforma al SGP terminaría quebrando al Estado. Estos fueron sus aportes.
La alerta del Tolima
Matiz ha sido una de las gobernadoras más críticas con el Gobierno de Gustavo Petro, pues aseguró que la Casa de Nariño se ha dedicado a hacer mesas de trabajo con las regiones que no se traducen en programas que lleguen a las zonas apartadas de Colombia. “No hemos pasado de las reuniones a las ejecuciones y a lo que hoy nos está pidiendo la gente, porque al Gobierno nacional le hace falta llegar con inversión a los territorios”. Dijo que lleva varios meses esperando los resultados de las mesas técnicas, a las que les cambian los funcionarios a cargo de los temas, lo que termina traduciéndose en un reproceso administrativo.
La gobernadora del Tolima hizo un llamado para que las conversaciones sobre la autonomía y la descentralización no se queden en el papel, “porque vemos pocas ejecuciones en materia de descentralización y una verdadera autonomía para las regiones”.
De hecho, indicó que el sector privado es el que ha estado dando recursos a los territorios ante la falta de fondos públicos, por lo que ve necesario que se apruebe el proyecto de reforma al SGP que está en trámite en el Congreso de la República. “Nos han asignado funciones, pero no nos han asignado recursos para cumplir esas funciones. Es muy fácil estar gobernando desde un escritorio en Bogotá sin tener en cuenta la realidad que vivimos nosotros desde los territorios”, cuestionó.
La construcción de caminos veredales, dijo la gobernadora, no debe estar en manos del Gobierno a través de Juntas de Acción Comunal, sino de las mismas regiones con los recursos que les giren. “Los gobernadores y alcaldes no estamos pidiendo esos recursos para burocracia, sino para inversión y para llegar a esa Colombia profunda de la que muchos hablan en Bogotá, pero que desconocen”.
Matiz viene advirtiendo sobre los problemas de seguridad del sur y del norte del departamento provocados por las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá Córdoba, punto sobre el que advirtió que “no hay peor inseguridad que la causada por la inacción del Estado. En las regiones nos han dejado solos”.
Blindar a Caldas
El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, está convencido de que el Estado colombiano tiene una deuda con las regiones que hace que los recursos que se han estado girando resulten insuficientes para atender los problemas que tienen. “Sí hemos conseguido colaboración del Gobierno nacional, pero las necesidades son tan grandes que lo que hemos alcanzado son pañitos de agua tibia”, consideró el mandatario departamental durante su intervención en Foros Semana.
Gutiérrez forma parte de las decenas de mandatarios que respaldan el trámite del proyecto de reforma al SGP, que va para su séptimo debate en el Congreso, articulado que promete ser aprobado en las próximas semanas y que redefinirá la manera en la que se distribuyen los recursos públicos en el país.
“El Estado tiene una deuda gigantesca con las regiones y desde las regiones se construye el país. El aumento del SGP sería un apoyo gigantesco”, puntualizó. Ese texto plantea que esos recursos pasen del 22 por ciento del Presupuesto General de la Nación al 46 por ciento, lo que las dejará con muchos más fondos bajo su administración, pero significaría un hueco para las cuentas del Gobierno nacional. Empero, la postura de este y otros administradores locales es que sus obligaciones están creciendo en asuntos como el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
En relación con la seguridad del departamento, Gutiérrez comentó que “ha habido incursiones de los grupos ilegales, pero hemos tratado de bloquear nuestras fronteras. En Caldas, al igual que Quindío y Risaralda, no tenemos grupos armados en este momento en nuestro territorio. Caldas, en las estadísticas de Policía, Ejército y Fiscalía, es el departamento más seguro del país”.
El gobernador Gutiérrez es médico de profesión y considera que “el sistema, de fondo, es nefasto. El Gobierno, con su Ley 100, hizo proliferar un montón de EPS privadas que se enriquecieron, captaron la plata y se fueron sin ninguna póliza de garantía. Es un sistema que con las intervenciones no ha mejorado. Sí tiene que haber reforma a la salud”. Finalmente, cerró su intervención en Foros Semana prometiendo que, “si tenemos que dejar de hacer carreteras para que nuestros niños tengan alimentación, lo voy a hacer, porque nuestra gente es la bandera de este Gobierno”.
Quindío pide transferencias
Juan Miguel Galvis relató que lleva un año solicitando al Gobierno nacional que no lo vea como oposición, pues, aseguró, está gobernando para todo el departamento del Quindío.
“Nosotros necesitamos que nos escuche el Gobierno, porque conocemos las necesidades que tenemos en el territorio. Somos los que construimos desde las regiones, los que conocemos las necesidades latentes en cada región”.
Ante las dificultades presupuestales para ejecutar obras, en esa parte del país las mejoras de vías se han estado haciendo con la mano de obra de los ciudadanos que se ofrecen a trabajar por sus comunidades a través de Juntas de Acción Comunal.
“Necesitamos las transferencias. Nos cargan y nos cargan obligaciones y las transferencias no han aumentado y nosotros las necesitamos. Con el recurso que tenemos actualmente es imposible asumir lo que nos han cargado, como los preescolares. Los departamentos necesitamos el aumento de esas transferencias, es la única forma de que subsistamos”, comentó Galvis durante su intervención en Foros Semana.
El gobernador resaltó que el departamento tiene cuatro batallones que se encargan de la seguridad y facilitan que esta sea una de las zonas más seguras de Colombia. “Nosotros tenemos blindado el territorio quindiano y por eso tenemos un alto porcentaje de creación de empresas. El Quindío es un departamento de paz”, enfatizó el mandatario regional. En ese sentido, la gobernadora del Tolima alertó a su departamento vecino, pues las disidencias de Calarcá quieren tomarse la ruta del Alto de la Línea, lo que afectaría al Quindío
Como conclusión, Galvis le envió un mensaje al Gobierno nacional para que se hagan ajustes al sistema de salud. “Sí, estoy de acuerdo con la reforma, no en su totalidad, pero sí hacerle algunos ajustes. He escuchado a las IPS privadas pidiendo llamar a los interventores porque no tienen cómo pagarles a los médicos. Eso lo deja a uno sin saber qué camino coger. No está funcionando el sistema”, aseveró.
Manizales pide recursos
Jorge Eduardo Rojas llamó la atención sobre los proyectos, ya que no están llegando a la capital caldense, una de las ciudades motor del Eje Cafetero. “Sí hay conversación, pero no hemos logrado que lleguen los recursos. Uno ve al presidente dando instrucciones de que se giren las platas, pero los proyectos no llegan. Nosotros no podemos llorar y tenemos que ejecutar”, comentó.
En ese sentido, se sumó a las voces de los otros administradores locales que reclamaron un incremento en el SGP, efectuado de manera proporcional a la situación fiscal de cada Gobernación y Alcaldía, pues, afirmó, les han incrementado las funciones a las administraciones locales en casos como el PAE, el transporte escolar y la calidad educativa, y recursos para sindicados no penados. “Nos subieron las funciones y ninguna de ellas vino acompañada de lo más importante, la fuente de financiación”, aseveró Rojas.
En medio de la discusión sobre la reforma al SGP han surgido alertas de exministros que consideran que el proyecto, estudiado actualmente en el Legislativo, podría quebrar las arcas del Estado, y el alcalde de Manizales los invitó a “ponerse en los zapatos” de las administraciones locales. “Tengamos la responsabilidad de no quebrar el Estado, pero que no se les olvide que muchas funciones ya las tenemos”.
El alcalde Rojas confirmó que su objetivo es potenciar el turismo, pero para esto se necesita que haya seguridad, una tarea que está en manos del Estado. “El mensaje es que le desaten las manos a la fuerza pública, con el respeto total de los ciudadanos y de la ley”, concluyó el alcalde en Foros Semana.
Los llamados de seguridad de los gobernadores tienen lugar en un escenario en el que el Gobierno nacional está en medio de conversaciones de paz con los grupos armados que tienen afectadas a zonas del país como Tolima. Precisamente, la Casa de Nariño lleva a cabo una agenda de conversaciones con las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc, las mismas que la gobernadora del Tolima señala de querer tomarse las zonas que colindan con una de las principales vías del Eje Cafetero, como La Línea.
En relación con los llamados a ajustar los vacíos del sistema de salud, recurrentes entre todos los administradores locales, el Ejecutivo acaba de conseguir que la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes apruebe la reforma a la salud en primer debate. Ese texto está a punto de entrar a la plenaria de esa corporación en medio de reclamos sobre la falta de un aval fiscal y los llamados de urgencia a que, antes de pensar en reformar el sistema desde sus bases, se atiendan los problemas urgentes que están enfrentando los pacientes en el país.
Finalmente, la discusión sobre la autonomía fiscal de las regiones y las nuevas distribuciones del Sistema General de Participaciones han centrado la discusión entre el Gobierno y los departamentos y las Alcaldías. Lo cierto es que varios exministros y congresistas han asegurado que la aprobación de ese proyecto de ley pondría en la cuerda floja la sostenibilidad fiscal del Estado colombiano.