Una nueva polémica se abre en Bogotá con la intención de la administración distrital del alcalde Carlos Fernando Galán de instalar 80 nuevas cámaras de fotomultas en la capital del país para el año 2025. Así está establecido en el proyecto de acuerdo del Presupuesto de la ciudad para el próximo año que radicó el Distrito en el Concejo.
En la exposición de motivos, en el aparte de ingresos para el sector movilidad, se lee textualmente: “Para el año 2025, se realiza la proyección con la entrada en operación prevista de ochenta nuevas cámaras de detección electrónica de infracciones, y para los años siguientes se realiza la proyección de acuerdo con los supuestos macroeconómicos vigentes (IPC) y asumiendo un incremento en la imposición por la instalación de nuevas cámaras”.
Al respecto, el concejal del Centro Democrático, Humberto ‘Papo’ Amín, quien ha puesto la lupa sobre las cámaras de fotomultas en la ciudad, cuestionó: “¿Es esta una estrategia para mejorar la seguridad vial o una herramienta para aumentar los ingresos del Distrito?”.
De acuerdo con el cabildante, antes de implementar estas 80 nuevas cámaras de fotodetección, sería más adecuado no solo realizar estudios de velocidad que determinen los límites que soportan los corredores viales principales, sino los que respalden su efectividad, ubicación y necesidad.
“Es momento de que se tenga en cuenta a los conductores de la capital del país, alguien tiene que defenderlos”, indicó Amín.
La exposición de motivos del proyecto de presupuesto, desarrollada por la Dirección Distrital de Presupuesto, revela que la proyección de ingresos por infracciones de tránsito y transporte se realizó utilizando un modelo que tiene en cuenta el incremento en el número de comparendos. Esto incluye el impacto que tendrán las 80 nuevas cámaras, que estarían operativas a partir de 2025, según las estimaciones. Además, los ingresos proyectados se basan en el comportamiento histórico de sanciones y el aumento de la “imposición” de multas mediante sistemas de detección electrónica.
La metodología empleada para proyectar el recaudo utiliza modelos estadísticos basados en un método que considera los datos de años anteriores (2022, 2023 y hasta mayo de 2024), inclusive se reconoce que se tienen en cuenta las gestiones necesarias de recuperación de cartera.
Sin embargo, de acuerdo con el concejal Amín, no se ha evidenciado ni demostrado por parte de la Secretaría de Movilidad que esta medida esté enfocada en salvar vidas o en mejorar la seguridad vial, sino en incrementar el número de fotocomparendos para fortalecer el recaudo de ingresos.
Ante esta nueva medida contemplada en el Proyecto de Presupuesto 2025, Amín le hizo un llamado al alcalde de Bogotá y cuestiona realmente si esto es lo que busca la Administración Distrital: “¿Alcalde Carlos Fernando Galán, está usted de acuerdo con implementar estas nuevas cámaras sin que sea claro y demostrado el objetivo de reducir los accidentes de tránsito y proteger la vida de los ciudadanos?, ¿Es prioritario recaudar más a costa de los bogotanos sin asegurar una mejora en la seguridad vial?”
Para el concejal Amín ese rubro donde pretenden añadir recursos para más cámaras de fotodetección debe ser revisado con lupa para determinar su procedencia y necesidad, así como también hacer un seguimiento riguroso en detalle de en qué se han gastado los cuantiosos recursos percibidos por parte de las multas de tránsito en Bogotá.
“Es preciso que revisemos la procedencia de esos nuevos recursos para cámaras de detección electrónica de infracciones, porque ya comprobé con cifras que no salvan vidas y tampoco la ciudadanía ve la inversión de esos recursos que en teoría debían ser gastados en ejecución de los planes y proyectos del sector movilidad, en planes de tránsito, transporte y movilidad, en educación, en combustible, en seguridad vial, o en transporte motorizado”, puntualizó el cabildante.