Con la decisión del alcalde Carlos Fernando Galán de designar a 16 de los 20 alcaldes locales que tiene Bogotá, después de un arduo proceso de selección, no solo se busca alinear a las diferentes localidades con los objetivos trazados desde el Palacio de Liévano, sino además corregir las irregularidades que venían sucediendo en los fondos de desarrollo local desde la administración de la exalcaldesa Claudia López.
La ejecución de recursos en las alcaldías locales presentó varias posibles anomalías en los últimos años, desde posibles sobrecostos, posibles cobros de coimas a contratistas expuestos ante la opinión pública, falencias en la planificación y diseño de obras, hasta duplicidad de contratos, entre otras, lo que deja evidencia el despilfarro de dinero en unas alcaldías que en su conjunto manejan recursos por 2 billones de pesos. Incluso hay localidades que tienen un presupuesto mayor al de cualquier municipio de sexta o quinta categoría en el país.
La propia Contraloría de Bogotá estableció 40 hallazgos con presunta incidencia fiscal en los Fondos de Desarrollo Local (FDL) en las 20 alcaldías por 11.200 millones de pesos. Además, el Concejo y medios de comunicación han revelado la exigencia de pago de coimas en las alcaldías a cambio de mantener millonarios contratos.
De acuerdo con el órgano de control, los hallazgos en las 20 localidades que obligaron a la apertura de procesos de responsabilidad fiscal a alcaldes locales y contratistas, obedecen a obras inconclusas, pagos indebidos en contratos, deficiencias en obras terminadas, entre otras alertas. SEMANA logró tener acceso a cada uno de los informes que configuraron los hallazgos fiscales.
En Rafael Uribe, un convenio interadministrativo que buscaba promocionar emprendimientos locales, terminó en subcontratación y pagos indebidos por más de 1.915 millones de pesos, pues no se cumplieron las obligaciones contractuales, ni se entregaron los productos descritos en el convenio.
“En Rafael Uribe también se contrataban familias completas. Durante la administración de Claudia López, las alcaldías locales tristemente fueron la muestra clara de la ineficiencia y se convirtieron en fortines políticos, burocráticos y de despilfarro. Se contrataron proyectos fantasmas que nunca nadie vio, pero que sí terminaron enriqueciendo a unos cuantos”, aseguró al concejal Diana Diago.
En la alcaldía local de Bosa, por su parte, la Contraloría estableció un hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $891,5 millones. Este hallazgo se estableció en un contrato para prestar los servicios para la ejecución de acciones de mitigación del riesgo y atención de emergencias en la localidad de Bosa.
Según lo estableció el órgano de control, hubo indebida planeación, ausencia de estudios y/o conceptos técnicos expedidos por la entidad competente que determinaran el nivel de riesgo, emergencia y la necesidad de la inversión eficiente y eficaz de los recursos públicos.
En las visitas realizadas por el ente de control a cinco de los puntos intervenidos, se estableció que se invirtieron recursos en el sembrado de matas (ajo de rico, agapantos, clavel chino y lirio de páramo) tierra negra, listones de madera cortos y largos, 300 metros de alambre de púa, manila de un centímetro de espesor, estableciéndose que el costo total de los cinco puntos intervenidos es $71.501.150.
Luego de verificar el estado de los elementos instalados en el sector visitado, se puede concluir que la calidad no fue la apropiada, que los materiales empleados no fueron técnicamente previstos y que como resultado la durabilidad o tiempo de utilidad no es la que se espera, para el impacto esperado.
Así mismo, se identificó que la estrategia no fue eficaz, si se tiene en cuenta que el propósito fue mitigar la presencia de desechos, escombros y basura dejada en este punto y que genera la problemática de basuras en el sector, prueba de ello el registro fotográfico donde se aprecia material sólido, como bolsas plásticas, vasos desechables y otros elementos como heces presuntamente de caninos, adicional a los argumentos dados por la comunidad.
En consecuencia, de acuerdo con la Contraloría, se evidenció un deterioro de los elementos instalados, dado que los materiales no garantizan una durabilidad. Por tanto, fue posible observar el uso desproporcionado del gasto, dado que se evidencia que por parte de la administración hubo un punto de control que validara los conceptos de lo cobrado sobre la calidad e idoneidad de los materiales.
Por otro lado, se intervinieron otros sectores, mediante la estrategia de ubicación de materas en concreto, con plantas de bajo porte, de las mismas especies sembradas en los otros puntos intervenidos (ajo de rico, agapantos, clavel chino y lirio de páramo), sobre los andenes de estos lugares, afectando en algunos de estos puntos el espacio público, toda vez que se disminuyó la zona de circulación peatonal, dificultando el tránsito para personas en condición de discapacidad, efecto que determina la misma ausencia de conceptos técnicos y estudios adelantados por las entidades competentes. Es preciso señalar que el criterio para adelantar esta estrategia fue la de mitigar el efecto del arrojo de basuras; sin embargo, es evidente que el efecto esperado no se cumplió.
Esta situación derivó en una inefectividad e ineficacia no solo en la estrategia adoptada sino en la inversión, afectando considerablemente el propósito que se buscaba con la inversión de los recursos.
De otro lado, en Ciudad Bolívar, la Contraloría estableció un hallazgo administrativo, con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por pagar a personas que no reunieron los requisitos para hacerse acreedoras a un subsidio Tipo C, por la suma de $428 millones.
Según lo explicó la Contraloría, algunos de los beneficiados no tenían encuesta de sisbén que estableciera su grado de vulnerabilidad que los hiciera acreedores al subsidio Tipo C. Otros registraban como grupo el D, lo que los calificaba como “No pobre no vulnerable”, que tampoco aplicaba para este subsidio.
“Yo denuncié el sobrecosto de 90 % en más de 1.000 insumos de primeros auxilios para dotar a las 46 juntas de acción comunal en Suba. En la alcaldía local de La Candelaria se pagaron seis televisores por un valor de $41 millones, cuando esos mismos televisores no debieron haber superado los $9 millones, significando un sobrecosto de casi el 357 %”, indicó la concejal Diago.
¿Qué dice la alcaldía mayor?
El secretario distrital de Gobierno, Gustavo Quintero, reconoce las irregularidades que heredaron de la administración anterior en las alcaldías locales en Bogotá.
“Para nosotros es muy importante esas observaciones que hace la Contraloría porque nos permite entender de alguna manera dónde están los problemas, entonces los asumimos, además respondemos frente a eso, pero los acogemos además como lecciones aprendidas de lo que no puede volver a pasar”, aseguró Quintero en un principio.
El funcionario distrital agregó: “tenemos un reto gigante y es que los alcaldes son autónomos en las definiciones de los gastos y cómo se ejecutan los recursos, pero por supuesto tienen que estar alineados, por eso para nosotros en la entrevista era muy importante que los alcaldes seleccionados se conectarán con el proyecto de ciudad que tiene el alcalde Carlos Fernando Galán”.
El secretario Quintero, como se ha denunciado en el Concejo, confirmó que en las alcaldías locales efectivamente, en ocasiones, se hacen contrataciones familiares y duplicidad de contratos.
“Son varias cosas que queremos revisar. Primero, ese tema familiar que nos hemos dado cuenta durante este semestre, además de otras prácticas que queremos evitar. Lo segundo, es la multiplicidad de contratos, hay personas que tienen entre cuatro y cinco contratos entre las diferentes localidades. Cuando una persona tiene cuatro contratos, pues obviamente no va a hacer bien su labor y va en contravía de los recursos públicos que son tan importantes”, enfatizó Quintero.
Ahora, frente a los casos que han salido a la opinión pública de posible cobro de coimas para a contratistas, Quintero aseguró: “les pido a quienes trabajan en las alcaldías locales, quienes tienen un contrato de prestación de servicios, a la ciudadanía, que nos cuenten lo que pasa porque no podemos permitir que ninguna de estas prácticas continúe. No podemos generalizar, pero sí hay prácticas que se deben cortar”.
Frente a todo este panorama, Quintero reveló que desde la Alcaldía Mayor habrá más control a la ejecución de recursos y habrá una unidad de transparencia en las alcaldías locales.
“Vamos a tener una unidad de transparencia encargada de revisar cómo se dan los procesos, desde la estructuración misma, hasta la adjudicación y la ejecución de los contratos”, subrayó.