El excandidato presidencial Alejandro Gaviria cuestionó el proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) que impulsa el Gobierno en el Congreso y con el que se buscaría descentralizar las finanzas del país y darles mayor autonomía a las regiones.

Sin embargo, más allá de ese propósito, la propuesta ha sido criticada por distintos sectores porque podría tener un impacto negativo en las finanzas del país, según expertos.

“El presidente Petro plantea no una redistribución de competencias y sus correspondientes recursos, sino un aumento sustancial de las responsabilidades del Estado sin ninguna planeación fiscal. Contradice, además, la reforma a la salud que postula la centralización de los recursos en la Adres. No menciona de qué manera la Nación va a transferir los recursos que hoy concentra: el DPS, por ejemplo, debería transferir la mayoría de sus programas. Ya no tendría sentido en el nuevo esquema descentralizado”, afirmó Gaviria.

Alejandro Gaviria criticó la propuesta del Gobierno. | Foto: Juan Carlos Sierra

Y lanzó una crítica al Gobierno: “Improvisación y politiquería. Están poniendo en juego el equilibrio fiscal de Colombia con el propósito de conseguir algunos apoyos políticos. Una locura”.

Gaviria le contestó a Petro un mensaje en el que el mandatario dijo que tomó la decisión de respaldar la iniciativa porque aumentaría del 26 al 46 % los ingresos corrientes de la Nación y que esos recursos deberían trasladarse de forma gradual.

Petro aseguró que debe supeditarse una ley de competencias para los municipios con el objetivo de trasladar competencias que antes estaban centralizadas en la Nación. Defendió la propuesta diciendo que no aumentaría el déficit fiscal, como algunos expertos le han reclamado.

El presidente Gustavo Petro defendió su propuesta. | Foto: Juan Carlos Sierra

“La fórmula de reparto en la ley de competencias debe cerrar las brechas entre las regiones y, por tanto, debe privilegiar las regiones más excluidas para concretar la paz”, afirmó Petro.

Asimismo, dijo que el aumento de competencias en el sector salud debe cubrir todo el sistema de atención primaria para los municipios, así como en educación para preescolar, jornada única y dos años de educación superior gratuita en colegios.

“Ante el incremento sustancial del poder del municipio, que el acto legislativo produce, se necesita una ciudadanía más unida y organizada que haga que el salto en la descentralización se convierta en un salto en profundidad, de la democracia local. El dinero no es para las mafias locales, es para las necesidades de la ciudadanía”, aseguró Petro.

Una de las que criticó la propuesta fue la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien mencionó que en el punto de la educación se estaría buscando pagar un favor a Fecode.

“Me parece que esta es una promesa del Gobierno a Fecode, porque lo que pretenden es más recursos para la cobertura de niños de los 0 a 5 años, entregándoselos todos a Fecode. Y por supuesto seguiré defendiendo que los privados puedan participar en la formación y educación de nuestros hijos”, denunció Valencia.

El proyecto se discutirá en el Congreso. | Foto: Semana

La senadora del uribismo cuestionó que desde el magisterio continúen manejando la educación del país a su antojo cuando no están dando buenos resultados. “Los niños y la primera infancia requieren especialización y no pueden ser promesas de campaña a un sindicato que le donó al Gobierno los que determinen el futuro de los niños”, cuestionó.

El proyecto ha generado un amplio debate que en las próximas horas se trasladará al Congreso. El senador Ariel Ávila, ponente de la iniciativa en el Senado -donde se discutirá en la plenaria- defendió la propuesta.

“Lo de hoy ha sido increíble, se les cayó la careta. Algunos habla de igualdad, democracia e importancia de las regiones, pero ahora son defensores del centralismo y el sistema desigual. Quieren perpetuar el apartheid geográfico de este país. Centralistas, autoritarios y mentirosos”, aseguró.

Sin embargo, un grupo de 25 exministros y ex viceministros de Hacienda publicaron una carta en la que dicen que con ese argumento se podría sacar adelante un proyecto que sea nocivo para las finanzas del país.