“Quieren que deje de ser presidente porque cuatro o cinco vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren. No lo quiere ningún juez penal, porque el presidente no ha cometido ni cometerá delito alguno”, dijo Gustavo Petro el pasado 8 de mayo, cuando conoció la ponencia con formulación de cargos contra la campaña Petro Presidente.
Tal vez sin quererlo, el mandatario incrementó los riesgos de seguridad de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que desde hace meses vienen advirtiendo algunos riesgos que, por ahora, estaban tratándose de manera reservada para no generar polémicas innecesarias y en medio de las investigaciones que se adelantan. Sin embargo, la situación es compleja.
Cuando se hacen las salas plenas, la Policía acordona todo el edificio, que está ubicado en la carrera Séptima con calle 32 y los pisos cuatro, cinco y seis de dicha edificación se llenan de uniformados y perros antiexplosivos. La razón: las autoridades tendrían información relacionada con que grupos como la denominada primera línea podrían ingresar, sabotear o limitar el acceso a las instalaciones del CNE.
Además, se busca evitar una asonada como la que ocurrió en febrero en el Palacio de Justicia y a la que el Gobierno le restó importancia. El problema de fondo es que el CNE está en un edificio donde además hay oficinas del Ministerio de Agricultura, del Departamento de Prosperidad Social y un centro comercial, por lo que controlar tantos visitantes a diario es una tarea casi que imposible. Cualquier persona con un carnet puede llegar a cualquiera de estas entidades sin problema alguno. Dicha edificación tiene una seguridad limitada, pero no la necesaria para contrarrestar un eventual ataque.
Los magistrados tienen temor, a algunos de ellos les han llegado mensajes con amenazas por hacer su trabajo. Todo está relacionado con la investigación que se adelanta contra la campaña Petro y aunque han querido mantener la calma, no se puede subestimar cualquier intimidación y más en un ambiente político tan caldeado como en el que está Colombia actualmente.
La Policía Nacional tiene un enlace en el Consejo Nacional Electoral y es la persona que ha conocido todos los detalles de los posibles riesgos de seguridad que existen, por eso las medidas se han incrementado. Como si esto fuera poco, los magistrados están trabajando en un ambiente de desconfianza porque los temas que tocan en las salas plenas se filtran de inmediato y les notifican estando en plenas reuniones.
Debido a esto, tampoco se descarta que estén siendo objeto de espionaje, por lo que periódicamente se están haciendo revisiones con caninos y equipos de tecnología para detectar micrófonos o cámaras. Por ahora, no se ha encontrado nada, pero la zozobra se mantiene.
Los problemas de seguridad vienen desde que se posesionaron en sus cargos porque la Registraduría se encargó de proporcionarles carros blindados, pero desde enero de 2023 se pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que cumpliera con la Constitución, ya que los magistrados del CNE ostentan las mismas calidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema, es decir, deben contar con un esquema de seguridad en razón del cargo que tienen.
Ese fue un logro que alcanzaron y finalmente a los magistrados se les asignaron esquemas de seguridad, excepto uno que no ha recibido esa protección y tiene en su despacho varios procesos delicados. Esta persona debe movilizarse sin escoltas y no entiende por qué la UNP no le ha ofrecido medidas de seguridad. A pesar de estos problemas, los magistrados seguirán con sus labores, pero piden al Estado que se mantengan las garantías de seguridad para poder estar tranquilos.