“El presupuesto de 2023 tiene el sello del presidente Gustavo Petro”, dijo el senador Jhon Jairo Roldán en la sesión de las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República (terceras y cuartas de Senado y Cámara), en la cual los parlamentarios aprobaron el monto nuevo de la carta financiera, ahora por 405,6 billones de pesos, desde los 391,4 billones que había presupuestado el gobierno anterior.

Precisamente, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, volvió a insistir en que el trámite del presupuesto debe tener una transformación, de manera que no sea tramitado por la administración saliente, sino por la que llega.

Pero hay un malestar en algunos sectores al considerar que un billón de pesos para la educación no será suficiente. Por ejemplo, la representante a la Cámara del Partido de la U, Saray Robayo, dijo que la inversión en la educación no debe ser un discurso de campaña y que este es el momento de pasar a las acciones.

Según la congresista, el rubro destinado para la educación no es suficiente para que el gobierno del presidente Gustavo Petro cumpla con los propósitos que tiene, teniendo en cuenta que la adición al Presupuesto General de la Nación fue de 14.5 billones de pesos.

Por esa razón pidió que el aumento del gasto social incluya inversión para la educación en los territorios más alejados, para que los jóvenes de escasos recursos puedan desarrollar sus potencialidades y avanzar en la igualdad de oportunidades por medio de la educación y mejor acceso al empleo.

“Cuando hablamos [de] inversión en la educación superior pública no se trata solo de infraestructura, también es importante la permanencia y calidad, y para esto le estamos proponiendo al ministro de Educación que desde su cartera se genere una articulación con los recursos existentes en la Ley 2056 de 2020, que reformó el Sistema General de Regalías, y define que el 5 % de las asignaciones directas deben estar dirigidas a la educación superior, pues estos recursos superan los 189.000 millones “, dijo Robayo.

La legisladora expresó en el Congreso que el fortalecimiento de la educación superior pública debe estar articulada entre el nivel nacional y los gobiernos locales, para lograr las metas trazadas como país. “Si de verdad se les quiere cumplir a los jóvenes de llevarles una educación superior que garantice la permanencia dentro del sistema y la calidad para afrontar y adaptarse a los cambios tecnológicos y los requerimientos de los mercados laborales”, dijo.

Robayo afirmó que es necesario que se contemple en la distribución de la reforma tributaria y del Presupuesto General de la Nación, recursos de inversión para el fortalecimiento de la educación superior pública: “El 98 % del Presupuesto General de la Nación para el sector de educación es inflexible, ya que por tratarse de recursos que ya tienen destinación específica, el monto para la inversión es reducido”.

La reorganización de los rubros fue presentada por el ministro de Hacienda e implica que se adicionan 14,2 billones de pesos al monto original con el cual entró la propuesta al Congreso.

El gasto de funcionamiento, que era de 250,6 billones pasará ahora a ser de 254,5 billones, lo que Ocampo sustentó con el incremento que ha tenido la inflación en el país, con la cual están indexados los salarios de los servidores públicos.

“Los supuestos de este gasto se hicieron con una inflación de 8,5 % y ahora el estimativo es superior al 10,5 %”, dijo el ministro.

Entre tanto, del pago de la deuda fue de donde más se raspó para poderle pasar más recursos a los otros dos rubros que forman parte de la torta presupuestal (funcionamiento e inversión). La obligación crediticia del país amortizará 77,9 billones de pesos, mientras la inversión crece en 10,2 billones de pesos hasta alcanzar 73 billones de pesos.

El senador Efraín Cepeda fue uno de los que salió a abogar por la inversión, pese a que confirmó que es partidario del incremento del monto general del Presupuesto.