El debate de la reforma judicial ya se calienta en el Congreso. Se trata del proyecto que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro recientemente, pero que ya está generando profundas críticas por los beneficios que daría a algunos delitos con el objetivo –según el Gobierno– de llegar a los autores materiales y obtener más información.
El representante a la Cámara, Hernán Cadavid, del Centro Democrático, alertó sobre un artículo que podría despertar bastante polémica dentro de la iniciativa. Según dijo, se les buscaría otorgar el principio de oportunidad a funcionarios elegidos por voto popular que hayan sido financiados por grupos ilegales.
“Hemos encontrado la dificultad en el sentido de otro gran y enorme ‘orangután’ y es que están incorporando la posibilidad de darles principio de oportunidad a las personas que hayan accedido a cargos de elección popular con el respaldo de los grupos armados al margen de la ley. ¿Para quién es ese artículo?”, cuestionó el congresista.
Cadavid le trasladó la pregunta al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que se encontraba en ese momento en el recinto de la Comisión Primera de la Cámara. El reclamo fue en medio del preámbulo del debate de la reforma política, otra de las apuestas del Gobierno Petro en el Congreso.
“Yo sí le pido a esta comisión, por donde se va a tramitar ese proyecto de ley, dizque de reforma a la justicia, que no aceptamos de parte nuestra en esta curul flexibilizaciones en materia de acción penal, cuando se trate de presuntos delitos contra menores de edad en Colombia”, solicitó el congresista del uribismo.
Cadavid pidió que sea retirada la reforma judicial por otra alerta que se ha generado en los últimos días por el principio de oportunidad que les daría a abusadores y homicidas de menores de edad, una propuesta que ha generado bastante indignación, especialmente cuando se conoció la muerte de Sofía Delgado, la menor de edad que habría sido presuntamente asesinada por Brayan Campo.
“No se compadece que en un momento como el que está viviendo el país, en el cual asistimos con dolor todos a los hechos de violencia sexual contra menores de edad y posterior muerte, que el Gobierno entregue un proyecto para discusión donde lo que se halla es la flexibilización en el tratamiento penal contra los presuntos responsables de delitos sexuales. Pero, ¿en qué cabeza cabe que mientras un fenómeno se está profundizando aquí lo que se está proponiendo es que el Gobierno insista con flexibilización en materia penal contra eso?”, reclamó el congresista.
La reforma judicial ha tenido varias críticas por parte de distintos congresistas de diversos sectores. Una de ellas fue la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde. “La propuesta de rebajar las penas a violadores de niños es un reflejo alarmante de la indolencia del Gobierno y de la desconexión con la realidad que viven las víctimas. Si realmente quieren combatir la impunidad, la solución no es premiar a los agresores”, dijo Miranda.
Por su parte, el senador Jota Pe Hernández dijo que cuando se discuta el proyecto en la Comisión Primera del Senado, donde él está presente, radicará una proposición para eliminar ese artículo que brinda el principio de oportunidad para esos criminales.