Alfredo Mondragón, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, se refirió en la mañana de este miércoles 3 de abril a la decisión de la Superintendencia de Salud de intervenir Sanitas, la principal EPS privada del país, con más de 5,7 millones de usuarios.
Pero más allá de dar luces de por qué el Gobierno Petro tomó esta decisión, el representante a la Cámara entregó polémicas declaraciones en entrevista con W Radio, dando a entender que la intervención a Sanitas obedece a que Keralty, dueña de la EPS, “financió partidos interesados en tumbar la reforma a la salud”.
Sanitas “es una entidad que tiene una situación muy polémica porque es propiedad de la multinacional Keralty, que está siendo denunciada por financiar campañas de partidos tradicionales en Colombia”, dijo Mondragón.
Y a renglón seguido, puntualizó: “Es evidente que los partidos que tienen asiento en el Congreso que fueron financiados por Keralty, dueña de Sanitas, están interesados en tumbar la reforma a la salud. No solamente en este momento, sino durante todo un año que llevamos en esta discusión, entonces, al Gobierno le toca actuar con las herramientas que tiene para proteger a la ciudadanía”.
En sus declaraciones, el congresista del Pacto Histórico señaló directamente al Centro Democrático: “Esta financiación de Keralty ha logrado arrodillar de manera explicita al Centro Democrático sobre su actuación sobre el tema, comportamiento distinto que han tenido colegas de otros partidos que, aunque su partido haya recibido financiación, ellos no correspondieron al interés de favorecer a esa multinacional, a la que le interesa que se caiga la reforma a la salud”.
Por otro lado, el representante por el Valle del Cauca señaló que “Sanitas, en los últimos meses, ha incrementado de manera escandalosa el número de quejas que reciben. Acumuló en el 2023 más de 185.000 quejas por negación de derechos y eso va de la mano con los problemas financieros que viene acumulando esta EPS”.
Y agregó: “Sanitas es una entidad que no responde con los criterios de aseguradora como patrimonio adecuado y tampoco se sabe qué ha hecho con el régimen de inversiones para soportar las reservas técnicas”.
Aunque la EPS atraviesa por una profunda crisis financiera, la intervención causó gran sorpresa y se ha interpretado como una retaliación del Gobierno Petro contra las EPS y el sistema de salud, ante el inminente hundimiento de la polémica reforma en la Comisión Séptima del Senado, que se daría justamente este miércoles.
La polémica intervención radicaliza aún más las posiciones en el Congreso, donde el Gobierno Petro no ha podido generar consensos ni convencer sobre la necesidad de una reforma que, justamente, elimina el papel de las EPS como se conoce en la actualidad.
“La Superintendencia Nacional de Salud acaba de tomar posesión de los bienes, haberes y negocios de la EPS Sanitas y ordena la medida de intervención administrativa forzosa para administrar esta EPS por un año, basada en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la Superintendencia”, dijo el superintendente Luis Carlos Leal.
La Superintendencia aseguró que tomaron la decisión tras evidenciar “el estado de su situación financiera, el incumplimiento del indicador patrimonial y el creciente número de quejas de sus usuarios”.
“Según la evaluación hecha por la Superintendencia, la EPS Sanitas ha faltado a la obligación de pago con la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud y ese no pago ha incidido particularmente en las condiciones de garantía del derecho a la salud a su población afiliada”, señaló en un comunicado la Superintendencia.
De acuerdo con los datos divulgados, a diciembre de 2023, “las deudas de esta EPS con las IPS ascendían a 2.04 billones de pesos, poniendo en riesgo no solo la prestación del servicio a sus afiliados, sino de todos aquellos usuarios de las redes acreedoras”.