El viceministro de relaciones laborales e inspección del Ministerio del Trabajo Edwin Palma lanzó un fuerte mensaje en contra de algunos contratistas del Estado, en medio de la polémica que se ha generado por el anuncio del Gobierno de buscar acabar con ese modelo contractual.
“Algunos de los ´contratistas’ que critican nuestra propuesta de formalización laboral en el sector público, les gusta ir a trabajar gratis por estos meses para que les den el contrato. Y además, se sienten felices porque les cambien votos por él. Es lo que queremos cambiar”, aseguró el viceministro.
El fuerte mensaje ha sido criticado por algunos ciudadanos que consideran que en medio de la incertidumbre que viven miles de contratistas del país por las medidas del Gobierno, se entiende como un regaño que no refleja el actuar de todos los que tienen contratos con el Estado y que realmente desempeñan labores importantes.
Además, recalcan que muchas personas dependen de esos contratos para el sustento de sus familias y algunas entidades no saben cómo actuar, por lo que se sienten en el limbo. Y que supuestamente a varios les estarían diciendo que no se les renovarán sus trabajos por la incertidumbre que se ha generado.
“Todavía estoy haciendo el informe de un contrato que me dieron en diciembre por un mes, ¡un mes! Ya sé que no me lo van a renovar porque la persona que me recomendó se fue del país, en esta Gobernación ni las aseadoras entran sin recomendación, mis compañeros les renuevan por allá en marzo, así no es posible darle continuidad a ningún trabajo”, reclamó una ciudadana.
Muchos contratistas aseguran que los anuncios del Gobierno sobre este tema han generado incertidumbre. El presidente Gustavo Petro aseguró que con el objetivo de buscar la formalización laboral, este tipo de contratación se debe acabar, sin embargo, varios lo han interpretado como una medida que podría afectar los derechos de los trabajadores.
Uno de los hechos que ocasionó mayor polémica es que el Gobierno tuvo que dar un reverzaso, luego de que el Ministerio del Trabajo alertara de complejidades que tenía esa medida. El Departamento de la Función Pública aseguró que los contratos de prestación de servicios con el Estado se podrían mantener durante máximo cuatro meses, a pesar de algunas excepciones.
“Los contratos de prestación de servicio es para fines puntuales, nunca para cumplir misiones permanentes de las institucionales, cuando se disfrazan contratos reales en CPS u OPS las entidades incumplen los mandatos legales y constitucionales y se precariza el empleo público”, aseguró en las últimas horas el director de la entidad, César Manrique.
El funcionario afirmó que quienes tengan esos contratos y realmente desempeñen sus funciones en la entidad no tendrán límite de tiempo, pero que para eso deberán ser formalizados. “Las instituciones cada dos años, por ley, deben revisar cargas laborales y ampliar la planta de ser necesaria”, dijo Manrique.
El director de la Función Pública señaló que muchos de esos contratos son utilizados de forma clientelar y estarían generando nóminas paralelas y por eso la necesidad de acabarlos. “Necesitamos administraciones públicas que cumplan las necesidades de las comunidades, para ello necesitamos servidores públicos con estabilidad laboral”, afirmó.
Por ahora, se estableció que los contratos de prestación de servicio de quienes se encuentran trabajando en el Estado serán máximo de cuatro meses y que luego se buscará la estabilidad laboral, sin embargo, desde distintos sectores, han señalado que ese modelo podría llevar a más precarización o chantajes por parte de las entidades para que se pueda seguir renovando el contrato.
“Los contratos de prestación de servicios en el Estado se deben dignificar, no acabar. Hoy más de 900 mil personas sufren a un Gobierno que los manipula o chantajea para firmar su continuidad. No hay derecho, dejen a la gente elegir libremente como quiere ganarse el sustento”, aseguró el senador David Luna de Cambio Radical.