Mientras muchos colombianos se encontraban gozando de sus vacaciones, desconectados del trajín diario, el Senado de la República, sin mucha publicidad, hizo una movida que genera indignación en la ciudadanía: la renovación del convenio para brindar esquemas de seguridad a los senadores de la República.
El documento CD-SEN-1717-2022, conocido por SEMANA, fue firmado entre el Senado y la Unidad Nacional de Protección, con el que se busca el “mejoramiento en la seguridad de los honorables senadores”; es decir, se les garantizan sus esquemas de protección con mínimo dos camionetas blindadas hasta el 15 de julio de este año.
Este contrato, que incluye carros blindados y escoltas, les costará a los colombianos 25.000 millones de pesos, que saldrán de las arcas del Senado de la República.
Según el documento, a cada congresista se le deben entregar dos camionetas, lo que indica que en total habrá 209 camionetas blindadas Nivel IIIA, el más alto blindaje, y siete camionetas blindadas Nivel III.
En el documento, la Unidad Nacional de Protección discrimina el costo de cada una de las camionetas y de los escoltas por mes, con lo que se puede determinar cuánto les costará a los colombianos el esquema de cada senador.
Camionetas:
- Vehículo blindado nivel IIIA ToYOTA LC200 modelo 2019 o superior: $22.761.830
- Vehículo blindado nivel IIIA ToYOTA XL modelo 2019 o superior: $15.950.758
- Vehículo blindado nivel IIIA modelo 2022 o superior: $14.294.427
- Vehículo blindado nivel III modelo 2022 o superior: $18.173.964.
- Vehículo blindado nivel IIIA modelo 2021 o superior: $13.944.427
- Vehículo blindado nivel III modelo 2021 o superior: $18.623.134
- Vehículo blindado nivel IIIA modelo 2020 o superior: $13.594.427
- Vehículo blindado nivel III modelo 2020 o superior: $18.273.134
Escoltas:
- Escolta por mes: $7.930.704
- Chaleco blindado: $2.068.085
De esta manera, suponiendo que un senador recibe dos de las camionetas modelo 2020, con blindaje nivel III más el escolta y el chaleco antibalas, su esquema está costando al mes 46′ 545.057.
No cambian
Con la instalación del llamado Congreso del cambio, renovado por nuevas figuras y amplia presencia de sectores alternativos, se restableció la esperanza en los colombianos de que por fin, tal como lo prometieron en campaña, los congresistas iban a empezar a reducirse sus privilegios como un gesto de equidad.
Sin embargo, tal como había ocurrido en anteriores oportunidades, a pesar de las promesas de cambio, los senadores y representantes se han encargado de mantener intactos cada uno de los beneficios que tienen.
Por ejemplo, en diciembre pasado, tal como lo había señalado SEMANA, se conoció que, contrario a lo que se había anunciado, los colombianos tienen que seguirse metiendo la mano al bolsillo para costear los tiquetes aéreos de los congresistas.
Por lo menos así seguirá ocurriendo por los próximos 12 meses, según indica el contrato de comisión CC_2413_2022 firmado por la comisionista Correagro S.A. y la Cámara de Representantes, con el que se busca garantizar que los representantes a la Cámara tengan asegurados sus tiquetes aéreos hasta el 31 de diciembre de 2023.
Según el documento, conocido por SEMANA, el presupuesto oficial definido para garantizarles los tiquetes a los congresistas de esta corporación será de 10.812 millones de pesos.
Según el contrato, la empresa prestadora del servicio tendrá que tener disponibilidad las 24 horas para atender cualquier inconveniente que tengan los parlamentarios con sus tiquetes.
“Atender y tramitar durante las 24 horas en forma inmediata y efectiva cualquier modificación, conexión, cancelación, confirmación o cambio que se presente en la reserva o los tiquetes previamente expedidos que solicite el supervisor del servicio”, indica una de las condiciones señaladas en el documento.
Pero el hecho que tal vez ha causado más indignación es el que tiene que ver con el sueldo de los congresistas.
El mismo día en que el presidente Gustavo Petro firmó el decreto para aumentarles el salario, el 5 de diciembre pasado, los congresistas hundieron el único proyecto que sobrevivía para bajarse el sueldo. Fue una jugada a dos bandas que mantuvo intactos los privilegios.
Tal como obliga el artículo 187 de la Constitución, este 5 de diciembre el presidente Gustavo Petro se dio la pela de firmar el decreto con el que se aumentó 7,26 % el salario de los congresistas, lo que significa que el sueldo neto les quedó aproximadamente en 37.800.000 pesos al mes.
Pero mientras el jefe de Estado firmaba el decreto, ese mismo día la Comisión Primera de la Cámara hizo una jugadita con la que enterró definitivamente la reforma que intentaba cambiar la Constitución para que los llamados padres de la patria se redujeran sustancialmente su salario a 23 salarios mínimos mensuales.
Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto necesitaba, para continuar con vida, superar mínimo cuatro debates antes del 16 de diciembre del año pasado, día que finalizaban las sesiones ordinarias del Congreso. La iniciativa ya había superado sus dos primeras discusiones en el Senado y necesitaba dos más en la Cámara, pero ahí fue cuando llegó la tormenta perfecta: la Comisión Primera de la Cámara, que es donde estaba el proyecto, decidió el 5 de diciembre que no volvería a sesionar en lo que quedaba del semestre y con ello el proyecto se hundió.