El gobierno del presidente Gustavo Petro acaba de meterse con un nuevo tema espinoso porque toca el bolsillo de los colombianos: un alza considerable en el impuesto predial en el país.
Aunque el proyecto de ley busca fijar un tope máximo en el cobro de este impuesto que, sin duda, enciende las alarmas para los propietarios de predios de alto valor, también les lanza la pelota a las alcaldías del país para que sean las administraciones locales las que decidan. En últimas, los municipios son los que a través de los concejos fijan las tarifas de este impuesto.
El proyecto de ley se titula “por medio del cual se adoptan medidas en materia de impuesto predial unificado, se modifica parcialmente la Ley 44 de 1990, se deroga la Ley 1995 de 2019 y se dictan otras disposiciones”. Fue radicado esta semana por los ministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.
El proyecto plantea un incremento máximo hasta el 50 % del monto liquidado por el mismo concepto del año inmediatamente anterior para los predios urbanos con destino económico, habitacional o comercial y cuyo avalúo catastral sea menor o igual a 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Lo mismo que a los predios rurales que se encuentran dentro de algunas de las siguientes categorías: habitacional, comercial, rural o de soportes de infraestructura, área para producción agropecuaria, institucional y áreas de conservación y protección, y cuyo avalúo catastral sea menor o igual a 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Igualmente, propone un incremento de hasta el 100 % del monto liquidado por el mismo concepto para los predios urbanos con destino económico habitacional o comercial, cuyo avalúo catastral sea superior a los 135 salarios mínimos y menor o igual a 250 salarios.
Y los predios rurales que se encuentren dentro de algunas de las siguientes categorías: habitacional, comercial rural o de soportes de infraestructura, áreas de producción agropecuaria, institucional, áreas de conservación y protección, cuyo avalúo catastral sea superior a 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta 250 salarios.
Además, plantea un incremento hasta del 200 % del monto liquidado por el mismo concepto del año anterior para los predios rurales y urbanos, con avalúos catastrales superiores a 350 salarios mínimos y hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Como si fuera poco, propone un incremento hasta del 300 % del monto liquidado por el mismo concepto liquidado el año inmediatamente anterior para los predios urbanos y rurales cuyo avalúo catastral sea superior a los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según se lee en el proyecto de ley conocido por SEMANA y que tendrá que debatir el Congreso en las próximas semanas.
En el proyecto, los ministros Bonilla y Mojica aclaran que “las administraciones municipales y distritales, en el marco de su autonomía y sus competencias institucionales y legales, analizarán los impactos de los procesos de formación, actualización y conservación catastral, de la aplicación de la metodología de reducción de rezago de avalúo catastral dispuesta por el artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, y los límites de crecimiento del IPU de la presente ley, para determinar si procede a realizar una propuesta de acuerdo para un trámite y aprobación ante los concejos municipales o distritales que permita modificar sus normas tributarias bajo los principios de equidad y progresividad”.
Además, el Gobierno dejó claro que los límites al crecimiento del impuesto predial unificado establecidos “no aplicará a las ciudades capitales que adopten el régimen de Bogotá, Distrito Capital”.
El proyecto empezará a discutirse en el 2024. Sin embargo, desde ya genera varias reacciones en contra.
El senador de Cambio Radical, David Luna, dijo que “es la tapa del descaro del presidente Petro, es la demostración de su desconexión con la ciudadanía, con sus dolores, con sus sufrimientos, en momentos donde la vivienda cae, las tasas de interés están altas. Lo que está buscando no es nada distinto que profundizar la recesión que vive nuestra economía”.
Dijo que si el proyecto se aprueba, a los colombianos “les tocará vender sus activos, sus casas, para poder pagar el predial”.
Y le envió un mensaje al presidente Petro: “Usted no representa al cambio, lo que está representando es el hundimiento de la sociedad que con sus sufrimientos no es atendida por su gobierno”.
Le pidió, además, a los congresistas que pronuncien un “no colectivo” a esta propuesta.
“Este proyecto de ley no afecta a los ricos, afecta a toda la sociedad, en particular, a los que menos tienen”, concluyó.