Este viernes 17 de mayo inicia el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. Desde el municipio de Rionegro, Antioquia, él defendió su inocencia y reprochó el manejo que se le ha dado a su proceso.

El exmandatario hizo un recuento de 23 puntos antes de estar frente al juez y escuchar los argumentos de la Fiscalía General de la Nación. En el discurso reiteró que, al parecer, las garantías constitucionales no se le estarían aplicando.

La historia tomó fuerza en 2018: “Negaron a mis abogados la existencia del proceso. Sin embargo, en Bogotá decían a periodistas y políticos que tenían todo listo para encarcelarme. Me comunicaron el proceso llamándome a indagatoria. No me permitieron versión libre”.

El 4 de agosto de 2020 fue privado de la libertad: “Me negaron la presunción de inocencia, el derecho de defenderme en libertad. No he sido peligro para la sociedad, no he eludido la justicia ni la he entorpecido. Me gradué en la Universidad de Antioquia con un profundo respeto a los jueces, a la justicia, a su independencia”.

El paso en la Corte

Estando la investigación en la Corte Suprema de Justicia, él recordó que la magistrada Cristina Lombana fue apartada del caso porque fue integrante del Ejército durante su gobierno, a pesar de que no tenían ningún tipo de cercanía. Sin embargo, le negaron el impedimento al magistrado Héctor Alarcón, quien reconoció que tenía un conflicto de interés.

Luego agregó: “Los magistrados que me pusieron preso fueron elegidos con participación de los tres que me llamaron a indagatoria”.

Uribe manifestó que el magistrado Reyes, quien fue el ponente de la decisión de restringirle la libertad, fue contratista de Juan Manuel Santos en el proceso de paz entre el Estado y las Farc-EP, al que él se opuso. También aseguró que este funcionario habría sido compañero de trabajo de la esposa del senador Iván Cepeda: “Guardó silencio sobre el tema, incluso cuando fue preguntado por la magistrada Lombana”.

Las declaraciones en público de los magistrados también causaron malestar en el exmandatario: “En violación de los principios de la majestad de la justicia, el magistrado Barceló, en aquel momento presidente de la Corte y responsable del caso en mi contra, llamó a un programa radial a decir que me tenían agarrado. Con el magistrado Hernández, agitaron el tema contra mí en televisión”.

Además, él enumeró tres episodios que le causan ruido: “Mientras a mis abogados les negaban la existencia del proceso, filtraban piezas inconexas a periodistas sesgados, quienes aprovecharon para tergiversar y desacreditarme; en la Corte Constitucional, en votación 5-4, hicieron equivalentes la indagatoria ante la Corte con la imputación de la Fiscalía, crearon un dañino precedente jurisprudencial; el ponente, magistrado Linares, violó el reglamento de la Corte Constitucional y no hubo nulidad, en efecto, filtró la ponencia a un periodista, también le permitió transmitir la audiencia de discusión”.

Álvaro Uribe Vélez. | Foto: Captura de pantalla

Las interceptaciones

El expresidente Álvaro Uribe insistió en la denuncia de que fue interceptado ilegalmente durante 32 días. Su argumento es que desde la Corte Suprema de Justicia ordenaron vigilar las comunicaciones del representante Nilton Córdoba, pero pasaron el número telefónico del exmandatario.

“Cuando les avisaron del error, contestaron que siguieran oyéndome. Cuando me desconectaron para enmendar el error, ya habían transcurrido 32 días. Dada la intensidad de mis comunicaciones por la campaña que se adelantaba, fui víctima de más de veinte mil interceptaciones”, agregó el político antioqueño.

Él considera que le violaron su derecho a la intimidad.

Uribe–Cepeda

En teoría, todo arrancó en 2011 cuando el mismo expresidente Uribe denunció al senador Iván Cepeda por, presuntamente, estar dando beneficios a exparamilitares para que lo señalaran a él y a su familia de tener nexos con los delincuentes. Sin embargo, la Corte archivó la denuncia y puso la lupa sobre el exmandatario.

“Denuncié al senador Cepeda, lo absolvieron, pero insisten en llevarme a la cárcel. El senador Cepeda explica su cercanía a las Farc como búsqueda de paz. Adelantó su promoción política acusándome de paramilitar. Lo denunciamos en 2011 y 2014 por sus visitas a presos para ofrecer beneficios a fin de vincular a mi hermano y a mí con paramilitares. Ha utilizado los derechos humanos para encubrir estas acciones ilegales”, insistió.

Álvaro Uribe e Iván Cepeda.

Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo

Juan Guillermo Monsalve es una de las fichas claves en el proceso por presunta manipulación de testigos. Él fue condenado en 2008 a 40 años de prisión por secuestro extorsivo, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Él afirmó que, mientras estaba recluido, habría sido contactado por el entonces abogado del expresidente, Diego Cadena. Este defensor es señalado de acudir a los penales para buscar a testigos que declaran a favor de Uribe, en medio del pleito que tenía con Cepeda.

Frente a esta persona, Álvaro Uribe opinó: “Le creyeron a un preso. Violaron mi derecho a controvertirlo. Le recibieron declaraciones en un proceso para mí, secreto. Lo mismo a la esposa de preso, a quien los informes de inteligencia la señalaron de integrante de Farc”.

Él también cuestionó la manera en la que la Corte tramitó el testimonio de Monsalve: “En 2018, ante una denuncia del abogado del senador Cepeda, avanzaron contra mí en el proceso secreto por presión y soborno a testigos. Con inusitada rapidez oyeron al preso Monsalve, le ayudaban en las respuestas”.

La llegada al juicio

A pocos minutos de la audiencia, Uribe manifestó: “Mis antagonistas políticos han logrado convertirse en mis acusadores judiciales, unos ellos cercanos a las Farc y otros colaboradores directos, o indirectos, cubiertos por la cautivante palabra paz, usada para prorrogar el terrorismo a través de la indulgencia de impunidad absoluta”.

De igual manera, envió un mensaje a los colombianos: “Repito ante mis compatriotas que jamás he engañado a la justicia. Pedí que todos, que todos los elementos recaudados, se adjuntaran a la Corte sin seleccionarlos, sin la más mínima modificación. Mi vida pública no conoce la mentira”.