Este martes 13 de junio, cuando se frustró en la plenaria de la Cámara de Representantes, el inicio del estudio y aprobación del articulado de la controvertida reforma a la salud de Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe salió nuevamente en defensa de las EPS que, según el nuevo modelo de salud, se convertirá en gestora de vida.
Desde su cuenta personal de Twitter, Uribe dijo que es “grave permitir una quiebra de las EPS por falta de recursos y entonces justificar la eliminación”.
Según él, aparte de la disputa ideológica del sector privado y del monopolio estatal, “el servicio que prestan las buenas EPS cuesta mucho menos y es de menor calidad que el de un monopolio estatal”.
Uribe no especificó ni entregó detalles sobre a cuál Empresa Prestadora de Salud le están permitiendo su quiebra para justificar su desaparición. Sin embargo, una vez más hizo una férrea defensa sobre las prestadoras del servicio de salud cuyas funciones, en su mayoría, desaparecerán si el Congreso aprueba el articulado de la reforma.
En enero de 2023, en uno de los momentos más álgidos de la reforma por el radicalismo de la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, Uribe abogó desde sus redes sociales para que no desapareciera una EPS paisa.
“Savia Salud es de propiedad del municipio de Medellín, del departamento de Antioquia, de la Caja de Compensación Comfama. Su desaparición haría un gran daño a la salud del pueblo antioqueño y al concepto de alianzas sociales”, dijo en su momento.
Uribe no se ha quedado quieto frente a la reforma a la salud de Gustavo Petro. Recientemente redactó en un documento que hizo público 52 alertas que traería el nuevo modelo.
Dijo, por ejemplo, que la reforma “marchita al sector privado”, “limita el derecho de libre escogencia” y podría provocar clientelismo político. Además, según el exmandatario, las EPS “se acaban”.
En realidad, la reforma a la salud de Gustavo Petro no atraviesa por un buen momento en el Congreso.
Aunque ya pasó en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, su discusión y aprobación en la plenaria, no está asegurada. Lo preocupante es que lucha contra el tiempo porque en siete días finaliza el período de sesiones ordinarias del Congreso.
Tras los más recientes escándalos contra el gobierno de Gustavo Petro, por cuenta de la exjefe de gabinete, Laura Sarabia, además, de los generados por los explosivos audios del exembajador de Venezuela, Armado Benedetti, el Congreso empezó a trabajar en una especie de “plan tortuga”.
Los partidos políticos tradicionales han optado por reducir su ritmo de trabajo y esperar que las autoridades investiguen el trasfondo de las declaraciones de Benedetti que, entre otras, apuntan a que a la campaña del hoy presidente de izquierda habrían ingresado 15.000 millones de pesos. Recordemos que el barranquillero fue el hombre más cercano al hoy jefe de Estado.
Ante eso, congresistas del Partido Liberal, Conservador, La U, un sector de la Alianza Verde y la Coalición Centro Esperanza, pidieron al Gobierno que aplace el estudio de la reforma a la salud hasta el segundo semestre de 2023.
Sin embargo, el gobierno quiere correr con los trámites de las iniciativas porque, a medida que se acerca octubre, los congresistas estarán ocupados en sus regiones empujando las elecciones de concejales, diputados, alcaldes y gobernadores, y lo más posible es que no se logre conformar el quórum para las votaciones.