Una ráfaga de decretos expidió el presidente de la República, Gustavo Petro, en medio de la emergencia económica y social que declaró en La Guajira, con el objetivo de superar la crisis que se registra en esa región por la escasez de agua potable y problemas de otros servicios esenciales.
Se tratar de 12 decretos que publicó el Gobierno nacional, uno de ellos establece una excepción temporal del IVA para el turismo y fortalecer esa economía, lo cual -según las autoridades- beneficiará actividades afines en ese departamento.
“A partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2030, estarán exentos, sin derecho a devolución y/o compensación, del impuesto sobre las ventas -IVA, los servicios que presten en el Departamento de La Guajira”, dice uno de los apartes del decreto.
Y advierte: “Los prestadores de servicios de turismo, que cuenten con inscripción activa en el Registro Nacional de Turismo, siempre que los servicios gravados correspondan a un servicio turístico”.
Además, otro de los los decretos expedidos por el presidente Petro, da visto bueno a una capitalización por 61.000 millones de pesos de la sociedad Salina Marítimas de Manaure.
Otra de las medidas extraordinarias señala que se establece directrices para financiar el Programa de Alimentación Escolar desde el presupuesto nacional.
“Con ocasión al estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira declarado mediante el Decreto 1085 del 2 de julio de 2023, se adopta como medida en relación con la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que las Entidades Territoriales Certificadas en Educación encargadas de la prestación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento de La Guajira, mediante acto administrativo expedido por su representante legal, podrán incorporar hasta el 31 de diciembre de 2023 a sus respectivos presupuestos los recursos asignados desde el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la operación y prestación del servicio”, expresa el documento.
Corte Constitucional fija fecha para la trascendental audiencia en la que se analizará el decreto de emergencia social y económica en La Guajira, firmado por el presidente Gustavo Petro
Para el próximo viernes 11 de agosto quedó programada la trascendental audiencia en la que la Sala Plena de la Corte Constitucional analizará el decreto de emergencia social, económica y ecológica en La Guajira firmado por el presidente Gustavo Petro. En la normativa, firmada en su visita al departamento a finales del mes de junio por el jefe de Estado. se fijan una serie de compromisos para atender las principales problemáticas.
El despacho de la magistrada Natalia Ángel Cabo fijó la necesidad de contar con conceptos de representantes de entidades, ONG y expertos para evaluar los alcances de la declaratoria de emergencia social y económica. Entre las principales problemáticas citadas por el Gobierno al momento de tomar la decisión se encuentran la escasez de agua potable para el consumo humano; dificultades para el acceso físico y económico a los alimentos; los efectos del cambio climático acentuado por los climas cálido desértico y cálido árido que predominan en el territorio, y la casi inexistente infraestructura eléctrica idónea.
El Decreto 1250 del 26 de julio de 2023, emitido por la Presidencia de la República y que será analizado minuciosamente por la Corte Constitucional. Se trata del primer decreto expedido por el Gobierno nacional en el marco de la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira.
El documento establece que el Ministerio de Vivienda será el encargado de garantizar el acceso al agua potable en esta región del país, para lo cual contará con un patrimonio autónomo y podrá llevar a cabo procesos de contratación directa.
“El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio quedará facultado para la contratación directa de una fiducia mercantil que tenga por objeto la constitución de un patrimonio autónomo para la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento básico en La Guajira. Podrá contar con recursos del Presupuesto General de la Nación, los que asignen las entidades nacionales, de los entes territoriales, de las empresas operadoras de servicios públicos del departamento, municipios, de organismos internacionales de cooperación y otras personas naturales y jurídicas. Este patrimonio autónomo estará sujeto al cumplimiento de las normas que le sean aplicables”, dice el decreto.
En cuanto a la contratación directa, el decreto establece que “el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio estará facultado para llevar a cabo contrataciones directas destinadas al suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras para la garantía de acceso al agua y saneamiento básico, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los hechos que originaron la declaración de emergencia y/o conjurar sus efectos. Para aplicar esta modalidad de contratación, la declaratoria del Gobierno nacional constituye el acto administrativo que fundamenta la urgencia manifiesta”.
En ese mismo sentido, establece que se podrá contratar de manera directa con organizaciones sociales, comunitarias e indígenas.
“El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico de La Guajira (PDA) estarán facultados para realizar contrataciones directas con organizaciones sociales, cívicas, comunitarias y étnicas, las cuales tendrán por objeto adquirir los bienes, servicios y obras necesarias para hacer frente a los hechos que originaron la declaratoria de emergencia y/o conjurar sus efectos, aun cuando superen la mínima cuantía”.
El decreto, que ya entró a regir, también ordena la creación del Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira, como una entidad descentralizada del orden nacional, cuyo objeto será gestionar el recurso hídrico en el territorio. El director de dicho instituto será nombrado por el presidente de la República.