SEMANA: ¿qué opinión tiene sobre la crisis de la aerolínea Ultra Air? Se habla de una posible estafa por la venta de unos 350.000 tiquetes que, finalmente, no pudieron ser usados por los pasajeros.

ANDRÉS BARRETO (A. B.): a mí me llama mucho la atención que, antes de tener que llegar al derecho penal, se haya fallado en temas que son de competencia del Ejecutivo. Por ejemplo, la Superintendencia de Transporte debió haber monitoreado a esas aerolíneas cuando empezaron a incumplir los itinerarios o cuando amagaron con devolver los espacios que tenían asignados.

Así mismo, la Superintendencia de Industria de Comercio (SIC) ya había advertido, a partir de otras situaciones en el mercado aéreo, que era menester vigilar. Lo más grave es que el Ministerio de Transporte, sabiendo estas situaciones, no se haya percatado de que la situación iba a afectar a esas aerolíneas de bajo costo por varios temas. Entre ellos están el cambio en el IVA de los tiquetes aéreos, el incremento de los precios del combustible, y la variación de la tasa de cambio que afecta todas sus deudas, incluidas las del alquiler de los aviones, ya que están en dólares.

SEMANA: entonces, ¿qué tuvo que haber hecho el Gobierno Petro?

A. B.: las funciones y las competencias legales y constitucionales las tienen la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte. Empezar a tirarse la responsabilidad entre las entidades lo único que hace es llevarnos a la conclusión de que hay una total descoordinación en el Ejecutivo y una total ausencia de previsión de las entidades. No sabemos en qué está la Superintendencia de Transporte, no la vimos tampoco en Semana Santa haciendo ningún tipo de operativos o acompañamiento.

SEMANA: ¿qué tipo de sanciones podría tomar la Superintendencia de Transporte en el caso de Ultra Air?

A. B.: tienen que abrirles una investigación administrativa por haber incumplido los contratos de transporte, haber vendido tiquetes sin tener la posibilidad de cumplir y por haber fallado en la prestación del servicio. Esa es una investigación administrativa que derivará en unas multas. Eso es lo más rápido que se puede hacer, más rápido que el proceso penal. Además, el Ministerio de Transporte y la Aerocivil deben tomar las medidas para ver cómo se reconfigura el mercado aéreo, es decir, quién va a tomar las rutas y los espacios. Se requiere tener un mercado con mayor competencia.

SEMANA: ¿qué análisis hace de la posible fusión de Avianca y Viva? ¿Ha habido una presión indebida al mercado para que esa unión se apruebe a la fuerza?

A. B.: todas las operaciones de integración empresarial tienen que pasar por la SIC. En agosto de 2022, ya habíamos previsto esta situación. Nos parecía que Avianca y Viva habían tratado de saltarse a la SIC, llevando su operación a la Aerocivil. En su momento, nos llamó la atención que posiblemente se estaban integrando y compartiendo temas operativos. Los requerimos y, simplemente, lo que hicieron fue evitarnos a toda costa. Es un deber de debida diligencia de las empresas informar a la SIC porque, potencialmente, pueden estar generando una afectación en la competencia. Avianca tiene casi el 40 % del mercado aéreo nacional, es decir, es un actor importante. Debió haber tomado la precaución de informarle a la SIC, y lo que decidieron fue decir que eso se estaba haciendo a través de un negocio por fuera del país. Ya se les había advertido que eso no los eximía de esa responsabilidad. La SIC está adelantando una averiguación preliminar con miras a determinar si se les abre un caso de competencia por una operación de integración no informada.

SEMANA: en estos asuntos, a su juicio, ¿en qué ha fallado el Gobierno Petro?

A. B.: ha fallado en todos los niveles. Primero se demoraron en que no hubo director de Aerocivil sino hasta hace poco. No se coordinaron tampoco con la SIC las averiguaciones y las alertas, y la SuperTransporte debió haber indagado en esas aerolíneas. Hay una gran descoordinación interinstitucional. Hubo ausencia de autoridades en diferentes carteras y, ante la actitud arrogante de Avianca y Viva, vemos una total ausencia de previsión de parte del Gobierno.

SEMANA: otro tema clave es el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). A su juicio, ¿es un grupo que no tiene piso legal?

A. B.: ellos mismos se han bautizado así y creo que el hecho de haberse puesto ese nombre lleva al equívoco. En la práctica ellos generaron un mecanismo societario en donde iban protegiendo las compañías a través de esos enroques, en los cuales los miembros de una de las compañías del grupo tenían asiento en las demás. Eso les permitía de alguna manera mantener el control de cada sociedad. La declaratoria de grupo empresarial la tiene que hacer la SuperSociedades y eso les impone unas condiciones en el mercado y unas condiciones frente a la supervisión. Lo que parece curioso acá es que para algunas cosas actúan de forma individual e independiente, y para otras sí se esgrime la situación colectiva, como si fuera un grupo de compañías.

La respuesta la tiene que dar la SuperSociedades, ya debe haber tenido suficiente tiempo para haber indagado en esa situación y, si así lo determina, lo debe declarar. Eso aclararía el panorama y haría transparentes muchas decisiones. Adicionalmente, eso le permitiría a la Superintendencia Financiera tomar otras medidas.

SEMANA: ¿qué implicaciones tendría que el GEA sea declarado como grupo?

A. B.: tendrían el deber de reportar una información totalizada a la SuperSociedades. Habría, además, un esquema de supervisión un poco más fuerte de parte de la SuperSociedades y abriría la puerta para que se mire qué tipo de operaciones adelantan y cuáles son sus posiciones en ciertos mercados. El esquema de supervisión sería más exigente. Lo que tenemos que ver es que esas empresas tienen que proteger el valor de sus acciones y sus accionistas. Las compañías no son de los ejecutivos. Ese esquema cruzado de participaciones lo que hace es afectar un gobierno corporativo.

SEMANA: hubo una fuerte controversia en torno a la diligencia de la SIC en Ecopetrol. Para algunos, se trató de una represalia del Gobierno Petro contra el saliente presidente de la estatal petrolera, Felipe Bayón. ¿Qué piensa?

A. B.: ese no es un tema nuevo. Esas quejas llegaron cuando yo estaba en la SIC, estamos hablando de julio-agosto de 2022.

La primera obedece a una compañía que tenía negocios en unos campos de exploración y presentó una queja contra Ecopetrol por la posible restricción frente a esos contratos de exploración petrolera. Posteriormente, empezaron a llegar más quejas por otros temas: por una licitación de un contrato de helicópteros, ya que una de las empresas presentó una queja por la adjudicación ese contrato. Y hay otra queja que tiene que ver con un tema de transporte, y vehículos blindados.

La diligencia de la SIC se hizo antes de la asamblea de Ecopetrol porque es apenas obvio que todos los ejecutivos iban a estar presentes y en ese momento se podían tomar sus equipos móviles y de cómputo, que es de donde se saca mucha de la evidencia para construir un caso. Le digo por experiencia: cuando se ordena una visita es porque hay suficientes indicios que ameriten hacer esa visita.

SEMANA: tras su renuncia a la Creg, ¿cuál es su nuevo rumbo profesional?

A. B.: continuaré mi camino profesional como abogado con una oferta muy interesante que he recibido: voy a ser el director general de la firma De La Espriella Lawyers, de Abelardo de la Espriella, una de las diez firmas más grandes de este país, con 20 años en el mercado jurídico. Llego a llenar unos zapatos muy difíciles de llenar, como los del doctor Abelardo, como director general de esta compañía, con oficinas en Bogotá, Miami, Medellín y Barranquilla. Hay oportunidades de seguir creciendo.