La senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano hizo un fuerte reclamo al Gobierno durante la sesión plenaria de este martes 17 de octubre, por cuenta del informe que presentó la Presidencia en el que reveló que más de 500 candidatos a alcaldías y concejos municipales estarían inhabilitados.
Según la congresista, ese informe constituye un acto en contra de la democracia en Colombia, ya que el Ejecutivo está metiéndose en la contienda electoral, a pocos días de las elecciones.
“Es imprescindible que el Gobierno, en cabeza del ministro del Interior, aclare las facultades de policía política que está ejerciendo contra todos. Yo le pido al ministro que nos diga por qué están ejerciendo de policía política, persiguiendo a la Alianza Verde, al partido Conservador, al Liberal y a Cambio Radical. Porque están señalando desde la Presidencia de la República de constreñimiento al elector”, dijo la senadora.
Además, pidió al ministro Velasco que explicara, basada en qué artículo de la Constitución, la Presidencia de la República estaba ejerciendo funciones que no le competen. “Están usurpando a la Fiscalía, a la Procuraduría y al Consejo Nacional Electoral. El Estado de derecho se respeta, esto no había ocurrido en ninguna presidencia y es una persecución”, reiteró.
En medio de todos los llamados que le hicieron, Velasco pidió la palabra para aclarar la situación y se desmarcó totalmente de ese informe que se presentó y señaló que no es sano para la democracia y mucho menos a pocos días de las elecciones.
“La declaración que ha dado un funcionario de la Presidencia, siento que, no es pertinente ni es prudente porque cualquier ciudadano puede tener una opinión constitucional y legal, pero quienes ostentamos cargos de tan alta dignidad tenemos que entender que si nuestra opinión va en contra de 500 candidatos, el camino más expedito y lógico es de llevar esa opinión ante el Consejo Nacional Electoral para que tome decisiones”, dijo Velasco.
El ministro del Interior reiteró que él siempre ha sido crítico del CNE, pero aclaró que mientras no se haga una reforma en ese sentido, esa es la instancia indicada y constitucional para determinar qué candidatos están inhabilitados.
“La posición del Gobierno frente a esas declaraciones y afirmaciones es que quien puede definir quién está inhabilitado o no es el Consejo Nacional Electoral y eso lo respetamos. No es el estilo del presidente Petro ni de los ministros, perseguir a nadie ni somos policías políticos”.
De esta manera, el ministro Velasco quiso bajarle el tono al debate que se armó en el Senado por cuenta de ese informe que se entregó y generó tanta molestia en los partidos políticos.
¿Qué dice el informe?
A poco menos de dos semanas de las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, cuando Colombia elegirá alcaldes y gobernadores, la Presidencia de la República reveló una alarmante cifra sobre candidatos que estarían incurriendo en inhabilidades.
Andrés Idárraga, consejero presidencial de transparencia, reveló que más de 550 candidatos a alcaldías y concejos municipales habrían cometido faltas graves de cara a las elecciones.
“Hemos venido indagando, a propósito de la contratación pública, pensando la relación entre las candidaturas, la política y las campañas, evitando a toda costa que los recursos públicos lleguen a las campañas políticas. En ese indagar encontramos 553 candidatos a alcaldías y concejos municipales que podrían estar en inhabilidad por haber contratado en el último año”, sostuvo Idárraga.
El alto funcionario de la Presidencia de la República del gobierno de Gustavo Petro, además, señaló en una rueda de prensa que se realizó este martes 17 de octubre: “Es decir, un año antes de la elección. Estamos hablando de 526 candidatos a concejos municipales y 27 candidatos a alcaldías municipales que celebraron contratos por una suma de alrededor de 62 mil millones de pesos”.
“Reitero, en el año anterior a la elección, desde el próximo 29 de octubre, situación que les podría conllevar una posible inhabilidad”, insistió.
Idárraga, en su exposición, señaló que tuvo contacto con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para poner en conocimiento los hallazgos, con el objetivo de que se inicien las respectivas investigaciones por parte de ese organismo.