El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Juan Felipe Harman denunció un supuesto cartel de la tierra que habría utilizado los predios del Fondo de la Unidad para las Víctimas destinados a las víctimas de los paramilitares para entregarlos a clanes políticos de las regiones.
Harman aseguró que las tierras que debían tener como destino la reparación de los campesinos habrían sido utilizadas para favores políticos, sin que estas cumplieran su objetivo de democratizar el acceso a la tierra entre quienes fueron desplazados por la violencia.
Se trata de entregas de centenares de hectáreas que se habrían efectuado a partir de 2006 a través de ese Fondo que está a cargo de la Unidad para las Víctimas.
La denuncia fue presentada junto a los senadores Isabel Cristina Zuleta, Robert Daza y Carlos Alberto Benavides, ambos de la coalición del Pacto Histórico y quienes han abanderado los temas de tierras. Se trata de 100 mil hectáreas de tierras ubicadas en Antioquia, Córdoba y Sucre de las que sus ocupadores estarían conectados con políticos, incluso congresistas.
Se trata de siete casos que, según Harman, son la “punta del iceberg” del problema de la tierra en Colombia. La entidad asegura que no se puede calcular el valor que tienen esos terrenos, aseveró que estos predios son baldíos y señaló que sus ocupadores hacen presencia en esas áreas sin tener contratos con el Estado.
“La Agencia viene adquiriendo al Fondo de Reparación de Víctimas, tierras que habían sido entregadas por los antiguos jefes paramilitares hace cerca de 20 años, sin que hasta ahora hayan representado una verdadera reparación a las víctimas. Como resultado de la adquisición de estas tierras, se han encontrado ocupaciones indebidas y contratos de arrendamiento con personas cuestionadas, los cuales se han venido finalizando para entregar las tierras a familias campesinas”, aseguró la ANT.
Recientemente la ANT y la Unidad para las Víctimas suscribieron un acuerdo para entregar tierras a los campesinos en el marco de la reforma agraria con la inversión de $700 mil millones.
La versión de Harman indica que esas compras se estarían viendo frenadas por la presencia de esos tenedores irregulares en estos 67 predios ubicados en departamentos como Córdoba, Cesar, Bolívar y Antioquia.
El director de la ANT señaló que uno de los políticos salpicados en este caso sería Félix Gutiérrez, quien fue alcalde del municipio de Buenavista (Córdoba) y sobre quien asegura es la pareja de la representante a la Cámara del Partido de la U, Ana Paola García.
En esta también mencionó a Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, conocido con el alias de comandante Barbie, quien afirma es cercano a la estructura del Bloque Norte de las AUC. Este predio había pertenecido además al Ñeñe Hernández.
La ANT también enunció el caso del ciudadano venezolano Charif El Hadaui Hernández quien figuraba como arrendatario de cuatro predios con 283 hectáreas en extensión total, terrenos que ya fueron adquiridos por la entidad. Asimismo, mencionaron el caso de una compañía comercializadora de carne ubicada en Antioquia y de una empresa ganadera situada en Puerto López, Meta.
El Gobierno y la bancada del Pacto Histórico están buscando hacer una “cruzada” en el legislativo por las tierras. La senadora Zuleta aseguró tener denuncias de otros congresistas que también se habrían visto favorecidos con las entregas de tierras que debían estar destinadas a las víctimas de los paramilitares.
Además, el senador Benavides aseguró que estos casos son la prueba de que se necesita avanzar en el debate de la jurisdicción agraria, el proyecto al que el Gobierno le dio mensaje de urgencia en el Congreso en medio de críticas de los expertos ambientales sobre las implicaciones que tendría para la conservación de la naturaleza.
Según Harman, la ANT ha invertido $300 mil millones en predios en el marco de ese convenio con el Fondo de la Unidad para las Víctimas (de los $700 mil millones que se utilizarían para ese proyecto) pero en los terrenos que se han adquirido tuvieron que efectuarse desalojos.