¿Qué opina de la práctica reiterada de cambiar la Constitución ante situaciones coyunturales? La Constitución de 1991 tiene menos de 20 años y ya ha tenido casi 30 reformas: una y media por año. La Constitución de los Estados Unidos tiene casi 220 años y tiene 27 reformas. Las reglas de juego deben ser estables, permitir el aprendizaje social, el desarrollo de una cultura política. En 1991 se dejó abierta la posibilidad de reformas constitucionales muy fáciles, en una sola legislatura, sin que sean sometidas al electorado. Estas son las que se han vuelto un juego frívolo del Congreso: hemos tenido reforma constitucional hasta para garantizarle los puestos en forma permanente a los empleados nombrados por palanca. Creo que no se debe reformar la Constitución sino en los casos en que haya un verdadero consenso del país en relación con un tema esencial. ¿Qué hay que hacer para garantizar el equilibrio de poderes? La reelección presidencial alteró el equilibrio, al darle al Presidente la posibilidad de influir en forma desproporcionada en la elección de los miembros de algunos organismos como el Banco de la República o la Corte Constitucional. Si soy presidente todos pueden estar seguros de que no usaré los poderes legales para tratar de controlar la justicia o el Congreso. ¿Qué propuestas tiene para el mejor funcionamiento de la Rama Judicial? Mi gobierno hará un gran énfasis en el respeto a la legalidad y a las normas. Hay que hacer esfuerzos para que la ciudadanía sienta que el cumplimiento de la ley es una obligación no solo legal, sino moral y social, y algo que nos beneficia a todos. Además, hay que recuperar la confianza de los ciudadanos en la justicia. Esto requiere algunas reformas importantes, pero una en la que quiero insistir es la necesidad de que la justicia mejore la calidad de la información con base en la cual se administra el sistema. La Fiscalía debe rendir cuentas diciendo cada año al país cuántas personas acusó en cada uno de los delitos graves, y el Consejo Superior de la Judicatura debe contarle al país cuántas personas condenó el sistema judicial en cada delito. Hay que dar a conocer los éxitos de la justicia, para recuperar la sensación de respeto a la ley. ¿Cuáles son las principales propuestas de su estrategia contra la corrupción y por qué cree que con ellas puede tener éxito? Gran parte de la corrupción tiene que ver con los sistemas de contratación públicos. Aunque se han hecho esfuerzos en este sentido, son insuficientes. Todo contrato, toda concesión, toda licitación, toda compra de más de cierto volumen, hecha por entidades del Estado, debe ser revisable por los ciudadanos. Hoy hay muchas entidades que lo hacen, pero hay muchos que no cumplen con esta norma obvia de transparencia. Y por otra parte, hay que seguir una estrategia de promover el rechazo social ante cualquier acto corrupto o poco transparente. ¿Qué mecanismos establecería para garantizar el ejercicio de la oposición y dialogar regularmente con sus representantes? Aquellos que establecen la ley y la Constitución. En este marco sobresalen los derechos civiles y políticos, en especial la libertad de expresión, de información de prensa y de organización, los cuales el Estado hará respetar. Igualmente, un respeto total a los derechos de las minorías. En países tan presidenciales como el nuestro es importante que el Presidente crea realmente que la oposición y la crítica hacen parte del buen funcionamiento de las instituciones. ¿Tiene alguna propuesta relacionada con la composición, las funciones y la forma de trabajo del Congreso? Si. John Sudarsky es uno de nuestros senadores para el periodo 2010-2014. Él ha impulsado el tema de los distritos electorales unipersonales, cercanos al elector y que aumentan la capacidad de rendir cuentas así como exigirlas. En vez de elegir a los senadores y representantes de listas, cada circunscripción escoge solo un senador. De este modo, él le habla a unos electores definidos, y estos pueden exigirle que cumpla con sus promesas. Así todas las regiones del país reciben una representación adecuada en el Congreso, mientras que hoy hay departamentos sin ningún senador. Este es uno de los pocos temas, casi el único, en los que queremos discutir un cambio político importante, que exige un cambio en la Constitución. ¿Qué prácticas indebidas cree que subsisten en los procesos electorales y, en caso afirmativo, qué sugerencias tiene para combatirlas? Muchas son las prácticas indebidas. La Misión de Observación Electoral ha identificado varias irregularidades y comportamientos ilegales o clientelistas: la compra de votos; la coacción a los electores de áreas donde todavía dominan los herederos de grupos violentos; el soborno de jurados; el uso de recursos de origen criminal; el intercambio de favores del Estado, presentes y futuros, por apoyo electoral. Cambiar esto es asunto de cumplir las leyes como de promover un cambio cultural frente a las elecciones. La campaña de Voto Vital que hicimos hace dos años es una muestra de lo que podría hacerse en el campo cultural. Y si los que creen en el voto, como un acto independiente, en el que ponen en juego el futuro del país y de sus hijos, toman eso en serio, ayudarán a denunciar y controlar la corrupción. ¿Restablecería un ministerio para la justicia y otro para la salud? La tarea de dirigir y orientar un sistema tan complejo como el sistema de salud y prevención social de los colombianos debe ser hecha en un ministerio especializado. De manera que distribuiría las funciones entre un Ministerio de Salud (con manejo de los problemas pensionales) y un Ministerio de Política Social, en el que uniría el programa de Familias en Acción, que hoy está en la Presidencia, y los temas de mujer, familia, género, así como los programas de inclusión social, defensa de minorías, discapacitados y otros sectores que requieran una protección especial, junto con el manejo de la política laboral. ¿Tiene algún plan de modernización del Estado, y bajo qué lineamientos lo adelantaría? La gestión pública moderna se apoya sobre todo en la información. El eje de la modernización del Estado será consolidar los mecanismos para que todo lo que haga el Estado sea verificable por los ciudadanos, y para que todas las acciones sean evaluadas por la sociedad. Pero la información no solo sirve para desarrollar una cultura ciudadana de control y vigilancia. El Estado actúa mucho mejor cuando los funcionarios saben realmente qué está ocurriendo y qué se ha logrado con cualquier medida. En Colombia se gobierna en gran parte a ciegas. Una avenida resulta llena de costos adicionales porque los municipios no guardaron los planos de las alcantarillas o las tuberías. No sabemos qué efectos ha tenido una norma penal, pero como parece que no se cumplen, creemos que la solución es cambiarlas cada rato, aumentando las penas, creando nuevos delitos, sin ninguna evaluación real. Sobre la base de una obsesión por buena información, para la decisión y para el control ciudadano, se puede construir un Estado capaz de hacer una gestión eficiente, sin gastos innecesarios y que cumpla con los objetivos de la Constitución.