Han pasado cinco meses desde que los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz radicaron ante la Sala Plena del tribunal el proyecto de pliego de cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro. Se investiga una violación de topes por encima de los 5.300 millones de pesos.
No obstante, los nueve magistrados no han podido ponerse de acuerdo para votar la decisión que tiene molesto a Petro, ya que ha lanzado fuertes señalamientos contra ese tribunal.
Este lunes 30 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, está agendada la votación del pliego de cargos, pero, como ya es costumbre, se postergará. Tal como lo anticipó SEMANA, el magistrado Altus Baquero pedirá el expediente en rotación durante dos semanas porque él ha estado por fuera del tribunal.
El Consejo de Estado anuló su elección, en un fallo de primera instancia, porque al parecer no cumplía con los requisitos, pero la Corte Constitucional lo favoreció en una nueva sentencia y lo retornó al cargo. “Pediré el expediente porque no lo conozco de fondo, ya que he estado por fuera del CNE”, le anunció Baquero a SEMANA.
Solo hasta después del 15 de octubre los magistrados podrán reunirse para votar el pliego de cargos. Sin embargo, otro obstáculo puede atravesarse en el camino.
El Consejo de Estado admitió este viernes 27 de septiembre una demanda del presidente Petro contra la Sala de Consulta Civil de ese tribunal porque le reconoció el 6 de agosto de 2024 las competencias al CNE para investigarlo como candidato. En ese momento, el máximo tribunal dijo: “El CNE es competente para investigar violaciones a topes de financiación de campaña, pero no para sancionar con pérdida del cargo al Presidente. Tiene la facultad de imponer sanciones administrativas a las que haya lugar contra el ganador de la campaña”.
Ese concepto del Consejo de Estado se produjo porque el 5 de junio de 2024, el triunvirato de congresistas de la Comisión de Acusación de la Cámara que investigan a Petro (Gloria Arizabaleta, Alirio Uribe y Wilmer Carrillo, cercanos a la Casa de Nariño) le pidieron al CNE la investigación de Petro y exigieron su competencia.
Aun así, el presidente sigue convencido de que a él solo lo investiga la Comisión de Acusación que, contrario al CNE, avanza a paso lento en el esclarecimiento de la financiación irregular de la campaña de 2022.
Petro instauró la demanda ante el Consejo de Estado, pese a que la sala de consulta ya le reconoció las facultades al CNE, una respuesta que se demoró dos meses en producirse y que congeló la votación durante 60 días. Como es usual, la defensa del presidente insistirá otra vez para que los magistrados del CNE no voten el pliego de cargos hasta que se conozca el fallo de la demanda.
Pero la estrategia de dilación viene desde el 8 de mayo de 2024, cuando llegó al CNE el proyecto de pliego de cargos. La bancada de Senado y Cámara del Pacto Histórico recusó al magistrado Álvaro Hernán Prada porque hace parte del Centro Democrático, un partido de oposición al presidente. Hablaron de “conflicto de intereses” y una “animadversión”.
La sala plena del CNE duró un mes para resolver y el 5 de junio la recusación fue negada. El magistrado Prada, apenas empezó a investigar al líder del Pacto Histórico, se declaró impedido, pero sus compañeros no le aceptaron el impedimento.
A este coctel de aplazamientos se suma la solicitud de la magistrada Alba Lucía Velásquez, cercana al Pacto Histórico, el 16 de septiembre de 2024, cuando pidió el expediente de Petro y su campaña porque había estado dos semanas incapacitada.
El tiempo sigue pasando y la estrategia del presidente, su defensa, el Pacto Histórico y los magistrados aliados al petrismo en CNE, es acercarse a junio de 2025 y dejar caducar una investigación que, según los registros contables, las pruebas testimoniales y documentales, es difícil de controvertir.