La Comisión Primera de la Cámara de Representantes le dio el aval a un proyecto de reforma constitucional que propone regular el cannabis del uso adulto en todo el país y que los recursos que se generen se destinen a las regiones y municipios del país. La propuesta tuvo un amplio respaldo.
“Con 31 votos a favor y 2 en contra, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó, en primer debate, nuestro proyecto de acto legislativo para regular el cannabis y garantizar ingresos tributarios para municipios, distritos y departamentos. Oportunidad para las regiones. Regúlese ya”, afirmó el congresista Carlos Ardila, del Partido Liberal y autor de la iniciativa.
Los únicos congresistas que se opusieron a la propuesta fueron Juan Manuel Cortés, representante por Santander y Juan Daniel Peñuela del Partido Conservador.
La regulación del uso del cannabis en adultos ha sido un tema que se ha intentado varias veces en el Congreso en los últimos años. Hace un tiempo, el Legislativo aprobó la implementación de la marihuana con fines medicinales, una industria en la se está creciendo en el país. Pero el consumo regulado de esta hierba para fines recreativos es una propuesta que ha sido polémica en el Capitolio.
Sin embargo, el enfoque que está impulsando el nuevo gobierno y la aprobación de este tipo de normas en otros países parecen ser elementos que están venciendo la resistencia de algunos sectores políticos a propuestas de esta naturaleza.
A la par de esta enmienda a la Carta Política, el Congreso tramita un proyecto de ley, del representante a la Cámara por el Partido Liberal Juan Carlos Losada, el cual también habla de regulación de cannabis con fines recreativos y que también ha avanzado en el Capitolio. Esta iniciativa ayudó a que algunos congresistas indecisos avalaran este proyecto de acto legislativo.
Una decisión que también impulsó la iniciativa de reforma constitucional fue la incorporación de una disposición para que los recursos generados con el cannabis recreativo vayan a las regiones.
Algunos miembros del Centro Democrático, por ejemplo, que se oponen a esa posibilidad de regular el cannabis, decidieron aprobar este proyecto para esta razón. El representante Hernán Cadavid, de esta colectividad, le dijo a SEMANA que aunque no apoya el consumo de cannabis en el país, votó positivamente para que esos recursos se distribuyan de esa forma.
“Volvieron con un proyecto que le incorpora esa adición: que si llega a haber recaudo de impuestos se destinen a las regiones o a los entes territoriales. Entonces lo que dijimos es, bueno, si eso ya está aprobado, lo de cannabis ya pasó, la novedad era que se destinaría el recurso en caso de un eventual recaudo a los entes territoriales”, afirmó Cadavid.
Por su parte, Ardila aseguró que si bien se discutió un tema de destinación de recursos, de aprobarse su proyecto de acto legislativo también abriría la puerta a que se regule la cannabis de uso adulto. En el articulado se habla de eliminar la prohibición establecida en el artículo 49 de la Constitución Política.
“Propongo un segundo punto y es un amparo constitucional para que el recaudo que provenga de cannabis recreativo se destine única y exclusivamente a municipios, distritos y departamentos”, aseguró Ardila.
Eso quiere decir que el proyecto de enmienda constitucional, además de regular el cannabis de uso adulto en el país, como lo propone el proyecto de ley de Lozada que ya fue aprobado en primer debate, crea una protección constitucional para que esos recursos vayan exclusivamente a los municipios y regiones del país.
Los recursos solo se podrían destinar a seguridad, salud y agricultura. Cabe aclarar que, además del ajuste a la Constitución que se haría para permitir la regulación del cannabis de uso adulto, se tendría que tramitar otra ley posteriormente para establecer esos impuestos para las regiones. “Los impuestos se crean vía ley de la República”, aclaró el representante Ardila, también del Partido Liberal.
Hasta ahora tanto el de Lozada y el de Ardila avanzan en el Congreso y aunque no se descarta que continúen su rumbo cada uno por separado, también cabe la posibilidad de que en determinado momento decidan unir esfuerzos y juntar ambas propuestas. De hecho, Ardila recogió todas las proposiciones que se habían hecho en la discusión de Lozada y quedaron consignadas en su propuesta.
Al ser un proyecto de acto legislativo, es decir que modifica la Constitución, necesita de ocho debates para ser aprobado.
Esta vez, a diferencia de legislaturas pasadas, la propuesta cuenta con una amplia mayoría, a pesar de que sigue siendo un tema que le preocupa a un gran sector de la ciudadanía.