El presidente Petro llegó al poder con la promesa de frenar el asesinato de líderes sociales. Pero la realidad es diferente y peor: no solo los siguen matando, sino que las masacres de esa población aumentaron en comparación con el gobierno de Iván Duque. A esa conclusión se llega luego de revisar la más reciente radiografía sobre el tema que publicó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Mientras en los dos primeros años de Duque hubo 110 masacres, con 447 víctimas, en el mismo periodo de Petro se contabilizaron 167 con 554 víctimas. ¿Qué está pasando y por qué no se han podido erradicar esos hechos de violencia? A pesar de que el presidente Petro ha hablado desde el primer día de la ‘paz total’, esa idea parece cada vez más lejana. Los grupos criminales han ganado terreno.
Según Jorge Castellanos, investigador de Indepaz, las masacres y asesinatos de líderes sociales se siguen presentando porque en muchas ocasiones estas personas son quienes impiden que los grupos criminales desarrollen sus actividades ilícitas en los territorios.
“Les hacen daño al narcotráfico y a esos grupos que están en disputa, que todavía no quieren la ‘paz total’. Entonces, ven a esas comunidades y a sus líderes como un obstáculo para seguir controlando territorios y por eso los asesinan”, afirmó Castellanos.
Además de las estructuras armadas ilegales, que en su mayoría son derivados del paramilitarismo y el narcotráfico, están las guerrillas que hoy han perdido su papel insurgente, como ha sucedido con las disidencias de las Farc o el mismo ELN, que arremete en contra de la población civil porque la ve como un “obstáculo”.
“Perdieron su horizonte político. Esa gente no tiene una perspectiva de lucha por los derechos y la libertad, una sociedad más justa. Están pensando en ellos y sus negocios y por eso cometen semejantes crímenes”, aseguró el investigador de Indepaz.
A pesar de esos crímenes, el presidente Petro ha insistido en negociar con varias de esas estructuras y hasta en decretar ceses al fuego que se han incumplido. Hay quienes consideran que esto ha ayudado a que los criminales se expandan y afiancen su poder en distintas regiones del país.
Para el abogado David Enrique Melo, que ha representado a víctimas del conflicto en Putumayo, Caquetá, Cauca, Nariño y Amazonas –la denominada “Colombia profunda” por los líderes del Pacto Histórico–, la situación de orden público en el país cambió estructuralmente luego de la firma del acuerdo de paz con las Farc de Juan Manuel Santos, ya que no se acabó la guerra, como lo prometió el exmandatario, sino que se transformó y generó una diversificación de estructuras en el territorio, generando más violencia.
“Hay unas políticas que se vienen presentando después del acuerdo de paz, una firma que no se pudo establecer realmente como se dio en La Habana. Desde 2016 se reconfiguró el conflicto y se empezó a tener un control territorial para financiar de manera sistemática las formas de lucha”, aseguró Melo.
El abogado también está de acuerdo en que estas estructuras armadas son ahora principalmente narcotraficantes o grupos residuales de paramilitares, o guerrillas divididas de las Farc que se financian con negocios ilegales.
Eso, según Melo, es lo que ha derivado en los asesinatos colectivos, especialmente de campesinos que quedan en la mitad del conflicto armado y que terminan siendo esas víctimas mortales que se cuentan por cientos, especialmente en zonas en donde muchas veces las Fuerzas Armadas no pueden llegar, incluso, por las mismas decisiones del Gobierno o porque se frenan los operativos militares desde los altos mandos.
“La responsabilidad de estas muertes selectivas también es del Estado”, aseguró Melo. El abogado afirma que muchas de esas masacres y asesinatos de líderes sociales se efectúan cuando estas personas se niegan a contribuir a los intereses de esos grupos, bien sea dándoles algún beneficio, ayudándolos en medio de la guerra o negándose a ingresar a sus filas.
Los principales grupos que están perpetrando las masacres de líderes sociales en Colombia son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidos como Clan del Golfo, el ELN, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central con su división, principalmente.
Petro ha negociado con varias de estas estructuras, sin éxito. Por un lado, con el ELN, la mesa se encuentra en una crisis que está a punto de propiciar que fracasen las negociaciones. El Gobierno Petro sostiene diálogos con el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, y algunos cuestionan que ese proceso los estaría fortaleciendo y no tiene un rumbo claro.
Por ejemplo, generó indignación que el Ejército encontrara una caravana llena de disidentes con dinero en efectivo y otros elementos en camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) cuando múltiples líderes sociales están haciendo fila y han reclamado un esquema de seguridad en sus comunidades porque ya los han amenazado previamente. En cambio, el país ve cómo la Fiscalía, a cargo de Luz Adriana Camargo, suspendió las órdenes de captura en contra de Orozman Orlando Ostén, alias Rodrigo Flechas, lugarteniente de alias Chiquito Malo, y de Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey, cabecilla de las disidencias de las Farc.
En entrevista con SEMANA, Andrey reconoció que no es sencillo lograr la paz. “No podemos generar expectativas. Si decimos que es posible, las comunidades van a pensar que es posible llegar a un acuerdo, aun con todas las dificultades que hay en los territorios. Plantearnos un tiempo para construir la paz sería una irresponsabilidad de parte nuestra”.
El problema es que a Petro ya le quedan menos de dos años en el poder y la paz total sigue siendo una idea ambigua que ni los propios criminales están cumpliendo, a pesar de la condescendencia del Gobierno. Mientras tanto, en los territorios continúan el narcotráfico, las extorsiones, los secuestros y, por supuesto, la masacre de líderes sociales. “La tiene muy difícil el presidente en menos de dos años”, considera Melo.
¿Cómo lograr salir de este círculo de violencia y que dejen de matar líderes sociales? Una vez llegó al poder, el petrismo y sus seguidores se dieron cuenta de que no solo se trataba de decir en redes sociales “nos están matando”, sino que es un problema más complejo.
Para Castellanos, colaborador de Indepaz, sí se debería negociar y buscar que estas estructuras armadas dejen de delinquir, sin embargo, no se puede ser condescendiente con quienes supuestamente negocian con el Gobierno, pero siguen cometiendo crímenes, como asesinar a líderes sociales y perpetuar masacres.
“Están abusando de la buena voluntad del Gobierno de Petro, en términos de crear condiciones y mesas de trabajo, de parar la guerra y silenciar fusiles, de generar condiciones de garantías especialmente para la población civil. Están violando todos esos principios de acuerdo y hay una zozobra total”, aseguró Castellanos.
El investigador agrega que el problema es que tanto la sociedad como el mismo Gobierno están viendo que realmente no hay voluntad de paz de varios de estos grupos.
Expertos consideran que para frenar las masacres en el país se deben atender los llamados de la comunidad internacional; de lo contrario, se deberán levantar las mesas de negociación y buscar la manera de generar una acción coercitiva a través de las fuerzas militares con el objetivo de garantizar la seguridad a la población civil.
Lo triste hoy es que los activistas petristas, entre ellos cantantes y actores, que lamentaban el asesinato de líderes sociales bajo el gobierno Duque, ahora callan ante esos mismos crímenes que ocurren durante la gestión de Petro. Y, como se ve en las estadísticas, el problema no solo no se erradicó, como prometió el hoy presidente en campaña, sino que se agravó.