La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tomó en las últimas horas la decisión de ordenar el archivo del proceso que se había abierto contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien era investigado por presuntas irregularidades en la contratación de empleadas domésticas supuestamente designadas a su vivienda.
Según la acusación, el Fiscal habría usado recursos públicos, específicamente del presupuesto de la Fiscalía, para pagar los servicios de sus empleadas domésticas. Así lo denunció la Red de Veedurías Ciudadanas, en cabeza del abogado Pablo Bustos, entidad que advirtió que las dos trabajadoras de servicios generales tendrían contrato con la empresa Unión Temporal SOLOASEO- EMINSER.
Es decir, según el denunciante, se habría utilizado personal de servicios generales cuyo sueldo es pagado por el presupuesto de la Fiscalía, para labores domésticas en la residencia del Fiscal.
No obstante, la Comisión de Acusación determinó luego de las pesquisas del caso que no se usaron recursos públicos para el pago de estas empleadas en la casa de Barbosa.
Uno de los elementos que tuvo en cuenta la célula legislativa es que, según reposa en el expediente, la jefe del Departamento de Construcciones y Sedes de la Fiscalía, Sandra Méndez aseguró que: “la prestación del servicio de aseo y cafetería no incluyen en ningún caso la prestación del servicio en la residencia del señor fiscal general de la nación y por tanto, esta supervisión no ha autorizado ningún pago con recursos públicos con este concepto”.
Es decir, se certifica que, según Méndez, la prestación del servicio de aseo contratada por la Fiscalía no incluye que la prestación de este servicio en la casa del fiscal Barbosa.
“Como se puede ver, en la constancia emitida por parte el área encargada, en ningún momento se ha autorizado un pago con recursos públicos de la entidad por el concepto de servicio de aseo y cafetería asignados a la vivienda del Fiscal General de la Nación”, indica el auto emitido por la Comisión de Acusación, conocido por SEMANA.
Igualmente, la célula legislativa consideró que “partiendo de que no se destinaron recursos del Estado para los hechos denunciados, es plausible concluir que no existe evidencia alguna que indique que, de manera irregular, se hayan destinado bienes o recursos del Estado para contrariar el normal funcionamiento de la administración pública”.
Este certificado, que indica que no se hicieron pagos con recursos de la Fiscalía para empleadas en la casa de Barbosa, según los representantes investigadores, tiene “presunción de legalidad”, al haber sido expedido por una autoridad competente.
Así mismo, se señala que las operarias, al parecer, decidieron trabajar por su cuenta y que el ente investigador “no tiene conocimiento de las actividades o servicios que las mismas puedan realizar en su tiempo libre en el ejercicio de la autonomía de su voluntad”.
Igualmente, la Comisión de Acusación señala que el 3 de marzo y el 11 de mayo de este año Pablo Bustos fue citado a ampliar la denuncia, pero no se presentó en ninguno de los dos casos, por lo que no se tenían más pruebas más allá de publicaciones hechas por medios de comunicación.
De esta manera, se toma la decisión de archivar el proceso. No obstante, la Comisión señala que se puede reabrir el proceso en caso de encontrar nuevos elementos.