A menos de nueve meses de las elecciones locales, algunas congresistas han denunciado actos de supuesta violencia política contra la mujer y han exigido acciones del Gobierno nacional para controlar estas presuntas agresiones.
El caso más reciente se dio con la dura arremetida de la representante a la Cámara por el Movimiento Dignidad, Jennifer Pedraza, contra el excongresista Germán Navas Talero, quien ha tenido algunas expresiones contra ella y contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
Según Pedraza, “Colombia no puede seguir guardando silencio frente a la violencia política de la que muchas mujeres hoy somos víctimas, especialmente por parte del exrepresentante a la Cámara Germán Navas Talero, quien hoy ostenta uno de los cargos directivos en uno de los partidos de gobierno”. La congresista se refiere al Polo, colectividad de la que Navas ha hecho parte en los últimos años.
La representante a la Cámara, incluso, le pidió al gobierno del presidente Gustavo Petro, “que se eligió con la bandera, que el cambio era con las mujeres, que no nombre a este señor en la embajada de Suecia”, haciendo alusión a varias especulaciones que han surgido al respecto.
Pero Pedraza fue más allá y le pidió a la administración de Petro que, ante las expresiones de políticos como Navas Talero, “rompa el silencio cómplice” y salga en defensa de las mujeres que presuntamente estarían siendo víctimas de violencia política, en momentos en que arranca la campaña para elegir alcaldes, gobernadores, concejales y diputados a las asambleas departamentales.
“Nada más en lo que va del 2023 ya ha habido más de 13 feminicidios en Colombia. Necesitamos un gobierno que rompa ese silencio, se ponga del lado de las víctimas y cree un contexto favorable para la denuncia, no un gobierno que siga callando de manera cómplice frente a este tipo de violencias contra nosotras”, reclamó la congresista.
Pedraza ya había recibido una dura mención del exrepresentante Navas Talero, hace algunas semanas, cuando la llamó “vendedora de bazar de pueblo” por sus reparos a que el académico Víctor de Currea-Lugo fuera nombrado embajador del Gobierno Petro, designación que, al final, terminó declinando el propio De Currea-Lugo.
Y la alcaldesa López, quien habría sido la directamente aludida por algunos comentarios en redes sociales por parte del excongresista, respondió: “Ese es el sueño de todo misógino machista: que a las mujeres nos amenacen con el manido “me hace caso o le quito la plata” y nos callemos sumisas por temor. ¡Olvídense! Ese tiempo ya pasó! #ElCambioEsImaparable, y las mujeres autónomas y libres”, manifestó la mandataria local en su cuenta de Twitter.
Otros casos recientes
Hace algunos días SEMANA publicó otro caso de supuesta violencia política contra la mujer que sucedió en el Concejo de Florencia (Caquetá) y que fue rechazado por congresistas como Andrea Padilla, de la Coalición Centro Esperanza-Alianza Verde, y María José Pizarro, del Pacto Histórico, entre otras.
En medio de una sesión del cabildo de la capital del Caquetá, el concejal Jovanny Vásquez, elegido a nombre del partido Alianza Verde, acusó a su compañera del Partido Liberal, Heidy Cerquera Ángel, de tener un “problema de dependencia de las drogas” y de haberse “encaprichado” con él.
Varias mujeres políticas salieron a rechazar el hecho y pidieron investigaciones dentro de los verdes contra el concejal por la presunta agresión contra la concejal.
Ante esta clase de comportamientos, el Congreso tramita un proyecto de ley para combatir la violencia política contra la mujer y cuyo espíritu es que más mujeres participen en las elecciones.
Según la senadora por el Partido Conservador Nadia Blel, autora de la iniciativa, “hay varias clases de violencia política. Hay de forma psicológica, de manera física o en el terreno matrimonial. Por ejemplo, los ataques en redes sociales que, en el caso de las mujeres, son más agresivos y a veces tocan familiares y son muy personales”.
“También cuando a las mujeres, en el interior de sus partidos, se les limita no solo la participación, sino el acceso a recursos o al financiamiento de sus campañas. Y casos más graves cuando hablamos de violencia física, asesinatos, atentados o violencia sexual a la que a veces son sometidas algunas mujeres que deciden participar en política”, afirmó la congresista.
Según ella, “buscamos que se restablezcan los derechos cuando hay violaciones. Si no se les permite el acceso a financiamiento, que se coordine ese tema. También está todo el tema de retractación en la misma magnitud en cómo fue la agresión. Además, hay acompañamiento legal, psicológico, técnico a estas mujeres que se consideran víctimas. Por parte del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, se deberá prohibir o retirar toda propaganda política que atente contra la mujer y el candidato deberá asumir el costo de la nueva propaganda política”.
La idea es que la iniciativa esté aprobada en junio de este año y, de ser así, frenar las agresiones de las que dicen ser víctimas algunas de las mujeres que se dedican a la política.