Si hay un asunto en el que los ciudadanos piden soluciones, pero hasta el momento las autoridades no han encontrado la fórmula perfecta, es el de la inseguridad. El temor ha llegado a tal punto que muchos no tienen más opción que echarse la bendición antes de salir porque no saben si van a ser víctimas de un hecho que atente contra su tranquilidad en las calles.
Solo en Bogotá, según estadísticas de la secretaría de seguridad, en promedio se roban 160 celulares al día y siete cada hora. La inseguridad está desbordada.
Para tratar de combatir la delincuencia y sobre todo delitos como el hurto, que es uno de los de mayor impacto en los ciudadanos, el senador de Alianza Verde Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jotape Hernández, radicó ante el Congreso un proyecto de ley que aumenta las penas para delitos relacionados con la inseguridad ciudadana.
La iniciativa señala, por ejemplo, que el hurto pasará de tener una pena máxima de 108 meses de prisión a 124 meses, es decir se elevan las penas en 16 meses.
Otro de los delitos que verían un aumento en las penas es el hurto calificado, es decir aquel que se comete con violencia sobre la víctima o poniéndola en estado de indefensión. En este caso la pena máxima pasará de 12 a 13 años de prisión.
Un elemento clave del proyecto es que señala de manera explícita que el robo de celulares, tablets o computadores estará consagrado dentro del hurto calificado, lo que implica que quienes roben uno de estos dispositivos podría tener una pena de hasta 13 años de cárcel. Actualmente las penas para estas conductas no superan los cuatro años y en algunos casos resulta incluso excarcelable.
El proyecto también señala que quien posea, adquiera, convierta o transfiera celulares o computadores robados se enfrentará a una pena de hasta 13 años de cárcel y una multa de 700 salarios mínimos.
El proyecto está pendiente para ser discutido a partir del próximo 16 de marzo, cuando inician las sesiones ordinarias del Congreso. No obstante, hay dudas sobre el futuro que pueda tener esta iniciativa, pues el Gobierno ya radicó otra iniciativa que va en el sentido contrario, se disminuyen años de cárcel para algunas conductas.
Se trata del proyecto de Ley 336 “por el cual se humaniza la política criminal y penitenciaria para contribuir a la superación del estado de cosas institucional y se dictan otras disposiciones”.
Este documento, de 44 páginas, busca cambiar los años de privación de la libertad en algunas condiciones, elimina algunos delitos y busca la resocialización de los presos.
Uno de los puntos que generara discusión entre los parlamentarios es el que contempla que en los eventos de concurso o acumulación jurídica de penas, es decir, cuando se junten penas por varios delitos, la pena privativa de la libertad no podrá exceder los 50 años, ya que actualmente es de 60. Esto fue confirmado por el ministro Osuna.
La iniciativa también habla, por ejemplo, de eliminar el delito de injuria y calumnia y deja solamente la injuria por vía de hecho, es decir cuando se atente contra la integridad física o haya ataques verbales. Igualmente elimina el delito de incesto del Código Penal.
En el caso de las protestas y hechos de vandalismo hay otras polémicas porque busca eliminar el concierto para delinquir de situaciones de protesta, tanto en la modalidad simple como agravada. Tampoco se contempla el terrorismo en estos casos.
“En ningún momento se entenderá que las conductas que se desarrollan en el marco de la protesta social pacífica, el ejercicio de la libertad de la reunión, asociación o manifestación, pueden dar lugar a la configuración del delito de terrorismo”, se propone en la iniciativa.
El proyecto del Ministerio de Justicia tiene un enfoque de resocialización de los privados de la libertad. Se habla de que en los centros penitenciarios se deberá garantizar la dignidad humana, las garantías constitucionales y los derechos humanos.