La reforma a la salud aprobada por la Cámara de Representantes cambia por completo los pilares que han regido en el sistema de salud vigente en Colombia desde el fin del Seguro Social. El proyecto de ley está pendiente de dos debates en el Senado y de un sinnúmero de demandas ante la Corte Constitucional, pero desde ya tiene a los colombianos calculando qué maromas tendrán que hacer para ir al médico ante lo que parece ser su inminente aprobación. El texto que avaló la Cámara con aplastantes mayorías, que aprobaron cada uno de sus artículos con un promedio de 90 votos a favor, elimina del sistema a las entidades prestadoras del servicio de salud (EPS) porque acaba con su rol de aseguradoras.
Al quitarles la responsabilidad del aseguramiento en salud se terminan esas entidades para dar paso a la creación de las Gestoras de Salud y Vida. Y ese no es el único paso para ponerle punto final al formato de aseguramiento, pues también se arrancó de raíz la Unidad de Pago por Capitación (la UPC) que aportaba el Estado por cada paciente para facultar giros directos a la Adres, que terminó siendo un actor público superpoderoso del sistema porque administra todos los dineros.
Con el cambio de las EPS a Gestoras de Salud y Vida también se les modifican sus funciones: las tareas que hacían quedarán en manos de entidades gubernamentales, diluyendo las responsabilidades de atender a los pacientes en varios actores.
No se sabe de qué plata van a poder subsistir las ahora Gestoras, pues solo les va a pagar una remuneración equivalente al 5 por ciento de carácter fijo y el 3 por ciento más variable, por lo que los críticos del texto temen que las EPS no quieran convertirse en Gestoras de Salud y Vida: el modelo podría ser insostenible para ellas.
La reforma a la salud crea Centros de Atención Primaria en Salud, lugares que deberán estar cercanos a las casas para que los usuarios tengan un lugar de atención de fácil acceso. Los pacientes deberán asistir a esos lugares esperando que los remitan a instituciones de segunda y tercera complejidad en los casos que sean más graves.
Las funciones de la Adres también fueron ajustadas y se modificó el esquema de compras. Justo en ese punto de la Adres el documento quedó con todo un orangután porque el 85 por ciento de las facturas que esta pague no tendrán auditoría. En plata blanca: se estarán moviendo los recursos del Estado sin quién revise qué se hace con ellos.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, logró salirse con la suya hasta en puntos en los que el presidente Gustavo Petro había prometido ceder, pues el texto que pasó al Senado quedó sin la exigencia de la aplicación de un concurso de méritos para elegir a los directores de hospitales. Mejor dicho, por ahora los alcaldes y gobernadores podrían elegir a dedo quiénes ocuparán esos cargos. Y la cereza del pastel: se estatiza el aseguramiento en salud porque el artículo 2 excluye a las entidades privadas y mixtas del sistema.
En manos de la corte
Si el texto llega a ser aprobado por el Senado, se espera una cascada de demandas en contra de varios puntos de la iniciativa ante la Corte Constitucional. Mediante una queja por inconstitucionalidad, se solicitarían medidas cautelares para que los magistrados evalúen la posibilidad de suspender la vigencia de la ley, si consideran que se está poniendo en riesgo un derecho fundamental, como ya le ha sucedido a Petro con otros proyectos.
El representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, ha sido uno de los que más han denunciado varios de los vicios de trámite del proyecto durante los dos debates. El principal es que debió tramitarse como ley estatutaria. “Va a ser uno de los puntos que demandemos”, le confirmó el congresista a SEMANA. “Para nosotros esta reforma está viciada desde su radicación”, agregó Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, a esta revista.
Forero aseguró que esas supuestas irregularidades se han dado desde el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde inició el trámite de la discusión. Dice que el entonces presidente de esa corporación, Agmeth Escaf, cometió varios errores que podrían llevar a que la Corte tumbe artículos del proyecto.
“El presidente Escaf pasó por encima de proposiciones no estudiadas aún por la Cámara, no las leía, es decir, las ‘no avaladas’. Sencillamente las hacía votar”, aseguró el congresista del uribismo. Es decir, puso a la Comisión a votar asuntos de los que se desconocía su contenido. Un punto clave es lo que sucedió con la enmienda que se tramitó en la que, según Forero, los coordinadores habrían pecado porque presentaron un texto distinto a la ponencia, lo que generó una confusión.
Igualmente, señala que hubo artículos que fueron leídos por el secretario de la comisión y que posteriormente se votaron y que no coincidían fielmente con el texto. Eso también se demandará. Precisamente, Forero reclama que en toda la discusión en la Cámara no hubo claridad en lo que se estaba votando y que los tiempos para debatir los artículos en algunos casos tampoco fueron suficientes. La queja es que, según él, la Corte ha establecido que las minorías deben tener garantías en el debate, ya que las mayorías tienen la ventaja de la votación. “Fueron muy pocas las intervenciones que escuchamos argumentando técnica y científicamente la reforma”, agregó Arbeláez, quien hizo el mismo reclamo.
Uno de los artículos más sensibles en medio del debate fue el 69, que le da facultades a la Adres que hoy cumplen las EPS, y que no habría tenido suficiente debate. “Estoy seguro de que ese artículo se cae en la Corte”, afirmó Forero.
El congresista del Centro Democrático también reclama porque se votaron bloques de artículos, incluso, algunos que no tenían una unidad temática. En la plenaria de la Cámara no aceptaron votar y discutir de manera independiente varios de ellos. Forero responsabilizó por ese hecho directamente al presidente de la Cámara, Andrés Calle. Incluso, dice que él se había comprometido a eso. Arbeláez también cuestionó a Calle porque no habría tramitado correctamente las recusaciones presentadas contra algunos congresistas.
Una de las últimas discusiones que se dio antes de aprobar el proyecto en segundo debate es que no se hizo consulta previa a las comunidades protegidas. Esto sería otro vicio de trámite que estudiará la Corte. “Es una consulta posterior. Se tuvo que haber hecho antes de radicar el proyecto”, reclamó Arbeláez.
Un tema adicional será la falta de presentación del impacto fiscal del Ministerio de Hacienda. Aunque se radicó un documento, los congresistas consideran que se votó casi el 60 por ciento de los artículos sin ese requisito y que lo presentado no era lo que esperaban. “No es un aval fiscal”, reclamó Forero.
El proyecto ahora está en manos del Senado, que deberá decidir si aprueba, modifica o hunde la polémica reforma, que promete hacerle un cambio radical al sistema de salud de los colombianos. Si llega a ser respaldada por la mayoría, la Corte Constitucional tendrá que estudiar si hubo irregularidades en el trámite.