Si hay alguien que, eventualmente, podría responder judicial y administrativamente por las presuntas irregularidades en la campaña de Gustavo Petro es Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol. Roa fue el gerente de la campaña del candidato del Pacto Histórico.
Él es hermético y no habla con la prensa. Y menos del escándalo que atormenta su paso por la empresa petrolera más importante del país y que podría dejarlo por fuera en caso de un fallo judicial o administrativo en su contra.
SEMANA conoció su versión libre ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), el 5 de marzo de 2023. Con nervios, Roa narró detalles de su papel como gerente de la campaña. Intentó señalar a otros integrantes del anillo más cercano, habló de inversionistas y reconoció los nexos de la controvertida empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi S. A. S.) con la candidatura petrista. Esta empresa habría puesto a disposición del hoy presidente un avión para sus desplazamientos.
Roa, de brazos cruzados e inclinado hacia el micrófono, comenzó hablando de sus funciones en la gerencia. “Lo primero que hice fue estudiar la normativa. Estructuré un comité de campaña para los elementos de decisión, conformado por un director jurídico, el auditor del candidato, la tesorera, el contador público que falleció y quien estuvo encargado del reporte a Cuentas Claras, una persona de compras y alguien que articuló la agenda de candidato con la campaña”, explicó.
El presidente de Ecopetrol contó que la campaña tuvo tres fuentes de ingresos: “Una financiación con la Cooperativa Confiar, otra con el Banco Sudameris y un proveedor del servicio de transporte aéreo del candidato; estas fueron las fuentes de financiación en la consulta presidencial”.
En la primera vuelta, añadió Roa, entraron otros dos bancos del Grupo Aval a financiar, además de la cooperativa Coofinep. Dijo que una de sus principales preocupaciones fue el reporte de los ingresos y gastos de la contienda. “Monitoreaba permanentemente el nivel de ejecución y la actualización de los ingresos en la cuenta de la campaña, tanto la ejecución y el reporte a Cuentas Claras. Traté de ser muy disciplinado de que se hiciera en línea y en caliente a la plataforma de Cuentas Claras. El auditor nos exigía que reportáramos casi en caliente y a diario la información”, expresó.
Aunque Roa habló de transparencia en los reportes, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, del CNE, en el pliego de cargos que le formularon a la campaña presidencial, encontraron que la campaña sobrepasó los topes en 5.355 millones de pesos, de los cuales 3.709 millones no se informaron en la primera vuelta y otros 1.645 millones en la segunda.
Roa, por ejemplo, no reportó los 600 millones de pesos que le prestó al Pacto Histórico en la campaña presidencial. En agosto de 2023, en una reunión de la Colombia Humana en Bogotá, los directivos del movimiento hablaron de la necesidad de pagar esa deuda a favor del presidente de Ecopetrol. Varios líderes del partido quedaron perplejos porque no conocían de dicho préstamo.
Si el exgerente de la campaña presidencial reportó todos los movimientos presupuestales en línea, ¿qué pasó con los ingresos y gastos no registrados? ¿Por qué no reportó su préstamo al Pacto Histórico? ¿Quién responde?
“En cuanto a gastos, eran grandes contratos, fui juicioso en estructurar unos montos para cada actividad: la publicidad, la logística de despliegue en territorio, el material para la creación, producción, diseño y fabricación de las piezas. Lógicamente, hay tres o cuatro elementos que comportaron grandes volúmenes de contratos: la impresión de los periódicos con las casas editoriales, la pauta publicitaria, el servicio de seguridad y vigilancia, y transporte del candidato por medio aéreo que incorporó el contratista. Olvidé decir que recibimos financiación de un grupo de comunicación muy grande en el país, todo esto contra reposición de votos”, dijo Roa.
“La única persona responsable de gestionar, administrar, de firmar los contratos relacionados con los créditos de financiación y la ejecución para la gerencia de la campaña era yo, y ninguna otra persona en el país estuvo encargada de esas funciones. Eso se hizo públicamente. Tratamos de proteger los ingresos y egresos de la campaña”, aclaró.
Minutos más adelante, Roa, quien se dedicó a hablar sin ser interrumpido, nombró la fuente de financiación de la consulta presidencial y ahí mencionó a Sadi S. A. S.
“Confiar, Sudameris y la compañía Sadi, que prestó el servicio de transporte aéreo del candidato, fueron los tres mecanismos de financiación. En todos se hicieron los registros de los contratos y eran pagos con reposición o pignoración –creo que es la figura jurídica– de votos en favor de estas tres empresas”, dijo.
La Sociedad Aérea de Ibagué mencionada por Roa es controvertida, pues Carlos Eduardo Restrepo, su entonces representante legal –incluso se especuló que era el dueño–, se entregó a la Justicia de Estados Unidos y está preso por narcotráfico.
Ómar Hernández, capturado porque fue uno de los cerebros detrás de la moneda daily, manejada por la firma Daily Cop, que estafó a centenares de colombianos, le contó a SEMANA que su cuestionada empresa puso a disposición de la campaña presidencial de Gustavo Petro un avión de la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi S. A. S.).
“La campaña presidencial se benefició de esta gran estafa que ha afectado a la sociedad colombiana”, aseguró Hernández. Esa versión la ratificó en el CNE y la Fiscalía. Roa se reunió con Ómar Hernández y Sebastián Betancourt, dueño de Daily Cop, en febrero de 2022, en una panadería en el norte de Bogotá, donde pactaron la disposición de la aeronave de matrícula HK5328 para la campaña presidencial, según la versión de Hernández. En mayo de 2023, en la versión libre en el CNE, Roa no se refirió a ese tema.
SEMANA conoció que el avión cubrió la ruta Bogotá-Puerto Asís el 13 de mayo de 2022 a las doce del día. La solicitud de vuelo la hizo Laura Sarabia, entonces asistente de Armando Benedetti. Volaron Alfonso Prada, hoy embajador de Colombia en Francia; la senadora María José Pizarro, la representante Katherine Miranda, además de María Ahumad, Guillermo García, Hernán Peña y Fabio Herreño.
El 23 de mayo de 2022, siete días antes de la primera vuelta presidencial, el avión prestó otro servicio a la campaña Petro. Viajaron seis personas de Bogotá a Cali: Gustavo Petro; el actual embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti; el coronel Carlos Feria, imputado por la Fiscalía a causa del escándalo de Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia; Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, Miguel Samper y Saulo Camargo.
La campaña Petro Presidente reportó en gastos de transporte en la segunda vuelta 799.654.229 millones a la Sociedad Aérea de Ibagué. En la primera vuelta no aparecen registros. Sin embargo, Ómar Hernández dice que tiene pruebas que confirman que, al contrario, el avión lo financió la criptomoneda Daily Cop.
En el CNE, Roa también precisó: “Nos sobró plata de la que recibimos de las fuentes de financiación y, lógicamente, fue retornado a la Cooperativa Confiar. Le devolvimos, si mal no recuerdo, unos 3.800 millones de pesos. No recuerdo los montos con exactitud, creo que habíamos definido como 8.500 millones como cupo para gastos de la campaña. Creo que nos habían prestado 7.000 millones y les devolvimos casi 3.700 millones”.
Confiar es la entidad comercial que el 12 de marzo de 2024 amenazó con embargar a los partidos Colombia Humana y el ADA, pues le debían 900 millones de la campaña al Senado. SEMANA tiene el documento en el que ambas casas políticas fueron notificadas.
Roa también contó que la campaña fue asesorada por Guillermo Reyes, exministro de Transporte; el abogado Julio César Ortiz, quien renunció sorpresivamente a la defensa de Petro en el CNE el 17 de abril de 2024, y Armando Novoa, hoy delegado del Gobierno en las negociaciones con la Segunda Marquetalia. Roa le sigue debiendo a la Justicia más de una respuesta. Entre ellas, por qué separó del manejo del dinero de la campaña a la tesorera y lo delegó en familiares de su pareja.