El Ministerio del Trabajo se está moviendo entre los 21 escaños de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes con el fin de dejar listo el ambiente político para el trámite de la reforma pensional que esta semana inicia su agenda en ese recinto.
Los equipos de la ministra Gloria Inés Ramírez llevan tres semanas de reuniones con los representantes que integran esa Comisión para socializar lo que aprobó el Senado tras casi un año de largos debates sobre ese texto, que, si no se tramita antes del 20 de junio, se hunde.
Lo particular es que esas reuniones no han sido solo sobre la reforma pensional. En esas conversaciones también se está hablando acerca de la reforma laboral porque el Gobierno está evaluando qué carta se juega en esa Comisión para las seis semanas que quedan de la agenda legislativa.
La reforma laboral apenas estaba en su trámite en primer debate, pero quedó frenada ante la negativa de casi todos los partidos de aprobar los artículos sobre negociación colectiva. El temor de los empresarios es que su contenido hiciera más difícil y costosa la producción de las empresas. Esa reticencia permanece.
La pensional, entre tanto, podrá entrar en discusión a partir de este miércoles 8 de mayo, cuando se cumplen las dos semanas de su aprobación en la plenaria del Senado.
Sobre esa están en juego varios puntos. El primero, la decisión de la presidenta de la Comisión, la liberal María Eugenia Lopera, de si agenda primero el debate de la reforma pensional o el de la laboral. El segundo, un temor que se escucha entre varios de los congresistas que son afines a la agenda del Gobierno y es que este termine presentando con mensaje de urgencia el nuevo texto de la reforma a la salud, pues temen que el Ejecutivo no está exento de cometer ese error de cálculo político de congestionar la Comisión. El tercero, y que saben que puede jugarles en contra, es que la ministra Ramírez no concilie el contenido del texto con los congresistas. En el pasado, la actitud de los equipos del Ministerio del Trabajo con los legisladores le quitó apoyo político.
Lío con el umbral
SEMANA se comunicó con una decena de los 21 representantes que forman parte de la Comisión que tiene en sus manos el futuro de la agenda del Gobierno, todos de varios partidos, quienes confirmaron que el Ministerio del Trabajo lleva tres semanas de reuniones con algunos legisladores para socializarles esas reformas. Ellos mismos confirmaron que, si bien la laboral está en el panorama, la única que tiene futuro político es la pensional, por lo que saben que es la única carta que podría jugarse el Gobierno en estos 55 días que quedan de la legislatura.
El poder está en manos de la representante Lopera, una liberal cercana a la Casa de Nariño, y al político antioqueño Julián Bedoya, quien es uno de los principales aliados del presidente Petro desde antes de que este ganara las elecciones. Cuentan, incluso, que hubo molestia entre los cuatro representantes liberales de la Comisión Séptima (Lopera, Germán Rozo, Héctor Chaparro y Hugo Archila) porque su partido apoyó la reforma en el Senado con el compromiso de que el umbral de la cotización en Colpensiones se bajaría de tres salarios mínimos a 2,3, pero después de aprobado el texto, el mismo presidente Petro le planteó a la Cámara que considere que esas cotizaciones comiencen en los cuatro salarios.
En el fondo, los legisladores saben que el presidente Petro lanzó esa propuesta con el fin de tener un factor para negociar y distraer la atención sobre la sostenibilidad fiscal del sistema pensional en ese texto, que desde ya se sabe que no es sostenible a largo plazo (como tampoco lo es el sistema actual).
Uno de los congresistas relató que la presidenta Lopera quiso darle una pausa a la determinación de comenzar el trámite de la pensional durante esta misma semana como un mensaje político ante ese cambio en el umbral; sin embargo, la representante aseguró que no tiene nada que ver el momento de la citación con lo sucedido con el umbral.
Lo claro es que este lunes habrá una reunión de los liberales de Comisión Séptima de la Cámara para definir una postura sobre la pensional porque, si en algo coinciden en sus líneas rojas, es que los que acordaron con el Gobierno dejar el umbral en 2,3 salarios mínimos fueron los del Senado y no ellos.
Cuentas de votos
Las cuentas de la Séptima van así: de los 21 escaños hay cuatro votos fijos por el no de la reforma (los dos del Centro Democrático y el otro par de escaños de Cambio Radical), por lo que la oposición es una clara minoría. Si los conservadores mantienen sus líneas azules sobre el texto, los dos asientos godos de ese recinto también irían por el no.
Por el sí están fijos los cuatro escaños del Pacto, los dos de la Alianza Verde y el escaño del Partido Comunes, dejando siete por el sí. Los demás son votos abiertos y lo más probable es que esos cuatro liberales que se muestran molestos terminen acompañando la pensional, así como los dos asientos de las curules de paz, lo que significaría que ya hay 13 votos por el sí. Es decir, son mayoría los que la aprobarían.
Hay dos asientos del Partido de la U que se muestran como indecisos. Ellos, Camilo Ávila y Víctor Manuel Salcedo, defendieron que falta que se conozcan las ponencias para sentar su posición. Para el caso del representante Salcedo, este sostuvo que se mantendrá en el mismo punto que reclamó su compañera de bancada, la senadora Norma Hurtado, en los dos debates anteriores de que el umbral de cotización en el fondo público se baje al 1,5.
La bancada de Gobierno está afanada para tramitar la pensional y hasta consideró plantear que ya haya una ponencia única sobre el texto, una idea que se desdibuja con las diferentes posturas que están haciendo fila para liderar ese debate y en las que legisladores con visiones dispares, como el representante Salcedo y la representante Alexandra Vásquez, están en el sonajero de nombres para ser ponentes.
Otro elemento que está por resolverse es el artículo que aprobó a última hora la plenaria del Senado para permitir que las comunidades campesinas tengan una pensión anticipada, idea que no estaba contemplada en el texto inicial y que incrementa los costos. En ese punto, los que se identifican como independientes u oposición no quieren ceder porque saben que desbarata aún más las ya apretadas finanzas del sistema.
Pero a todo ese coctel de movidas políticas le llegó otro ingrediente al que los legisladores le darán manejo la otra semana: las confesiones que hizo el exfuncionario de la UNGRD Sneyder Pinilla sobre el dinero en efectivo que habría entregado a los presidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, para favorecer el trámite de las reformas en el Congreso, un punto que le bajó legitimidad a la discusión que el presidente Petro tanto ha querido priorizar en el legislativo. ¿Aprobarán los representantes una reforma en medio de ese debate de sobornos? Ese será el nuevo punto de discusión.