El Gobierno nacional se prepara para ajustar la normativa sobre el ruido en el país, después de que el Congreso de la República aprobara en cuatro debates el proyecto de ley que lo obliga a endurecer la regulación sobre este tema.
A partir de esta legislación, que ya pasó cuatro debates en el Congreso, el Ministerio de Ambiente redactará una política nacional de calidad acústica con la que la Policía Nacional tendrá nuevas atribuciones para sancionar a los ciudadanos que se excedan con los niveles de ruido que tendrán, además, valores más altos.
Si bien esta cuestión compete a cada ciudad y municipio, será el Gobierno nacional el que establezca los lineamientos generales sobre el exceso de ruido y la contaminación auditiva. Una vez ese proceso se surta, todo municipio de más de 100 mil habitantes estará obligado a aplicar esa ley para sus residentes.
Es así como todas esas entidades territoriales tendrán que dotarse de una plan de gestión contra el ruido, para hacer un diagnóstico de este tema en el territorio, identificar las fuentes principales, las zonas y horarios críticos y definir estrategias para resolver los problemas ciudadanos que se documente sobre este asunto. Es decir, si bien se trata de una legislación nacional, quienes tendrán que aplicar la norma serán la Policía y las entidades territoriales.
“Este no es un problema de señoras caprichosas. Es un problema que está en todo el país y que representa 70 % de las llamadas al 123 de la Policía en toda Colombia”, comentó el representante Daniel Carvalho, detallando que las autoridades tendrán que saber responder las llamadas de los usuarios por este tema.
Esta nueva normativa tendrá en cuenta si las zonas son residenciales, comerciales o de uso mixto, mantiene la potestad de las copropiedades de interponer multas a los vecinos ruidosos y permitirá que la Policía pueda, a partir de las quejas de los ciudadanos y la percepción que tenga como la autoridad, imponer multas a quienes afecten la tranquilidad de quienes están cerca.
Esas sanciones pueden llegar a los 7 salarios mínimos mensuales para las personas naturales, según explicó el representante Carvalho, y para los establecimientos comerciales estos asuntos se dirimirán según las normativas de cada ciudad o municipio, dejando claro que la Policía tiene la potestad de sellar los locales.
El ruido puede medirse a través de sonómetros oficialmente calibrados. Si no se cuenta con ese dispositivo, cada persona puede descargar aplicaciones en sus teléfonos móviles que cumplen esa función para identificar con sus propias herramientas si el vecino está generando contaminación auditiva.
Pero no todo serán sanciones. El congresista, quien es el autor de la iniciativa, dejó claro que las primeras medidas tendrán un carácter pedagógico, como una herramienta para generar conciencia sobre la importancia de este tema en la salud de las personas.